Hasta hace un par de meses, el Tribunal Constitucional era un organismo bloqueado y desprestigiado. Con su renovación ha recuperado la iniciativa. Su actividad ha quedado desbloqueada y empiezan a olvidarse los tiempos en que su anterior presidente se aferraba al cargo apoyando propuestas que vulneraron el principio de soberanía nacional impidiendo votar al Parlamento. Ahora ya se ha dictaminado la ley del aborto del gobierno de Rodríguez Zapatero, que llevaba 13 años en los cajones de los despachos, y esta misma semana se sentenciará la ley de eutanasia cuyo dictamen está ultimado a la espera de ser ratificado por el pleno.
Mucha prisa ha metido a los magistrados el presidente Cándido Conde Pumpido. En el próximo pleno se aprobarán los “flecos” de la ley del aborto. Es una cuestión de forma, ya que el fondo de la ley quedó zanjado en el pleno de hace unas semanas. Se trata de resolver un recurso de súplica presentado por el PP contra la abstención de Concepción Espejel, y las recusaciones contra ella y tres magistrados. Una vez se haya decidido sobre este recurso de súplica, se invalidará la ponencia del conservador Enrique Arnaldo que renunció a modificarla encargándose de la nueva redacción a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. Esa misma redacción que ahora va a ser estudiada por el pleno y que aporta una significativa novedad que mucho tendrá que ver con los recursos que PP y Vox han presentado contra la reforma de la ley de este último año. La ponente antepone los derechos de la mujer sobre los del no nacido otorgándola la exclusividad para decidir sobre su maternidad.
El Constitucional decidirá si admite a trámite el recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el llamado impuesto de las grandes fortunas que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros. La Junta entiende que se “ha vulnerado la autonomía financiera” de la comunidad autónoma porque el gravamen a las grandes fortunas se concibe como un tributo “complementario” al Impuesto sobre el Patrimonio que está bonificado al 100% en Andalucía.
El pleno quiere estudiar, también, el recurso presentado por PP y Vox contra el decreto-ley de medidas urgentes para “garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”.
Muchos asuntos que no distraen el debate estrella de este pleno: la ley de eutanasia. Los recursos presentados por Vox y el PP se asemejan. El de Vox es una práctica enmienda a la totalidad y es el primero que se va a estudiar en base a la ponencia elaborada por el magistrado Ramón Sáez Valcárcel. Una ponencia que, según se ha podido saber, va a rechazar en todos sus términos los argumentos del partido de ultraderecha. Comoquiera que el del Partido Popular se asemeja cuestionando parcialmente la norma aprobada por el Parlamento, casi con toda seguridad el órgano de garantías va a avalar la nueva ley que autoriza la eutanasia a pacientes que así lo soliciten y que y que “se encuentren en un contexto de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.
Una vez resueltos todos estos temas, el pleno comenzará a tratar la ley Celáa de Educación. Si en los otros puntos mencionados existe casi unanimidad, aquí sí se plantean discrepancias. La más importante se refiere a la pretensión de los magistrados conservadores de que los padres tengan prioridad a la hora de elegir el centro donde educarán a sus hijos. Ricardo Enríquez es el ponente y respalda la ley salvo en dos puntos: “los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género”; y el de que “las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado”.
Aunque se espera un intenso debate sobre estos dos principios, parece ser que no será necesario sustituir al ponente ya que el conservador Ricardo Enríquez está dispuesto a llegar al consenso con el resto de miembros. Así pues, es bastante probable que, aunque con algunos matices, la ley Celáa también será avalada por el Tribunal Constitucional.
No todo se va a resolver en los próximos días. El presidente Conde-Pumpido ha dispuesto un intenso calendario con el propósito de poner al día a la instancia de tal manera de que se queden resueltos casi todos los asuntos importantes en el transcurso de esta primavera. Sobre todo, en los plenos posteriores a la semana santa. Si se cumple el objetivo, el TC habrá logrado no sólo desbloquear, en medio año, los asuntos pendientes, (recordemos que algunos con una antigüedad superior a los 13 años), sino también dotar al organismo de agilidad. Es lo que se ha llamado “el plan de choque” propuesto por el presidente que, entre otras medidas, dispone que la documentación de los recursos de amparo queda limitada a los 25 folios o 50.000 caracteres, tal y como viene sucediendo en otras instancias como es la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE.
Se trata de aligerar el trabajo del órgano de garantías que siempre, con gobiernos progresistas o conservadores, se ha caracterizado por su lentitud a la hora de tomar decisiones de tal manera que ha habido resoluciones que quedaron obsoletas porque la ley a la que se refería había sido cambiada o derogada.
Vamos a ver si se logra este objetivo. Sería muy bueno para la credibilidad del TC.
