El Poder Judicial: ¿Apariencia o Verdad? ¿Ética o Inmoralidad?

España es un Estado fallido, de eso no cabe ni la más menor duda. Esto ocurre porque uno de los cimientos sobre los que se sustenta cualquier democracia que se precie de llamarse así está tomado por un grupo de personas que no imparten justicia, sino que la preparan a la carta con el único fin de proteger a los poderosos de los delitos que pudieran cometer. No se trata sólo de banqueros, empresarios, editores o políticos, sino que toda la maquinaria corrupta de esta banda de elementos de la Administración de Justicia se activa en cuanto el poder siente la amenaza del imperio de la ley.

«Salvados», el programa de LaSexta, dedicó uno de sus espacios a la Justicia y ahí se pudo comprobar cómo desde el poder se hace lo que haga falta con tal de defender sus privilegios frente a los derechos de la ciudadanía. Resulta clave la parte del programa en la que Gonzo entrevista a los exjueces Castro y Torres. Lo que estas dos personas contaron de sus respectivos casos provocaría de manera inmediata una revolución de la ciudadanía y la toma del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, uno de los textos clave para entender los sistemas democráticos, afirma lo siguiente: «Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia en designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad».

Esto es aplicable perfectamente a la situación de la Justicia en España. Es el deber del Gobierno elegido democráticamente por el pueblo, sea del partido que sea, afrontar, no sólo la renovación del tercer poder con el objetivo partidista de seguir controlando los tribunales o a la Fiscalía desde los poderes legislativo y ejecutivo, sino acometer con valentía y resolución la revolución pendiente de la Transición española para evitar que los poderosos sigan contando con la protección de los tribunales en vez de sentirse controlados por el imperio de la ley. Esto está en el ADN de los sistemas democráticos, pero que en España sigue funcionando del mismo modo que durante la Edad Media donde los nobles y terratenientes eran intocables, o inviolables, que para el caso es lo mismo.

El exjuez Castro comentó las maniobras que se realizaron durante la instrucción del Caso Nóos para salvar a la Infanta Cristina de su imputación y para evitar el riesgo de que fuera condenada. Más o menos, lo mismo que está ocurriendo en la actualidad con la situación judicial del rey Juan Carlos y su patrimonio oculto en paraísos fiscales. Invitaciones a comidas con los abogados de Cristina de Borbón, en la que se le pudo haber tendido una trampa para desacreditarle, ofertas de trabajo para su hijo, con un «cheque en blanco» por delante, para que aceptara un caso que inhabilitaba a Castro para continuar con la instrucción de Nóos, maniobras de la Fiscalía para archivar la causa –cosa que sólo pudo suceder con conocimiento o por órdenes de los superiores de Pedro Horrach quien, por cierto, abandonó la Fiscalía para ser fichado por uno de los mejores bufetes de abogados del mundo–, el reconocimiento de que el fiscal trabajaba de manera conjunta con la defensa de la Infanta o presiones a través de los medios de comunicación de Mariano Rajoy, del Fiscal General del Estado o del entonces Jefe de la Casa Real. Esa movilización de recursos para proteger a la hija del Jefe del Estado no es normal en una democracia.

Sin embargo, ahí no queda la cosa, puesto que el exjuez Torres, el instructor de los casos de corrupción en Marbella, dio en la otra tecla: la protección hacia determinados personajes y empresas poderosas de este país. En su caso, estaba instruyendo la causa contra el expresidente de Telefónica y Tabacalera, César Alierta, por la utilización de información privilegiada de la compañía para ganar dinero en bolsa. En concreto, según indicó Torres, se trataba de unos 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros). El exjuez solicitó el acceso a un puesto vacante en la Audiencia Nacional y le aseguraron que tenía muchas posibilidades de conseguirlo. Sin embargo, adoptó una decisión contraria a Alierta y todo cambió. Ni consiguió ese puesto en la Audiencia Nacional, y, además, desde el CGPJ se le abrió una inspección.  

Estos testimonios no difieren en nada de lo publicado en estas páginas a lo largo de los años, más bien son la demostración de que la corrupción judicial en España es sistémica, tal y como lleva años denunciando Diario16. No hay que pensar en que los jueces reciben sobres directamente de los corruptores. Así no funciona este sistema, porque quienes controlan desde el poder a una parte de aquellos que están obligados a impartir justicia justa –por suerte para el pueblo todavía quedan jueces y juezas que llevan con dignidad la toga y las puñetas– pagan, presuntamente, en especie, es decir, a través de prebendas laborales, formativas, exposiciones orales, propiedades fuera de España y, en algunos casos, los mínimos, dinero en efectivo en cuentas de entidades situadas en países muy concretos. El modelo depende del poder, público o privado, que ejerce ese control.

Todo ello se produce gracias, sobre todo, a la presión de terceros. En el caso de los poderes financiero, empresarial y económico esos intermediaros son, precisamente, los grandes despachos de abogados que contratan y que son inalcanzables para el pueblo. ¿Son mejores los letrados de estos bufetes que otros? No tiene por qué. Lo que pagan esos poderes económicos es la capacidad de acceso y de presión a las altas instancias judiciales.

