España es un Estado fallido, de eso no cabe ni la más menor duda. Esto ocurre porque uno de los cimientos sobre los que se sustenta cualquier democracia que se precie de llamarse así está tomado por un grupo de personas que no imparten justicia, sino que la preparan a la carta con el único fin de proteger a los poderosos de los delitos que pudieran cometer. No se trata sólo de banqueros, empresarios, editores o políticos, sino que toda la maquinaria corrupta de esta banda de elementos de la Administración de Justicia se activa en cuanto el poder siente la amenaza del imperio de la ley.

«Salvados», el programa de LaSexta, dedicó uno de sus espacios a la Justicia y ahí se pudo comprobar cómo desde el poder se hace lo que haga falta con tal de defender sus privilegios frente a los derechos de la ciudadanía. Resulta clave la parte del programa en la que Gonzo entrevista a los exjueces Castro y Torres. Lo que estas dos personas contaron de sus respectivos casos provocaría de manera inmediata una revolución de la ciudadanía y la toma del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, uno de los textos clave para entender los sistemas democráticos, afirma lo siguiente: «Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia en designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad».

Esto es aplicable perfectamente a la situación de la Justicia en España. Es el deber del Gobierno elegido democráticamente por el pueblo, sea del partido que sea, afrontar, no sólo la renovación del tercer poder con el objetivo partidista de seguir controlando los tribunales o a la Fiscalía desde los poderes legislativo y ejecutivo, sino acometer con valentía y resolución la revolución pendiente de la Transición española para evitar que los poderosos sigan contando con la protección de los tribunales en vez de sentirse controlados por el imperio de la ley. Esto está en el ADN de los sistemas democráticos, pero que en España sigue funcionando del mismo modo que durante la Edad Media donde los nobles y terratenientes eran intocables, o inviolables, que para el caso es lo mismo.

El exjuez Castro comentó las maniobras que se realizaron durante la instrucción del Caso Nóos para salvar a la Infanta Cristina de su imputación y para evitar el riesgo de que fuera condenada. Más o menos, lo mismo que está ocurriendo en la actualidad con la situación judicial del rey Juan Carlos y su patrimonio oculto en paraísos fiscales. Invitaciones a comidas con los abogados de Cristina de Borbón, en la que se le pudo haber tendido una trampa para desacreditarle, ofertas de trabajo para su hijo, con un «cheque en blanco» por delante, para que aceptara un caso que inhabilitaba a Castro para continuar con la instrucción de Nóos, maniobras de la Fiscalía para archivar la causa –cosa que sólo pudo suceder con conocimiento o por órdenes de los superiores de Pedro Horrach quien, por cierto, abandonó la Fiscalía para ser fichado por uno de los mejores bufetes de abogados del mundo–, el reconocimiento de que el fiscal trabajaba de manera conjunta con la defensa de la Infanta o presiones a través de los medios de comunicación de Mariano Rajoy, del Fiscal General del Estado o del entonces Jefe de la Casa Real. Esa movilización de recursos para proteger a la hija del Jefe del Estado no es normal en una democracia.

Sin embargo, ahí no queda la cosa, puesto que el exjuez Torres, el instructor de los casos de corrupción en Marbella, dio en la otra tecla: la protección hacia determinados personajes y empresas poderosas de este país. En su caso, estaba instruyendo la causa contra el expresidente de Telefónica y Tabacalera, César Alierta, por la utilización de información privilegiada de la compañía para ganar dinero en bolsa. En concreto, según indicó Torres, se trataba de unos 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros). El exjuez solicitó el acceso a un puesto vacante en la Audiencia Nacional y le aseguraron que tenía muchas posibilidades de conseguirlo. Sin embargo, adoptó una decisión contraria a Alierta y todo cambió. Ni consiguió ese puesto en la Audiencia Nacional, y, además, desde el CGPJ se le abrió una inspección.  

Estos testimonios no difieren en nada de lo publicado en estas páginas a lo largo de los años, más bien son la demostración de que la corrupción judicial en España es sistémica, tal y como lleva años denunciando Diario16. No hay que pensar en que los jueces reciben sobres directamente de los corruptores. Así no funciona este sistema, porque quienes controlan desde el poder a una parte de aquellos que están obligados a impartir justicia justa –por suerte para el pueblo todavía quedan jueces y juezas que llevan con dignidad la toga y las puñetas– pagan, presuntamente, en especie, es decir, a través de prebendas laborales, formativas, exposiciones orales, propiedades fuera de España y, en algunos casos, los mínimos, dinero en efectivo en cuentas de entidades situadas en países muy concretos. El modelo depende del poder, público o privado, que ejerce ese control.

