Los portavoces de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo han llegado a un principio de acuerdo sobre el borrador, donde se plasmarán las cerca de una veintena de recomendaciones, que sirve para reformar el sistema público de pensiones.
Fuentes parlamentarias han explicado que se han producido algunos cambios en las recomendaciones acordadas, pero que no será hasta el próximo martes cuando se vote el texto definitivo, que será elevado al Congreso y posteriormente al Gobierno.
El texto aun es débil, pero se confía en que obtenga el respaldo mayoritaria de los todos los grupos parlamentarios. Según algunas fuentes, el partido Popular podría haber comprometido su apoyo a que el Gobierno pacte con patronal y sindicatos en la Mesa del Diálogo Social, el nuevo mecanismo por el que los autónomos cotizarán por sus ingresos reales.
Entre las recomendaciones que las que se ha llegado a un principio de acuerdo susceptible de cambios de ultima hora, se comienza rechazando los cambios extremos del actual sistema público de pensiones, que coinciden en preservar y reforzar financieramente para mantener sus sostenibilidad en el medio y largo plazo.
Proponen que se escojan los mejores 25 años de cotización
Recomiendan un mejor desarrollo de un sistema complementario de pensiones en el plano privado, especialmente, en el ámbito de los planes colectivos en el seno de las empresas, los denominados planes de empleo.
En el resto de las recomendaciones está la única que logró acordarse públicamente en la legislatura anterior, la revalorización por ley de las pensiones vinculada a la suba el IPC, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Ha sido el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ya avanzó la intención del Gobierno de incluir en enero, esta recomendación en la ley, El indicador quedaría permanentemente vinculado a la revalorización de las pensiones, y se acabaría con la ridícula subida del 0,25% del PP.
Déficit de la seguridad social
El borrador también de detiene en separar la financiación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que sean los Presupuestos Generales los que paguen estos gastos, que ahora son sufragados con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras.
Proponen el traslado de los gastos no contributivos al Estado para que se financien con impuestos y fijan el horizonte de 2023 para el saneamiento de la Seguridad Social.
Otra de las recomendaciones que proponen es que se escojan los mejores 25 años de cotización. Con ello se persigue cubrir las posibles lagunas que cada vez más trabajadores tienen en sus últimos años de vida laboral, sobre todo los que se tiene que prejubilan antes de tiempo y que han cotizado más de 40 años.
Para compensar este gasto, las recomendaciones profundizan en el fomento de la dilación de la vida laboral, con medidas para estimular que la edad real de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal u ordinaria fijada para cada momento, incluyendo una mayor penalización de las jubilaciones anticipadas. El texto recoge “la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización”.
