La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un acuerdo para cerrar filas ante lo que considera un ataque por parte de Unidas Podemos tras el estallido del caso Calvente, el asunto del abogado despedido que denunció irregularidades contables y una caja B en la formación morada. La Comisión Permanente, en la sesión ordinaria celebrada ayer, asegura que “quiere hacer un recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos”.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Han votado en contra los vocales Álvaro Cuesta −que ha anunciado la formulación de un voto particular−, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda. De esta manera, se hecho patente la división en el seno del CGPJ.

La defensa de Unidas Podemos remitió el pasado 5 de agosto un durísimo recurso de apelación contra la actuación del juez, publicado por La Vanguardia, en el que denuncia la “inconcreción de las diligencias, la vaguedad de las acusaciones de José Manuel Calvente y aduce causas de nulidad de todas las actuaciones”.

La defensa de la formación morada entiende que la investigación, “que parte de meras sospechas sin sustento probatorio alguno, debía haber sido archivada sin trámite”, pero, de seguir con la instrucción, el juez debería haber requerido a Podemos la documentación específica que contrastase las informaciones aportadas por Calvente, “y ya cuando obtuviera la información y base fáctica mínimamente necesaria para verificar si existe algún hecho punible que pudiera ser imputado a una persona en particular, hacer los llamamientos individualizados a las personas que pudieran ser consideradas investigadas por apreciarse esos indicios de delito. Lo contrario, como ocurre en este caso, es simplemente una investigación irregular, indeterminada, con graves perjuicios al derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, concluye. Y pide el archivo. Además, algunos cargos del partido morado se han quejado de que se haya abierto una nueva caza de brujas contra ellos, insinuando que detrás de la investigación están de nuevo las cloacas del Estado.

No es la primera vez que la actitud de Podemos enerva a la cúpula judicial. El pasado mes de abril las declaraciones de Pablo Iglesias sobre la condena que se impuso a su diputada Isa Serra tampoco sentaron bien en el Consejo General del Poder Judicial. El vicepresidente del Gobierno de coalición aseguró entonces que “mucha gente en este país piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que los corruptos se han ido muchas veces de rositas”. Tal valoración causó un “profundo malestar” en la Comisión Permanente del CGPJ: “No solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que, según él, otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia”, aseguraron entonces los magistrados. Así son las siempre difíciles y turbulentas relaciones de Podemos con el escalafón judicial.

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