Todo ello se produce gracias, sobre todo, a la presión de terceros. En el caso de los poderes financiero, empresarial y económico esos intermediaros son, precisamente, los grandes despachos de abogados que contratan y que son inalcanzables para el pueblo. ¿Son mejores los letrados de estos bufetes que otros? No tiene por qué. Lo que pagan esos poderes económicos es la capacidad de acceso y de presión a las altas instancias judiciales.

Este poder oculto que controla a una parte de jueces y juezas, de la Fiscalía ya hablaremos próximamente, no sería jamás posible en un sistema de Justicia realmente efectivo y que no siga siendo manejado por los poderosos del mismo modo en que lo hacían los jerarcas del franquismo. Que se sigan repitiendo los apellidos tal vez tenga también que ver.

Esta situación da mucha más verosimilitud al supuesto hecho de que el secretario general del Banco Santander, Jaime Pérez Renovales, le espetara al banquero italiano Andrea Orcel que «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos». ¿Esto es lógico en una democracia o en un Poder Judicial digno de representar al tercer poder? Sólo es posible que un directivo de un banco se vanaglorie o amenace a quien puede poner contra las cuerdas a su entidad con una frase de este tipo cuando tiene la seguridad de ser así porque, de no serlo, estaríamos ante un claro ejemplo de cómo lanzarse un farol a la desesperada, y en el sector financiero serán muchas cosas, pero charlatanes de feria no. ¿Por qué nadie ha citado a declarar, incluido el CGPJ, o ha reclamado la declaración del secretario general del Santander para que explique sus palabras?

Sin embargo, las palabras de Pérez Renovales dejan de parecer un farol cuando vemos decisiones judiciales sorprendentemente favorables al Santander o que haya juezas que, según se puede comprobar en la base de datos del CGPJ, tengan un 100% de efectividad a la hora de dar la razón al banco cántabro cada vez que cae un asunto en su juzgado, sentencias que son revocadas por la Audiencia Provincial en cuanto los afectados recurren a esta instancia.

Otro aspecto son las puertas giratorias de la Justicia, un modo de «pago de servicios» a jueces y juezas cuando apoyan al poder en sus decisiones. Recordemos cómo, por ejemplo, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, tras una carrera en la Audiencia Nacional, pasó al sector privado en un gran bufete de abogados llevando casi en exclusiva temas relacionados con el Santander tras ser uno de los muñidores de la Doctrina Botín. Hay que recordar que Gómez Bermúdez fue, por ejemplo, el abogado de Jaime Botín en el caso del contrabando del Picasso por el que el banquero fue condenado recientemente.

Situaciones como la presentación del libro Se vende banco por un euro, del abogado Manuel Medina, refuerzan aún más esa relación entre destacados miembros de la Administración de Justicia y los poderes políticos y financieros. En ese evento se pudo comprobar cómo se abrazaba el autor con el director general de Comunicación del Santander, Juan Manuel Cendoya.

Representantes muy importantes del empresariado español, como Florentino Pérez, también estaban presentes en ese evento, junto a relevantes líderes políticos:

Sin embargo, el problema estaba en que en ese evento también acudieron jueces y fiscales, tal y como hemos publicado en Diario16 en varias ocasiones. La foto en la que el exjuez Baltasar Garzón –«Balta» para su amigo el excomisario José Manuel Villarejo–, los magistrados Fernando Andreu y Santiago Pedraz y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado agasajan al autor de un libro pro-Banco Santander es la mejor muestra de esa interacción entre los poderes financieros, políticos, empresariales y económicos con la Justicia de España.

Hay que recordar, por ejemplo, que Andreu participó en este evento cuando aún era instructor del Caso Banco Popular y estuvo allí, tal y como reconoció a Diario16, porque el autor era «su amigo», además de otras decisiones adoptadas como, por ejemplo, el archivo de la causa contra la familia Botín por ocultar 2.000 millones de euros en Suiza después de que se pagara la multa impuesta por Hacienda. También es importante esta instantánea porque Pedraz es el actual instructor del caso de blanqueo de capitales del HSBC a través del Santander y BNP.

Ante esta situación, ¿qué hace la ciudadanía? ¿Qué hace el Gobierno? Nada, como se pudo comprobar en las palabras del ministro de Justicia en el programa «Salvados». Seguir defendiendo la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas mientras los hechos desmienten a Juan Carlos Campo un día sí y otro también.

