Ningún puerto europeo se ha ofrecido de momento a acoger a las 121 personas rescatadas hace unos días por el buque Open Arms, que en este momento se encuentra a 28 millas del puerto de Lampedusa. A bordo hay menores, mujeres embarazadas, víctimas de violación y torturas. Óscar Camps, presidente de la oenegé, ha vuelto a denunciar la dramática situación que se vive a bordo de una embarcación que va a la deriva sin que a nadie parezca importarle. La Italia xenófoba de Matteo Salvini ya ha amenazado con imponer una multa de 500.000 euros al barco solidario si atraca en algún punto de su territorio y Malta también se desentiende, manteniendo una vergonzante e inhumana posición política.

Mientras tanto el patrón del Open Arms ha pedido a España que abra sus puertos –Valencia, Barcelona y Euskadi estarían dispuestos a recibir a los migrantes– y que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez denuncie ante los tribunales europeos de Justicia que velan por el cumplimiento de los derechos humanos la barbarie que supone negar un salvamento marítimo con vidas humanas en juego. De momento España no está por la labor de judicializar el caso, ya que esa medida provocaría un cisma en la UE a cuenta de la política migratoria. Así que la posición de nuestro país, por el momento, sigue siendo que primero Italia y Malta deben cumplir la ley y el Derecho Internacional permitiendo la entrada del barco en el puerto más cercano por razones humanitarias. El Ejecutivo español reivindica además que la solidaridad no debe ser voluntaria sino “obligatoria” y que el reparto de responsabilidades no tiene que limitarse al Mediterráneo Central, sino contemplar también a los rescatados en el Estrecho y el Mar de Alborán.

De momento la UE se ha puesto de perfil bajo el argumento de que debe ser cada país miembro quien proponga el reparto proporcional de los rescatados una vez sean desembarcados. La solicitud a la Comisión Europea, según informa el diario El País, la formula normalmente el país que recibe a los migrantes. Es entonces cuando se inicia una ronda de contactos en Bruselas para coordinar la distribución en diferentes países de los migrantes rescatados. “Esta fórmula, improvisada, voluntaria y lenta, ya que suele arrastrarse al menos una semana, es la única que viene funcionando desde que se consolidó la política de puertos cerrados en el Mediterráneo Central hace ya un año”, añade el rotativo madrileño.

Pero no se trata solo de la carencia de un mecanismo eficaz de actuación o de un protocolo que se active de forma automática cada vez que se produce un naufragio en el Mediterráneo. En el fondo subyace una falta de voluntad política, una ideología filosófica y moral basada en principios xenófobos que rechaza al inmigrante como lo rechaza el Gobierno norteamericano de Donald Trump. Y mientras el tiempo pasa, mientras los rescatados del Open Arms siguen sufriendo las secuelas del naufragio y las excusas se agotan, la Comisión Europea afirma no haber recibido hasta ahora ninguna petición para negociar la reubicación de los rescatados y acabar así con el bloqueo. Es decir, entre unos y otros se pasan la patata caliente en un asunto que urge una solución, ya que todas las personas que van a bordo necesitan atención médica y psicológica inmediata, algunas con heridas graves (incluso de bala), otras con estrés postraumático y secuelas de torturas sufridas en Libia.

Tras una semana en alta mar el Open Arms sigue buscando un puerto y el único mensaje que llega a su puente de mando es el aviso de la Dirección General de la Marina Mercante de que le impondrá multas de hasta 901.000 euros en caso de atracar en un puerto con los 121 rescatados. Cabe recordar que a finales de julio, Salvini impidió el acceso a 116 personas auxiliadas por la propia Guardia Costera. Semanas antes, el buque Sea-Watch permaneció 14 días a la deriva tras salvar a 42 migrantes hasta que su capitana, Carola Rackete, desafió la prohibición de entrada por la emergencia humanitaria que se desató a bordo.

Lo único cierto a fecha de hoy es que Óscar Camps y su barco seguirán rescatando personas pese a las sanciones que puedan caerle. “No tiene sentido que nos multen. Sería inverosímil y fácilmente recurrible”, asegura el presidente de la oenegé.

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