Uno de los grandes problemas a los que España tiene que enfrentarse es la situación de los conocidos como «medios de comunicación o información». Porque son los responsables de mantener informada a la población para que ésta pueda ejercitar su derecho a la libertad de pensamiento, que se fundamenta en poder acceder primero a información contrastada y veraz que les permita conformarse su criterio de manera libre. El problema, como muchas veces hemos planteado en este diario es cuando la «información» está adulterada, responde a intereses que van más allá del mero hecho de informar, llegando casi al punto de la manipulación: buscar que la gente tenga una opinión concreta.

Una cosa es la línea editorial de un medio, algo saludable cuando es plural en las distintas ofertas informativas, puesto que siempre es imprortante conocer la opinión de personas que conocen de primera mano un asunto y puedan darnos claves o estímulos para hacernos comprender la realidad, y otra muy diferente es infectar la información con datos manipulados o con la ocultación directamente de cuestiones importantes.

Hoy tenemos un ejemplo de cómo se puede pretender crear un estado de opinión a través de una información que se ha dado con una posible intencionalidad, y que ha resultado ser desmentida. El problema, como siempre, es si el desmentido tendrá el mismo recorrido que la «pretendida información». Porque es muy probable que la «pieza informativa» haya alimentado a un perfil determinado de consumidores, mientras que otro perfil bien distinto sea el que conozca del desmentido de la primera.

El diario que dirige Eduardo Inda ha publicado una pieza con el siguiente titular: «El Parlamento Europeo investigará si el estado de alarma de Sánchez ha violado derechos fundamentales»

Una noticia que ha sido rápidamente difundida y distribuida en redes sociales, y que se ha encontrado con respuesta directa, nada más y nada menos que del propio Parlamento Europeo:

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