Los negociadores del PP y Ciudadanos tienen la intención de “alcanzar un acuerdo este jueves para dar tiempo al PSOE a que lo analice”. Nadie entiende cómo en tan sólo veinticuatro horas ambas partes pueden llegar a un acuerdo global cuando subyacen serias diferencias en materia del contrato único, la bajada del IRPF, ayudas a autónomos, y cese de los imputados en causas por corrupción. Y, encima con el añadido de que la formación que lidera Albert Rivera ha mostrado su malestar porque los populares están negociando con el PNV y ha recordado que son incompatibles con los nacionalistas.
Los analistas políticos indican que lo que se pretende “es imposible” y empiezan a pensar que, en torno a estas reuniones, se “está haciendo un paripé”. Todo parece obedecer a una estrategia perfectamente calculada. Las presiones hacia el PSOE todavía no han concluido en la famosa llamada que Rajoy dice que va a hacer a Pedro Sánchez. Fuentes cercanas a la dirección del Partido Popular justifican tal circunstancia “en la necesidad de que Sánchez pueda examinar el acuerdo alcanzado con Ciudadanos”, otra de las maneras que el PP entiende de ejercer presiones sobre los socialistas.
Estos insisten en que no hay nada que hacer. Que se van a mantener en el no, tanto el 30 de agosto como el 2 de septiembre. Y, a partir de ahí, “se estudiará la posibilidad de convocar un comité federal para analizar el abanico de posibilidades abiertas tras la negativa parlamentaria a Rajoy”. Posibilidades que pasan desde la abstención en el caso de que el PP presente a otro dirigente, a una nueva intentona de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos, hasta nuevas elecciones y adelantar el calendario forzando la legalidad vigente para que no coincidan con el 25 de diciembre. Todo es posible.
Lo que está pareciendo un tanto surrealista es esta negociación que todavía se lleva a cabo. El punto primero del pacto anticorrupción firmado por Rajoy y Rivera y que, se supone, es “irrenunciable y no matizable” va a sufrir las correcciones oportunas, “los matices” que el dirigente popular avisó que habría que introducir: “la corrupción política se circunscribirá al enriquecimiento personal o la financiación ilegal. No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es”, asegura ahora el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. De aplicarse en esos términos, muchos imputados de las causas pendientes del Partido Popular, entre ellas las de Rita Barberá y Ana Mato, quedarían fuera del pacto. Es decir, no serían obligados a renunciar a sus cargos. Además, se está pactando que este acuerdo sólo afecte al “ámbito estatal” lo que excluiría del mismo a las corporaciones autonómicas y a los ayuntamientos.
En cuanto al capítulo social, la famosa “mochila austriaca” parece ser asumida por ambas partes por lo que se da vía libre al despido sin coste. Por el contrario, las ayudas para los autónomos quedan “aparcadas”, así como el complemento salarial para incrementar las retribuciones y permitir, con ello, la supervivencia del sistema público de pensiones. Supervivencia de la que, por cierto, nada se ha hablado.
De todas estas cosas sólo se ha hablado de “líneas rojas” para dar el sí en la segunda sesión de investidura, la del día 2. Pero tal y como se están desarrollando los acontecimientos parece que lo que se va a firmar, si es que se firma algo, es un paquete de medidas ambiguas, poco concretas y de escaso contenido. En otras palabras: un paripé de negociación
