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El padre del pequeño Xavi recurre la sentencia de los atentados de Barcelona con el objetivo de «saber la verdad» sobre lo ocurrido

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La sentencia sobre los atentados cometidos en Cataluña el verano de 2017, ha pasado casi inadvertida para la mayoría de la sociedad española.

Sin embargo, las partes han recurrido la resolución judicial, ya que consideran que la decisión del juez no hace justicia, sobre todo porque no ha querido investigar ni averiguar todo lo que se planteó en el juicio y que ha quedado sin resolver.

Hay quien ha pretendido burlarse de la línea de defensa que se ha planteado por parte del abogado de la familia del pequeño Xavi, el niño asesinado en Las Ramblas. Lo han hecho queriendo tildar de «conspiración» la batería de cuestiones presentadas y que el juez ha desestimado sin querer arrojar luz sobre ellas. Y no son cuestiones menores, porque dejan abiertas muchas incógnitas que deberían haber sido resultas, para que, por lo menos, no hubiera la más mínima duda sobre hechos de extrema gravedad que han quedado sin resolver.

¿Cuántas personas había en la casa de Alcanar antes de la explosión? ¿Cómo explicar la versión de algunos testigos de las fincas colindantes que vieron salir una furgoneta inmediatamente antes de la explosión? ¿Por qué la furgoneta del imán de Ripoll apareció aparcada en otro pueblo, sin huellas dactilares? ¿Cómo es posible que nadie responda de un supuesto informe de ADN practicado a unos supuestos restos mortales hallados en la casa, que no ha sido avalado por especialistas españoles? ¿Cómo puede eludirse la responsabilidad del control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la venta de material catalogado como peligroso y que necesita ser controlado para su venta? ¿Por qué mantenía relación el imán de Ripoll con el CNI? ¿Cómo explicar que el buzón muerto por el que se comunicaban hubiera estado en uso después de su supuesta muerte, como su teléfono móvil?

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Con todas estas preguntas sin contestar, porque desde el tribunal no se ha querido admitir la investigación de los distintos puntos que quedan sin resolver, es más que natural que las víctimas quieran conocer las respuestas. Ahora, cuando nadie va a devolverles a sus seres queridos, lo único que pretenden encontrar es la verdad.

Y precisamente en esta línea de defensa se fundamenta el recurso presentado hace escasos días por Jaume Alonso Cuevillas, el abogado que está defendiendo a la familia de Xavi Martínez.

El recurso se plantea en tres partes principales:

  • Dos de los acusados deberían haber sido condenados por delitos de asesinato, algo que no ha sucedido en la sentencia. Concretamente, MOHAMED HOULI CHEMLAL y DRISS OUKABIR. Procesalmente, la sentencia apunta que no era posible, algo que desde la defensa se rebate. Además, con los hechos probados en la sentencia, procede que sean condenados por asesinato, en particular, del pequeño Xavi.

«Sería un incongruente contrasentido haber permitir a esta parte
personarse como acusación particular ejercitando acciones penales y civiles,
obviamente referidas a la muerte del pequeño Xavi y, llegados a este momento,
después de que los padres de Xavi hayan soportado la aflicción y costes de personarse como acusación particular, decidir ex post que ello no era posible
» señala el recurso.

  • Responsabilidad civil del Estado: en su doble condición de legislador, al no haber tomado las medidas necesarias en la venta de precursores. Estando en alerta 4 antiterrorista, debería haberse puesto toda la atención en la venta y acceso a este tipo de materiales al que accedieron los terroristas. Según nos indican las fuentes consultadas, cabría plantear también la investigación de Don José Luis Oliveira, ex jefe de la UDEF, como responsable de los servicios secretos, que no fue capaz de prevenir ni prever el atentado.

«Respecto a la acción civil, entendemos asimismo que debe declararse la
responsabilidad civil del Estado por su inexcusable negligencia grave consistente en
no haber adoptado las cautelas normativas necesarias para prevenir la venta de los
explosivos que pretendían causar una masacre, dieron lugar a la explosión de Alcanar, y desencadenaron el plan de atropellos masivos en Las Ramblas, utilizando las furgonetas que habían sido alquiladas para desplazar los explosivos a la ciudad de Barcelona
» señala el recurso. Y añade: «Recordemos que el Estado español venía obligado a ello en méritos de las previsiones del Reglamento UE 98/2013 (que era directamente aplicable desde septiembre de 2014) y que no adoptó las medidas necesarias (que no fueron adoptadas sino hasta noviembre de 2017, es decir, después de los terribles atentados), pese a que España se hallaba en alerta 4 antiterrorista»

  • Insiste la defensa en el hecho de que en la Sentencia no ha quedado aclarado cuántas personas había en la casa antes de la explosión, habiendo diferentes versiones de los testigos que se contradicen. Señalan a la aparición de la furgoneta, al mal trabajo hecho con los restos de ADN, y por encima de todo, al derecho a saber la verdad que tienen las víctimas, en base al denominado «derecho fundamental de tercera generación». Se insiste en que se abra una causa para dilucidar todas estas cuestiones que no han sido aclaradas, que no se ha podido comprobar la muerte del imán.

El CITCO envió un oficio el 21 de agosto afirmando que el Imán había muerto, pero no había pruebas para hacer esta afirmación y los informes que se han hecho analizando los resultados de ADN no han sido respaldados por expertos peritos españoles. Se pide que las dos peritos marroquíes acudan a declarar para ahondar en qué términos y condiciones se hicieron las pruebas de ADN. Precisamente porque expertos españoles han considerado que el informe carece del rigor necesario.

«El informe de los peritos marroquíes, incluso teniendo en cuenta ese email y el
documento anexo de 25 de agosto de 2017, no cumple los estándares ni científicos ni jurídicos exigibles para una comparativa de ADN»
indica el recurso.

En conversación mantenida por parte de este diario con la defensa de la familia de Xavi, el derecho a saber la verdad de todas estas cuestiones es ahora mismo el objetivo de las víctimas, que no dejan de hacerse preguntas que no encuentran respuesta. Pretender cerrar todas estas incógnitas que siguen abiertas sin dar la más mínima prueba ni argumento válido, cierra en falso un terrible hecho que se ha cobrado la vida de varias personas.

«Es inadmisible que se pretenda tachar de conspiración lo que son dudas más que razonables, lo que cualquier persona en estas circunstancias querría saber», nos comenta una fuente directa que trabaja en este caso.

Precisamente para intentar encontrar todas las respuestas el recurso ha sido presentado y se espera la respuesta por parte del Tribunal.

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