El candidato del PP a la alcaldía de Pepino en las elecciones municipales de 2007, Francisco Sánchez Gil (primo del actual alcalde de la misma localidad, Inocencio Gil Resino), denunció, en un mitin político celebrado ese año, un «pelotazo» urbanístico del que hacía responsable al alcalde socialista de la localidad de Mejorada, Ángel Valero Sánchez.

Según manifestaba Francisco Sánchez, el Ayuntamiento de Pepino gobernado por el PSOE en coalición con otros partidos, y del que era delegado de Urbanismo el «tránsfuga» del PP, Vicente Casitas, subastó las parcelas de propiedad municipal en la urbanización de El Gran Chaparral con sustanciosas plusvalías para el adjudicatario, la empresa Hervasan del alcalde de Mejorada.

Los casi 29.000 metros cuadrados de parcelas urbanizables producto de las cesiones que obligaba la Ley y acumuladas a lo largo del tiempo, fueron subastadas en la legislatura que concluía en aquellas elecciones y adjudicadas a Hervasán a un precio de 27 euros el metro cuadrado, con un coste añadió de 17 por metro invertido en la urbanización de las calles.

Sánchez señalaba que el metro de la parcela sin edificar estaba por encima de los 300 euros en el mercado, de modo que la citada empresa del alcalde socialista de Mejorada pudo haber conseguido alrededor de 5 millones de euros por la venta del terreno, una vez dotado de las infraestructuras necesarias.

El alcalde de Mejorada, Ángel Valero, rechazó las acusaciones del candidato a la alcaldía de Pepino por el PP, sobre el presunto «pelotazo» urbanístico, según manifestaba días después al diario ABC, Sara Martín, abogada de Valero.

Hervasán Arquitectura y Construcción, S.L., empresa de la que era administrador Valero, fue vendida hacía cuatro meses «verbalmente y se escrituró el traspaso hace un mes», dijo la letrada en respuesta a la acusación de que esta empresa había obtenido unas importantes plusvalías por unos terrenos de propiedad municipal subastados por el Ayuntamiento de Pepino.

Efectivamente,“Hervasán se hizo con los terrenos en un concurso público en legítima competencia con otras cuatro empresas”, según explicaba Martín, que también dejó claro que Valero era administrador de la firma por su condición profesional de arquitecto y en sociedad con otras personas, y no su propietario único.

Lo que no dijo entonces la abogada de Valero es que, un año antes de la venta de las participaciones, la mercantil vendedora Hervasán “segregó y adjudicó” precisamente una de las parcelas atravesadas por el arroyo de la Fuente o Berrenchín, en concreto la parcela 237, en la que construiría más tarde su chalet el Fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su mujer, María García García.

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