Pasado el debate bizantino sobre la Ley Trans, el Gobierno de coalición ha empezado una nueva guerra interna, esta vez a cuenta de la Ley de Vivienda. Así va este Ejecutivo de izquierdas, de pelotera en camorra hasta el final. Esta vez las hostilidades prometen ser todavía más cruentas, ya que si la legislación que debía regular los derechos de las personas transexuales se situaba en el terreno eminentemente ideológico entre feministas y transgeneristas, en el asunto de la vivienda se está jugando con las cosas del comer, de modo que el navajeo en el Consejo de Ministros está más que asegurado.

Unidas Podemos ya ha advertido que no está dispuesto a aceptar un texto que no incluya un límite claro a los aumentos en el precio de los alquileres, una exigencia con la que no piensa transigir el PSOE. La tensión es máxima, ya que el contexto, el escenario político, no invita a un clima de entendimiento y desescalada entre socialistas y morados. Con las barricadas todavía humeantes en las calles de Barcelona tras las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél (un episodio que ha venido a dividir aún más las dos almas del Gobierno de coalición), cualquier chispa puede encender el enfrentamiento.

Además, en el partido de Pablo Iglesias hay recelo y suspicacia ante un posible acuerdo del PSOE con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que llueve sobre mojado. Iglesias siempre ha dicho que su línea roja irrenunciable es que Pedro Sánchez no se deje contaminar por la derecha (ni populares ni Ciudadanos) y que prefiere avanzar en la reforma exprés que permita la elección del órgano de Gobierno de jueces y magistrados sin necesidad de contar con el principal partido de la oposición. Pero tras algunos tirones de orejas de la Comisión Europea sobre las garantías de imparcialidad del estamento judicial, el presidente se anda con pies de plomo a la hora de poner en marcha esa normativa que podría ser considerada por Bruselas como demasiado intervencionista (incluso con tintes chavistas), por lo que tiene de intento de control gubernamental de la judicatura.

De modo que la tregua o alto el fuego que se había firmado el lunes entre ambos socios de Gobierno ha durado dos telediarios. Si se sondea a ambas partes queda claro que hay intención de volver a las navajas. Ya no se disimulan las rencillas, y unos y otros duermen con las escopetas cargadas. Un día el partido de Iglesias asegura que Sánchez aguantará las presiones de Pablo Casado y no les traicionará –aceptando que finalmente haya al menos un par de vocales podemitas en el CGPJ–, pero al siguiente vuelven a las andadas. Es como lo del dúo Pimpinela, pero más cainita y fratricida si cabe.

Hoy mismo, y para evitar que Sánchez pueda caer en tentaciones neoliberales con la Ley de la Vivienda, Pablo Echenique le ha lanzado un claro mensaje al presidente del Gobierno desde la tribuna de oradores de las Cortes: el derecho a un hogar digno es innegociable y el Ejecutivo de coalición puede peligrar si el PSOE se pliega a las exigencias de los poderes económicos (en este caso el sector del ladrillo) que sienten alergia ante cualquier medida de intervención estatal en el mercado de los alquileres. “No solo nos jugamos el futuro del Gobierno de coalición, sino el futuro del país”, ha aseverado Echenique trazando no ya una clara línea roja, sino una trinchera como las ardientes barricadas de los anarcos antisistema que están reduciendo a escombros y cenizas el barrio de Grácia de Barcelona. Para rematar, Iglesias ha echado más leña al fuego al asegurar que los socialistas “tensionan” la coalición cuando incumple los pactos firmados. 

La advertencia de Echenique es un verdadero órdago a su socio de Gobierno. Esta vez la cosa va muy en serio y Podemos exige al PSOE que cumpla con lo acordado en el programa de coalición. De momento, Sánchez acaba de decir en el Congreso de los Diputados que está “satisfecho” con la experiencia de cohabitación del último año (la afirmación suena a coña visto el historial de trifulcas y sobresaltos del gabinete rojo) y que a ambos socios les une la agenda común para cumplir con las reformas que necesita el país en los próximos tres años. Pragmatismo ante todo. Ahora bien, los socialistas siguen en el mismo punto de rechazo a una limitación en el precio de los alquileres que consideran introduciría elementos de distorsión y disfunción en el mercado inmobiliario. Hace solo unas horas, el ministro José Luis Ábalos ha rechazado el control de precios en los arrendamientos y ha apostado por promover incentivos fiscales, para los cuales aún espera el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Queda claro que nos encontramos ante un nuevo choque entre las izquierdas ante un problema que España sufre como pocos países en Europa. Pero en todo contrato hay que ir a la letra, no solo la pequeña, sino a las cláusulas generales, y a lo que se plasmó en negro sobre blanco en aquel documento suscrito entre los dos coaligados. En concreto, en el acuerdo se establece que “se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. Es decir, Sánchez no puede decir ahora que aquello no se pactó. La regulación se acordó y lo que se contrata se cumple, eso se sabe por el Derecho Romano. Otra cosa es que el escenario haya cambiado y la estrategia de marcar diferencias con Podemos (quizá sugerida por el gurú monclovita Iván Redondo) tras la semana negra por el caso Hasél y las críticas feroces de Iglesias contra la calidad de la democracia española aconsejen cambiar de caballo a mitad de carrera. Pero lo que se firmó se firmó. Y es de trilero y de mal pagador no cumplir los compromisos.

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