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El Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación afectará también a las instituciones públicas

El plan potencia y articula medidas no solo para mejorar la lucha contra este delito, sino también para facilitar la adecuada asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de estrecha cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil

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El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que establece cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de acción que afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector y cuyo objetivo es permitir un abordaje multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha informado del diseño definitivo del plan estratégico a los representantes de los distintos organismos públicos y entidades especializadas de la sociedad civil que participan en las reuniones de seguimiento la Relatoría Nacional Contra la Trata de Seres Humanos, organismo que lidera el Ministerio del Interior. 

“Es un plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas”, ha señalado el secretario de Estado, que el pasado mes de noviembre ya había informado de su contenido al Consejo de Seguridad Nacional. El plan estratégico puede ser consultado en la página web del Ministerio del Interior.

La finalidad del documento estratégico es doble: por un lado, dotar de mayor eficacia y operatividad a las distintas medidas que ya están en ejecución para prevenir y perseguir la trata de seres humanos y, por otro lado, impulsar nuevas actuaciones que cubran aquellos espacios que han sido abordados en menor medida o para los que aún no se han definido acciones concretas ni atribuido competencias a los poderes públicos.

El plan potencia y articula medidas no solo para mejorar la lucha contra este delito, sino también para facilitar la adecuada asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de estrecha cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil.

El plan sitúa a la víctima en el centro de cualquier actuación de los poderes públicos, adecúa su atención a las distintas situaciones de vulnerabilidad, aborda de manera adecuada la dimensión de género, apuesta por un concepto integral de trata que abarque todas las finalidades de este delito, asienta una perspectiva multidisciplinar que garantice la necesaria interacción de todos los actores tanto públicos como privados, con especial atención a la sociedad civil, y, por último, aborda la demanda de los servicios de las víctimas de la trata de seres humanos.

Prioridades y medidas

El plan fija cinco objetivos prioritarios troncales, para cuya consecución abre dieciséis líneas de actuación, de manera que el conjunto facilite una acción eficaz e integral contra la trata de seres humanos y en defensa de sus víctimas:

  • Prioridad 1: Detección y prevención de la trata de seres humanos

Sensibilizar a la población en general, en especial a las personas que demandan los servicios por los que las víctimas son explotadas, debe permitir en el medio y largo plazo acabar con dicha explotación.

  • Línea de acción 1.1: Mejora del grado de sensibilización de la sociedad
    • Línea de acción 1.2: Potenciar la detección de posibles casos de trata y explotación de personas
    • Línea de acción 1.3: Desincentivar la demanda de servicios de víctimas de trata y explotación
  • Prioridad 2: Identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas de la trata de seres humanos

Considerar a las víctimas como el elemento vertebrador de cualquier política o acción eficaz en la lucha contra la trata y la explotación de seres humanos, ponerlas en el centro de todas las actuaciones como titulares de derechos, es la única vía para obtener resultados eficaces y duraderos en todos los ámbitos de actuación.

  • Línea de acción 2.1: Promover una ley integral de prevención y lucha contra la trata de seres humanos
    • Línea de acción 2.2: Optimizar los mecanismos de identificación formal de las víctimas de la trata de personas
    • Línea de acción 2.3: Perfeccionar los procedimientos empleados en la derivación de las víctimas de la trata de seres humanos
    • Línea de acción 2.4: Garantizar la protección y recuperación de todas las víctimas de trata
  • Prioridad 3: Persecución del delito

La trata de personas constituye una grave violación de los derechos humanos y una de las formas más extendidas de delincuencia organizada y grave, y requiere medidas muy concretas en los ámbitos policial y judicial que permitan neutralizar los entramados criminales y las estructuras que les permiten obtener enormes beneficios.

  • Línea de acción 3.1: Mejora de la respuesta legislativa
    • Línea de acción 3.2: Mejora de la respuesta policial
    • Línea de acción 3.3: Mejora de la respuesta judicial
  • Prioridad 4: Cooperación y coordinación

La cooperación y la coordinación son dos elementos transversales del enfoque multidisciplinar y multisectorial del plan, que busca reforzar y mejorar los mecanismos existentes, sistematizar las funciones y competencias de la Relatoría Nacional para la trata de seres humanos, potenciar la cooperación internacional con los países de origen y tránsito de las víctimas, así como actualizar o desarrollar aquellos planes y actuaciones específicas en los todos los ámbitos de la trata de personas, sobre todo los de la explotación sexual y el trabajo forzoso.

  • Línea de acción 4.1: Reforzar la coordinación interinstitucional.
    • Línea de acción 4.2: Incremento de la cooperación internacional, en especial con los principales países de origen y tránsito de las víctimas
    • Línea de acción 4.3: Papel de la sociedad civil
  • Prioridad 5: Mejora del conocimiento

Promover la formación continua de los operadores jurídicos o investigadores que intervengan en la detección y protección de las víctimas así como en la prevención y persecución del delito. Esta formación, además de incluir la trata de seres humanos en todas sus formas, debe abordar las cuestiones de género, derechos humanos e infancia, por ser esenciales a la hora de entender el funcionamiento de los mecanismos de control que se dan en el marco de la trata y la explotación de seres humanos.

  • Línea de acción 5.1.: Creación de una sólida base de conocimiento sobre la trata de personas
    • Línea de acción 5.2.: Favorecer la calidad y comparabilidad de los datos
    • Línea de acción 5.3.: Establecer mecanismos ágiles para el intercambio de información y buenas prácticas

El CITCO coordinó la elaboración

La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos que se ha convertido en una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas. Es un fenómeno delictivo que concita atención específica de organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea.

El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Personas-GRETA del Consejo de Europa, en su segundo informe de evaluación a España publicado en junio de 2018, instaba a las autoridades españolas a adoptar, con carácter prioritario, un plan integral que hiciera frente a la trata de personas cualquiera que fuera la forma de explotación perseguida, mejorando la identificación y asistencia a sus víctimas.

La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, aprobada en febrero de 2019 por el Consejo de Seguridad Nacional,  contempla como una de sus prioridades la lucha contra este delito, para lo que reclamó “establecer un plan estratégico específico nacional” cuya coordinación encargó a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en colaboración con todos los actores implicados.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) se ha encargado de organizar los trabajos necesarios para su materialización, realizados por un grupo de expertos de los ministerios del Interior; Igualdad; Justicia; Inclusión, Migraciones y Seguridad Social; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales y Agenda 2030; Educación y Formación Profesional, así como del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

Este grupo de trabajo ha contado con la colaboración y aportaciones también del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo; la Organización Internacional para las Migraciones en España, así como la Red Española contra la Trata de Personas, que aglutina a más de treinta organizaciones vinculadas a la lucha contra la trata y a la asistencia a sus víctimas.

El plan estratégico tiene una vigencia de tres años. Un Grupo de Trabajo Permanente con participación de los representantes de los órganos constitucionales y organismos ministeriales implicados elaborará informes de seguimiento y evaluación bajo la coordinación del CITCO y en consulta periódica con las organizaciones especializadas de la sociedad civil, así como con aquellos otros interlocutores que puedan aportar información de relevancia en materia de trata y explotación de seres humanos.

Este plan es además el marco de referencia para la elaboración de otros planes integrales o de acción sectoriales o específicos para finalidades concretas de la trata de seres humanos y su explotación, sobre todo en los ámbitos sexual y de trabajo forzoso, que serán en todo caso un desarrollo complementario y establecerán los necesarios mecanismos de coordinación al efecto.

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