Si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son capaces de cumplir el preacuerdo que acaban de firmar, en los próximos cuatro años las cosas en este país pueden cambiar mucho para las clases más castigadas por la crisis. El principio de pacto de Gobierno suscrito este martes entre PSOE y Unidas Podemos tiene en la protección social y laboral, el crecimiento del empleo, la igualdad, el blindaje de las pensiones, la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario sus ejes principales. Política para la gente, no para el dinero; democracia para las personas, no para los mercados.

El histórico preacuerdo alcanzado en apenas una hora tras los inquietantes resultados del 10N pretende “situar a España como referente en la protección de los derechos sociales en Europa”, según consta en el propio documento. La patronal ya ha advertido de que este pacto “es negativo para España”, de manera que si es malo para el gran capital es que vamos por buen camino y surge un rayo de esperanza para los que menos tienen.

El ansiado Gobierno de coalición ha sido un embarazo complicado de ocho meses con un parto traumático que ha cogido a todos (incluso a los más allegados a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias) por sorpresa. Pero era lo que necesitaba el país en este momento. Son millones las personas que no llegan a final de mes porque no tienen un trabajo o el que tienen les reporta un salario tan miserable que no les alcanza para sacarlas de la pobreza.

Esta grave situación social, esta ruptura del contrato social, estaba provocando una profunda desafección y la rabia de buena parte de los ciudadanos hacia su clase política. La inmediata consecuencia de tal reacción popular ha sido que muchos españoles, hartos ya del fracaso de las inútiles políticas bipartidistas y de la decadencia de la democracia liberal, empezaban a mirar con simpatía y admiración a los ultraderechistas de Vox. El partido de Santiago Abascal no es precisamente una garantía de estabilidad del Estado de Bienestar. Más bien al contrario, las medidas económicas recogidas en su programa electoral atentan directamente contra aspectos tan esenciales de la socialdemocracia como el sostenimiento de las pensiones, las prestaciones por desempleo, la sanidad y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando la desesperación cunde, los seres humanos se aferran a cualquier clavo ardiendo, aunque la solución para un mundo mejor venga de un embaucador que promete más patriotismo que pan.

El plan Sánchez/Iglesias es una potente herramienta para empezar a hacer políticas que mejoren de una vez la vida de la gente. Por eso extraña sobremanera que ambos líderes de la izquierda española hayan tardado tanto en verlo claro. Durante meses, PSOE y Unidas Podemos han estado tirándose los trastos a la cabeza y han antepuesto los egos, los intereses personales y las estrategias de partido a un pacto que millones de españoles esperaban como agua de mayo para aliviar una situación insostenible que no podía durar demasiado tiempo más sin terminar en un estallido social. De hecho, el grave conflicto territorial en Cataluña tiene mucho de sentimiento patriótico y de reafirmación de una identidad nacional, pero también de reacción lógica de una parte de la población angustiada por el futuro que se ha hecho independentista de la noche a la mañana porque ya no veía una salida al final del túnel y ha terminado jugándoselo todo al adoquín contra los antidisturbios y a la protesta airada contra el sistema en tumultos callejeros.

La música del preacuerdo no puede sonar mejor: el primer punto marca el objetivo de consolidar el crecimiento y la creación de empleo, así como de combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo “digno, estable y de calidad”. Las reformas laborales de los últimos años, sobre todo la de Mariano Rajoy de 2012, han supuesto la pérdida de la mayoría de los derechos laborales conquistados por los trabajadores a lo largo de cuatro décadas de democracia. Esa legislación infame que garantiza el despido libre, que rebaja las indemnizaciones y que liquida los convenios colectivos debe ser derogada cuanto antes.

Por otra parte, PSOE y Unidas Podemos han acordado como uno de los ejes de la política económica del futuro Gobierno la “justicia fiscal” y el equilibrio presupuestario. En una Estado social y democrático de derecho quien más tiene más debe tributar conforme a los principios de progresividad y equidad recogidos en la Constitución. Además, del documento se desprende que se perseguirá de forma más contundente la inmensa bolsa de fraude y de dinero oculto en paraísos fiscales.

Asimismo, el preacuerdo aboga por trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción, subrayando la meta de proteger los servicios públicos y el “blindaje” de las pensiones de nuestros mayores. En ese punto los firmantes se comprometen a asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización “conforme al coste de la vida”.

También se hace referencia a la vivienda “como derecho y no como mera mercancía” y apuesta por la ciencia “como motor de innovación económica” y por “dignificar” las condiciones de trabajo del sector, recuperando talento emigrado.

De igual forma, se recoge el objetivo de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, así como impulsar la reindustrialización y el sector primario y facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, junto al impulso digital. Medidas tan necesarias para el futuro de un país que de no adoptarse de forma urgente corre serio peligro no solo la cohesión y la paz social, sino la confianza misma del ciudadano en la democracia. Y cuando esto ocurre ya se sabe lo que pasa: terreno abonado para el salvapatrias de turno que a fuerza de mentiras y engaños se mete al pueblo en el bolsillo con promesas de un paraíso tan artificial como inexistente.

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2 Comentarios

  1. Estamos mareando la perdiz, dejémosles que hagan lo que quiera, no les demos cancha. Cuando se forme el Parlamento, ahí sí. Todo está atado y bien atado. El marketing socialista ya esta mas que sabido. Ahora bien, la realidad del parlamento es que no se deje permitir (el reglamento del congreso lo dice) a ningun partido con menos de 15 parlamentarios, formar grupo propio, todos esos al GRUPO MIXTO. Y veréis cómo mueren solos, pues solo puede hablar uno en cada sesión.
    Las condiciones para formar un grupo parlamentario están recogidas en el reglamento del Congreso de los Diputados y son las siguientes: Se requieren al menos 15 diputados o 10 senadores para formar grupo parlamentario.
    Se imaginan un redil compuesto por: ERC-SOBIRANISTES, Cs, JxCAT-JUNTS, PNV, EH Bildu, MÁS PAÍS, CUP-PR, CCa-PNC-NC, NA+, BNG, PRC y ¡TERUEL EXISTE!.
    Un grupo mixto formado por 55 diputados.
    No son tan demócratas, pues a cumplir con la democracia y la Ley.

  2. Sánchez esto tenías que haberlo hecho mucho antes pero noes tarde si ladicha es buena. Y extremas y derechas están que arden ellos Nicomen ni degan comer

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