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El Partido Popular se acoge al chantaje

Manel Mas
Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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análisis

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Una vez más y van… el PP ha vuelto a impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Parecía que con la llegada de su nuevo líder, Núñez Feijóo, se podría llegar a la renovación de este organismo que, como sabe todo el mundo, esta caducado cerca de cuatro años.

Aquello que tenía que ser un acuerdo final entre el PSOE y el PP para reformar la cúpula judicial española se ha vuelto a echar a perder, de manera irreversible, a raíz de la reforma del delito de sedición.

Es público y notorio que cada vez se hace más intensa y reiterativa la presión europea sobre las autoridades españolas para que reformen el CGPJ, para que los delitos de sedición y rebelión se adapten a la normativa europea -cosa que los haría inservibles para sus propósitos.

El PSOE parece querer hacer las reformas necesarias para mirar de adaptarse a la normativa europea, ni que sea para mirar de hacer algo, ni que sea cosmética, del estilo de cuando escenificaron la concesión de los indultos para tapar las órdenes europeas. Pero el PP se niega repetidamente.

Los populares quieren que Sánchez hable en el congreso sobre el tema, también quieren que comparezcan el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Justicia, Pilar Llop, El PP exige que Sánchez se comprometa “por escrito” a no reformar el delito de sedición para retomar las negociaciones y renovar el CGPJ. Homologar el delito a Europa es una exigencia que el PSOE no tendrá más remedio que aceptar, no solo porque se comprometió en la investidura sino por la insistencia de Europa, más todavía después de los informes de la Comisión Europea de la semana pasada.

Según una interpretación muy extendida a la prensa y otros medios de comunicación en relación con la reforma del CGPJ -que es la madre del cordero-, el PP de Feijóo es prisionero de la extrema derecha y de la prensa ultra. Aun así, estas últimas horas llenas de rumores y artículos, como el de Nacho Escolar, empiezan a apuntar más arriba, a Felipe VI. En pleno corazón del régimen. De forma que la controversia sobre la situación real de Madrid empieza a ser mucho más que interesante.

La cosa se explica sencillamente. El septiembre del 2017 el régimen puso en marcha la maniobra para frenar la inminente independencia de Cataluña, una maniobra fundamentada tan solo en el uso de la violencia -antidemocrática-, por lo tanto. Lo hizo a partir de una argucia legal de Mariano Rajoy, pero también y sobre todo del discurso de Felipe VI el 3 de octubre. Y, si bien es cierto que la Guardia Civil y la policía nacional fueron los arietes de la primera fase de la operación, el ariete principal de la segunda fase. y hasta hoy, ha sido un poder judicial que, para poder hacer lo que hace, actúa sistemáticamente al margen de la legalidad europea.

Así pudieron usar los delitos de rebelión y sedición de una manera instrumental, no para impartir justicia sino con fines políticas -especialmente en el traslado irregular del caso al Supremo y el uso de la prisión preventiva como táctica para obligar a cambiar la actitud de los políticos y de los partidos catalanes.

El efecto político que quería conseguir el estado se ha conseguido. Pero olvidar, o ningunear, que el estado español ya no es autónomo jurídicamente y que resta sometido a las normativas europeas tiene un efecto bumerán que, a la vez, desestabiliza el régimen con una fuerza inusitada. El «problema catalán», sí, ha complicado mucho la vida en España estos últimos cinco años en el frente europeo e internacional.

De hecho, el PSOE ya habla abiertamente de golpe de estado para referirse a la actuación de la cúpula del poder judicial. Los socialistas, como que son más españoles que socialistas, esto no lo previeron el octubre del 2017, -cuando de hecho ya lo era un golpe de estado y le apoyaron. No lo olvidaremos nunca, pero hoy la cuestión no es esta. Hoy la cuestión es hacernos conscientes que todo esto pasa y, puede tener unas consecuencias imprevisibles.

España se mueve entre dos malas coordenadas. Por un lado, sabe que sin ejercer la violencia no puede impedir la independencia de Cataluña. Y, por otra, sabe que, para ejercer la violencia institucional, la violencia no son los botes de humo y las pelotas de goma, tiene que estar fuera del marco democrático y legal europeo. Simplemente porque, si acata el marco europeo, perderá las armas que le han permitido frenar de momento el proceso catalán.

Por ejemplo, no podría hacer uso de la prisión preventiva como incentivo político, tendría que soportar el retorno de los exiliados habiendo ganado estos la batalla, no podría perseguirlos y no podría oponerse a la solicitud pacifica de la independencia que, como aclaró la semana pasada el Consejo de Europa, es completamente legal siempre que no implique violencia ni atente contra los derechos humanos. El estado español no podría repetir las actuaciones contra el proceso el octubre del 2017 como hizo entonces.

Para todos aquellos que, careciendo de información y a la vez intoxicados por la caverna mediática, les aconsejaría de leer las opiniones del catedrático Javier Pérez Royo (La Nacional.cat) y del juez emérito del Supremo José Antonio Martin Pallin (diario ara.cat). Si eran contrarios a revisar el delito de sedición, es probable que cambien de opinión.

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