¿Qué dice el CGPJ de todo esto? La respuesta ha sido rápida. En una nota de prensa remitida a los medios se afirma lo siguiente: «La participación de los jueces en entrevistas, coloquios o redes sociales debe ser neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial». ¿Apariencia de imparcialidad? ¿Sólo tienen que aparentar ser imparciales o les tienen que obligar a serlo?, porque, en el mismo documento remitido a todos los medios de comunicación se indica que el código de ética sólo recomienda la independencia, la imparcialidad y la integridad. ¿Sólo recomienda? Así está la democracia española, con un tercer poder que es el mejor activo de los poderosos y con un legislativo y un ejecutivo que nada hacen porque les interesa tener paralizada la revolución pendiente, no vaya a ser que empiecen a aparecer jueces y juezas que tengan como prioridad la aplicación de una justicia justa.  

12 Comentarios

  1. Pedazo art. gracias por el ,muy ilustrativo de los teje maneje del poder no del govierno como comento el vicepresidente sr. Iglesias ,el problema reside en la falta de apoyo a los jueces que no se quieren dejar manipular pero en fin es lo que comentan ustedes los oligopolio familiares . Y sale a relucir la frase «le llaman democracia y no lo es» el tema seria si con una republica se solucionaría?

  2. Leyendo artículos como éste, ya tengo mal cuerpo para unos días!!
    Estamos en España, y ésto es la España que tenemos que padecer!

  3. ? Democracia en España ? Que va ,aquí solo hay ladrones por todos los lados.Gobiernos corruptos,jueces corruptos ( no todos ) que defienden a los gobiernos corruptos en vez de defender a los que roba el gobierno corrupto,que se lo pregunten al gobierno del PP de Rajoy que robó a más de 300.000 FAMILIAS Españolas.Robaron un banco y encima todos salieron con prebendas,y que hace la «justicia» pues nada,seguir defendiendo a los corruptos.Despues de más de años del ROBO del Banco Popular los jueces no hacen nada,en vez de condenar a los ladrones a que devuelvan lo robado a sus dueños.ESPAÑA ES UN PAIS FALLIDO EN TODOS LOS ASPECTOS.No es de extrañar que los demás países se rían de nosotros.

  4. ENORME, IMPRESIONANTE EL ARTÍCULO DE DIARIO 16.
    EL PP EL PARTIDO QUE ESTAFÓ A MAS DE 1,2 MILLONES DE ESPAÑOLES EN EL ROBO BANCO POPULAR. TODO ELLO YA PROBADO CON DOCUMENTOS APORTADOS POR DIARIO 16… ¿ DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA ?????

    PERO DESGRACIADAMENTE AL PUEBLO ESPAÑOL SOLAMANTE NOS QUEDA EL SENTIDO DEL HUMOR PARA MANTENER EL ÁNIMO EN ESTA TRISTE REALIDAD DE ESTERCOLERO EN EL QUE HAN CONVERTIDO ESPAÑA.

    https://www.eljueves.es/news/la-mafia-siciliana-concede-al-pp-el-certificado-de-excelencia-criminal_2416
    La mafia siciliana concede al PP el certificado de excelencia criminal
    El reconocimiento conocido como «Mafia Advisor» premia la impecable trayectoria criminal del partido
    El certificado de excelencia criminal incluye una partida presupuestaria para sobornar a jueces y una cuadrilla de sicilianos especializados en el chantaje y la intimidación.

  5. Mal asunto este de que día tras día nos dediquemos a flagelarnos por lo mal que está todo.

    Los periodistas se empeñan en transmitir la impresión de que España es lo peor de lo peor, y los comentaristas suscriben esa información sin el menor espíritu critico.

    La justicia española y la democracia española son manifiestamente mejorable, pero es completamente falso que sean de lo peor. Sugerir que se merece un golpe de estado, como hacen, es un despropósito de dimensiones siderales.

    El «World Justice Project 2000» el índice que analiza el Estado de Derecho en el mundo sitúa a la justicia española en el número 19 de entre las 200 naciones del mundo. Subiendo dos puestos respecto al 2019 y por delante de países como Francia 20, EEUU en el 21 o Italia en el 27.

    Nuestra democracia es también la 19 del mundo según el «Democracy Index· por delante también de EEUU, Francia, Italia o Bélgica que es la 31.