Este poder oculto que controla a una parte de jueces y juezas, de la Fiscalía ya hablaremos próximamente, no sería jamás posible en un sistema de Justicia realmente efectivo y que no siga siendo manejado por los poderosos del mismo modo en que lo hacían los jerarcas del franquismo. Que se sigan repitiendo los apellidos tal vez tenga también que ver.

Esta situación da mucha más verosimilitud al supuesto hecho de que el secretario general del Banco Santander, Jaime Pérez Renovales, le espetara al banquero italiano Andrea Orcel que «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos». ¿Esto es lógico en una democracia o en un Poder Judicial digno de representar al tercer poder? Sólo es posible que un directivo de un banco se vanaglorie o amenace a quien puede poner contra las cuerdas a su entidad con una frase de este tipo cuando tiene la seguridad de ser así porque, de no serlo, estaríamos ante un claro ejemplo de cómo lanzarse un farol a la desesperada, y en el sector financiero serán muchas cosas, pero charlatanes de feria no. ¿Por qué nadie ha citado a declarar, incluido el CGPJ, o ha reclamado la declaración del secretario general del Santander para que explique sus palabras?

Sin embargo, las palabras de Pérez Renovales dejan de parecer un farol cuando vemos decisiones judiciales sorprendentemente favorables al Santander o que haya juezas que, según se puede comprobar en la base de datos del CGPJ, tengan un 100% de efectividad a la hora de dar la razón al banco cántabro cada vez que cae un asunto en su juzgado, sentencias que son revocadas por la Audiencia Provincial en cuanto los afectados recurren a esta instancia.

Otro aspecto son las puertas giratorias de la Justicia, un modo de «pago de servicios» a jueces y juezas cuando apoyan al poder en sus decisiones. Recordemos cómo, por ejemplo, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, tras una carrera en la Audiencia Nacional, pasó al sector privado en un gran bufete de abogados llevando casi en exclusiva temas relacionados con el Santander tras ser uno de los muñidores de la Doctrina Botín. Hay que recordar que Gómez Bermúdez fue, por ejemplo, el abogado de Jaime Botín en el caso del contrabando del Picasso por el que el banquero fue condenado recientemente.

Situaciones como la presentación del libro Se vende banco por un euro, del abogado Manuel Medina, refuerzan aún más esa relación entre destacados miembros de la Administración de Justicia y los poderes políticos y financieros. En ese evento se pudo comprobar cómo se abrazaba el autor con el director general de Comunicación del Santander, Juan Manuel Cendoya.

Representantes muy importantes del empresariado español, como Florentino Pérez, también estaban presentes en ese evento, junto a relevantes líderes políticos:

Sin embargo, el problema estaba en que en ese evento también acudieron jueces y fiscales, tal y como hemos publicado en Diario16 en varias ocasiones. La foto en la que el exjuez Baltasar Garzón –«Balta» para su amigo el excomisario José Manuel Villarejo–, los magistrados Fernando Andreu y Santiago Pedraz y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado agasajan al autor de un libro pro-Banco Santander es la mejor muestra de esa interacción entre los poderes financieros, políticos, empresariales y económicos con la Justicia de España.

Hay que recordar, por ejemplo, que Andreu participó en este evento cuando aún era instructor del Caso Banco Popular y estuvo allí, tal y como reconoció a Diario16, porque el autor era «su amigo», además de otras decisiones adoptadas como, por ejemplo, el archivo de la causa contra la familia Botín por ocultar 2.000 millones de euros en Suiza después de que se pagara la multa impuesta por Hacienda. También es importante esta instantánea porque Pedraz es el actual instructor del caso de blanqueo de capitales del HSBC a través del Santander y BNP.

Ante esta situación, ¿qué hace la ciudadanía? ¿Qué hace el Gobierno? Nada, como se pudo comprobar en las palabras del ministro de Justicia en el programa «Salvados». Seguir defendiendo la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas mientras los hechos desmienten a Juan Carlos Campo un día sí y otro también.

¿Qué dice el CGPJ de todo esto? La respuesta ha sido rápida. En una nota de prensa remitida a los medios se afirma lo siguiente: «La participación de los jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales debe ser neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial». ¿Apariencia de imparcialidad? ¿Sólo tienen que aparentar ser imparciales o les tienen que obligar a serlo?, porque, en el mismo documento remitido a todos los medios de comunicación se indica que el código de ética sólo recomienda la independencia, la imparcialidad y la integridad. ¿Sólo recomienda? Así está la democracia española, con un tercer poder que es el mejor activo de los poderosos y con un legislativo y un ejecutivo que nada hacen porque les interesa tener paralizada la revolución pendiente, no vaya a ser que empiecen a aparecer jueces y juezas que tengan como prioridad la aplicación de una justicia justa.