Hay países en el mundo donde ser periodista se ha convertido en una profesión de riesgo vital. Los distintos poderes, legales e ilegales, no pueden permitir que haya quienes, a través de su trabajo e investigación, muestren sus trapos sucios o los actos espurios que comenten porque piensan que tienen impunidad total.
Dentro de estos poderes los hay que utilizan las armas para callar a los periodistas y los hay que usan las amenazas constantes por medio de intermediarios para asustar a un medio de comunicación o a un redactor para que cierre su editor de textos y no publique nada.
Los dos últimos ejemplos de violencia contra la prensa los hemos tenido con el asesinato de Norma Sarabia en México o la detención de Iván Golunov en Rusia. La primera había denunciado a los jefes policiales de Huimanguillo por haberla amenazado tras publicar que estaban presuntamente implicados en varios secuestros. Golunov, por su parte, había denunciado a través de sus investigaciones sobre la corrupción en licitaciones públicas, el sector inmobiliario y los servicios fúnebres.
Sin embargo, aunque nos puedan parecer lejanos esos casos, en España la prensa también está sufriendo amenazas constantes por parte de los representantes de esos poderes y de sus intermediarios o testaferros, empresas que cobran mucho dinero para realizar ese trabajo que exime de responsabilidad a quien paga.
¡Basta ya de amenazas! Tanto los poderosos —de todos los ámbitos— como las grandes empresas tienen muy fácil eludir el control de los medios de comunicación: no cometer delitos ni ilegalidad, además de tener un comportamiento ético y que beneficie a la sociedad en general.
En un país como España, en el que todas las élites caminan por la sociedad con la impunidad que les concede una Justicia demasiado laxa, la presencia de la prensa es incómoda y, por ello, es necesario amedrentarla por medio de esas amenazas a las empresas editoras o directamente a los periodistas que hacen el trabajo que tienen encomendado: informar al pueblo y controlar al poder. Por eso en la Constitución está recogida la libertad de prensa, uno de los pilares de cualquier democracia que, sin embargo, vive con la constante amenaza por parte de las élites.
¿Se habrían conocido los casos de corrupción de los principales partidos políticos si no hubiese habido unos periodistas que lo sacaron a la luz? ¿El pueblo habría tenido conocimiento de los abusos de la banca hacia los ciudadanos y las ciudadanas si no se hubiese publicado en los medios de comunicación? ¿Hubiese sabido la gente los manejos de OHL a la hora de blanquear dinero si no hubiera habido un periodista y un medio de comunicación que lo publicara? ¿Y las maniobras de la Fiscalía brasileña para encarcelar a Lula Da Silva antes de las elecciones para allanar el camino a Jair Bolsonaro? Estas élites pretenden callar a la prensa para que el pueblo viva en la ignorancia y de ahí que utilicen, de un modo más civilizado, eso sí, los mismos métodos de amedrentamiento que en otros países.
En algunos casos, por desgracia, son los propios medios los que se convierten en cómplices. La situación del sector mediático en España ha provocado que sea demasiado barato «comprar» la voluntad de un periódico, una radio o una televisión. Así se está denunciando en libros que se han convertido en best sellers o en reportajes televisivos vistos por millones de espectadores.
En este caso se produce la peor corrupción que puede sufrir una democracia: la de los medios de comunicación porque lo que se está vendiendo no es la voluntad sino la propia libertad. Esto es muy grave y afecta a quienes siguen manteniendo su independencia, su libertad y su ética intactas.
Sin embargo, estas élites y poderes se encuentran con un serio problema cuando ni el periodista, ni el editor, ni el medio de comunicación se dejan amedrentar y están dispuestos a llegar a donde haga falta para defender la libertad de prensa, la libertad y la verdad. Es entonces cuando se activa un protocolo similar al que se pone en marcha con los denunciantes de corrupción, donde unos poderes se defienden a otros.
Por todo ello, ¡basta ya de amenazas! ¡Basta ya de silenciar a los periodistas! Una democracia seria no se puede permitir un fenómeno así y los gobiernos deben ser los primeros que protejan a la prensa ante esta situación límite que no sólo afecta a los y las periodistas, sino que denigra al propio sistema de libertades democráticas que, teóricamente, rige en España.