    El mundo no es el paraíso, ni los hombres somos ángeles. Solo podemos saber como estamos por «comparación» con los otros. Y cuando así lo hacemos vemos que la información que se transmite es «falsa» aunque este construida sobre algunos hechos verdaderos.

    Desde la premisa falsa de que España no es una democracia y el estado de derecho es inexistente, los señores Esteban Cano y José Antonio Gómez hacen un llamamiento al golpismo citando un artículo de la constitución de EEUU.

    Flaco favor le están haciendo a su país, a sus conciudadanos y a la democracia española, tanto los articulistas como quienes despreciando los indicadores que elabora la comunidad internacional suscriben y abundan en las tesis negacionistas (por ser contrarias a las aceptadas por la comunidad democrática internacional) de los autores.

  6. Decir que existe Justicia en España es como afirmar que existen los pajaritos preñados. Los pajaritos existen, la preñez existe; pero dos realidades conjugadas no dan en si mismas una nueva realidad sino una falacia. Aquí, en el reino boubónico, los jueces existen, las sentencias, también; pero que todo ello sea Justicia es para morirse en un ataque de risa. Hay un dicho venezolano que dice: La ley es para el pendejo y la cárcel para el pobre. En esto consiste la justicia del reino boubónico de las Españas.

    • La «justicia pura» del 100% no existe pero no es lo mismo tener la justicia de Venezuela, la de España o la de Dinamarca.

      España está en el número 19 de los sistema de justicia mejores del mundo Venezuela en el 128 Bélgica en el 14, y Dinamarca es la número uno (sin que ello signifique que sea perfecta). Sería deseable estar como Dinamarca pero no podemos comparar la justicia española con la venezolana, decir que no existe, o decir que todas son iguales.

      La justicia como la democracia y como tantas otras cosas solo puede pensarse en términos relativos. Ninguna democracia ni justicia es perfecta, ni podrá serlo nunca, pero es evidente las diferencias entre unas y otra y cuando se las compara.

      Como supongo que aspiras a emitir los juicios lo más certeros posibles te animo a modificar tu punto de vista, y aceptar lo que la comunidad democrática da por bueno. Nuestra justicia es algo peor que la belga, y la belga peor que la de Dinamarca. Pero algo mejor que las de EEUU 21, Francia 20, o Italia 27, y a años luz de la venezolana.

      • Lo que yo exprese vale tanto para la justicia venezolana como para la española. Aquí, un jefe del Estado que accedió al cargo con una mano delante y otra detrás es hoy una de las grandes fortunas europeas; aquí, un abogado no ejerciente que accedió a jefe de Gobierno acabó siendo una de las grandes fortunas del País; aquí, un funcionario de Hacienda que accedió a jefe de Gobierno acabó con una fortuna que es incalculable. Esto es España, y estas son sus leyes que permiten el enriquecimiento espurio por ejercer un cargo político de alto nivel. Si esto es justicia los monos son el homo sapiens; nos parecemos pero no somos equivalentes.

  7. Independientemente de que en España la justicia sea «un cachondeo»y los jueces sean poco imparciales,muchos de ellos vendidos a los partidos politicos,a sectas(Opus,Kikos..)y al Ibex35,la justicia es «un cachondeo» en todo el mundo,acabamos de ver hace poco la politizacion,racismo,xenofobia y venta mas absoluta de los jueces y la justicia en los EEUU y no se queda atras la misma cosa en Rusia,en China,en India,Hungria,Polonia..etc..

  8. Corrupción, nepotismo, cohecho, coimas, tráfico de influencias, tiranía hacia el pueblo indefenso, robo de la propiedad, estafa, usurpación, espropiacion, etc SON MINUNGADAS, MIMIECES!!
    AHORA ESTAMOS A VACUNAS!!
    Dónde van Ustedes a parar!!… Ahora a que estamos: A setas o a Roles?
    ….Que cosas tiene el «POPULACHO» …Se atreve a cuestionar cosas de honorabilidad!
    Supongo que se entiende la ironía!!
    La plebe siempre tocándo los cataplines a los de buena CUNA!

  9. » por los poderosos del mismo modo en que lo hacían los jerarcas del franquismo. Que se sigan repitiendo los apellidos tal vez tenga también que ver.» Creo que la «cuerda que más ata» des de que el franquismo la institucionalizó es, la cuerda de la corrupción. Pero les recuerdo que hay políticos exiliados y políticos presos, jóvenes presos injustamente. No solo hemos de hablar de dinero sino de personas.

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