Tal como avanzó Diario16,  el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se ha opuesto al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El Pleno del máximo órgano de Gobierno de los jueces y magistrados ha avalado este jueves un dictamen en el que concluye que la ex ministra de Justicia cumple con los requisitos legales para ocupar su puesto. La votación ha arrojado un resultado claro y rotunda, casi por goleada: 12 vocales han apoyado a Delgado y 7 han votado en su contra.

Al final no hubo “sorpresas esperadas”, como ya publicó Manuel Domínguez Moreno en su exclusiva información del pasado día 15, donde avanzó que “teniendo en cuenta la importancia de la figura de la nueva fiscal general del Estado, no se esperan sorpresas ni que el órgano rector de los jueces se oponga al nombramiento. Lo contrario sería una verdadera contradicción con la democracia y la propia justicia”.

Y así fue. La votación ha sido dura en el fondo pero respetuosa en las formas, según fuentes judiciales, aunque al final se ha impuesto la cordura, como no podía ser de otra manera. Tras cuarenta años de democracia, en los que siempre se ha seguido el mismo procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes y reglamentos, el ‘caso Delgado’ no tenía nada de especial. Estamos ante una mujer de amplia trayectoria y competencia profesional que cumplía con todos los requisitos legales para acceder a la jefatura de la Fiscalía General del Estado. Solo una feroz campaña en su contra puesta en marcha por las derechas –en el colmo del disparate Vox llegó a anunciar una querella por prevaricación contra Pedro Sánchez por esta designación– ha logrado convertir lo que era una cuestión rutinaria en algo trascendental que amenazaba la estabilidad del país. Nada más lejos.

El último montaje político urdido por Pablo Casado ha superado todos los límites del esperpento. Tratar de vender que esto era un grave atentado a la separación de poderes y al Estado de Derecho, o poco menos que un golpe a las instituciones y a la democracia, era sencillamente un descabellado despropósito. Mucho más porque en el pasado reciente hay ejemplos abundantes de que el PP también manipuló a su placer y antojo a la Fiscalía cuando lo necesitó para hacer valer sus objetivos políticos. Sin embargo, aunque el mensaje de Casado era burdo, había logrado calar en el estamento judicial. El bloque de magistrados conservadores, influido por la estrategia de la crispación de los partidos de la derecha, había llegado a asumir la campaña contra Delgado como propia y decidió llevarla a la reunión de ayer, que dicho sea de paso se antojaba tan innecesaria como fuera de todo sentido. No obstante, al final se ha impuesto la moderación y la racionalidad, dos cualidades que deberían alumbrar siempre las decisiones de los magistrados de nuestro Poder Judicial pero que en ocasiones se aparcan para clonar las guerras de trincheras, a vida o muerte, que se declaran los partidos políticos. Afortunadamente, aún queda cordura entre nuestros eminentes togados. Otra cosa es la caída libre en la que parece haber entrado el Partido Popular, que ayer conoció sus malos resultados demoscópicos según la última encuesta del CIS. El PSOE aumenta a ocho puntos su diferencia sobre los populares y eso que con la lógica en la mano los socialistas deberían acusar el desgaste por la negociación con ERC. Alguna influencia en esos datos nefastos del CIS tendrá la estrategia de giro a la derecha y de generar crispación en cualquier asunto de Estado que ha emprendido Casado en los últimos tiempos. Pero esa es otra historia que merecerá un análisis aparte.

En cualquier caso, el voto especial de los magistrados conservadores más reacios del CGPJ, cuyo contenido se conocerá en las próximas horas, ha dejado constancia, injustamente, de que Delgado no es una profesional “idónea” para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado. Y ello nos lleva de nuevo, inevitablemente, a la urgente necesidad de reformar cuantas leyes sean necesarias, incluida la Constitución si es preciso, para desterrar la infame politización en la que ha caído nuestra Administración de Justicia, mayormente en los órganos superiores como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.

No se puede decir que la votación de ayer, un auténtico auto de fe judicial contra Dolores Delgado, no tuviera su suspense. El máximo órgano de Gobierno de los jueces tardó algo más de una hora en estudiar la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, que pese a salir adelante ha evidenciado una evidente fractura en el seno de este órgano, según informa Europa Press. Fuentes presentes en el debate han filtrado que el tono de la deliberación no ha sido “demasiado agrio,” pero sí ha evidenciado que los vocales del denominado sector conservador mantienen en bloque −aunque unos hayan votado a favor y otros en contra− una postura “muy crítica” con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apostar por la ex ministra de Justicia.

Más allá de la deliberación, el informe que se emitirá, pese a que posee un carácter preceptivo, no es vinculante. En el Pleno de ayer no estuvieron presentes los 20 vocales que integran este órgano junto con Lesmes, ya que fallaron Wencesalo Francisco Olea y Vicente Guilarte, pertenecientes al sector conservador. Además, la vocal Pilar Sepúlveda, a propuesta del PSOE, y cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, finalmente intervino por videoconferencia.

Para evitar fracturar aún más el órgano de Gobierno del Poder Judicial, Lesmes decidió omitir la mención a la “idoneidad” de Delgado, “en aras a lograr el mayor consenso posible entre los vocales con independencia de que, pese a votar su propuesta, luego puedan manifestar su discrepancia en un voto particular”, tal como ocurrió finalmente, cuando algunos de los magistrados pusieron en duda esa idoneidad de Delgado.

La propuesta de Lesmes se limita a concluir que, a la vista de la documentación remitida al órgano de gobierno de los jueces, “se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Todo legal y más que legal. De modo que el temido huracán judicial quedó en brisilla marina. Y el montaje de Casado en otro azucarillo que se disuelve sin fuerza.

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