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El Odebrecht criollo

Argentina es un país que no da descanso

Eduardo Rivas
Licenciado en Ciencia Política
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análisis

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Mientras algunos nos centrábamos en la discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Parlamento, que según las últimas declaraciones, paradójicamente, sería abortada por la oposición de una mayoría de legisladores, en especial de la Unión Cívica Radical miembro de la Internacional Socialista, que promueve este tipo de derechos. Otros, focalizaban en la reforma de las Fuerzas Armadas anunciada y decretada por el Presidente Macri, que ordena su accionar y las refuncionaliza, lo que para muchos es darles la posibilidad de accionar internamente, algo que ya hicieron durante el gobierno de Cristina Fernández, aunque en esos momentos no se lo criticaba sino que se lo estimulaba. Paralelamente ciertos sectores de la oposición investigaban el financiamiento electoral de la coalición gubernamental, a cuyos dirigentes aún les falta aclarar lo ocurrido, e incluso había quienes se concentraban en la economía y sus altibajos (más bajos que altos) y la nueva política aerocomercial que, al quitar los montos mínimos del precio de los pasajes, hizo que los tickets aéreos de cabotaje cayeran hasta en un 50%. Y mientras todo ésto pasaba, el país amaneció con la noticia que se habían detenido a importantes funcionarios del gobierno anterior y a responsables de las principales empresas constructoras que se beneficiaron de contratos con el Estado, lo cual hizo que lo anterior pasara todo a un segundo plano.

Había estallado un Odebrecht criollo.

Tras una investigación originada en una denuncia periodística a partir de datos aportados por la ex esposa de uno de los involucrados, la Justicia determinó que había importantes sospechas de la existencia de una asociación ilícita constituida para asignar obras públicas a empresas cercanas y éstas, pagaban retornos a los funcionarios involucrados. Un sencillo entramado de corrupción y coima, que aparece detallado minuciosamente en ocho cuadernos escritos por el chofer de uno de los principales involucrados, quien era el encargado de llevar bolsos cargados de billetes de un lado para otro. Cobranza y reparto.

La primera reacción fue creer que era una ayuda judicial para distraer la atención de la ciudadanía puesto que los principales involucrados son ex funcionarios del peronismo, pero la realidad es mucho más compleja puesto que entre los detenidos hay importantes directivos de, por ejemplo, una empresa constructora que perteneció a la familia del Presidente de la República.

Si la documentación que se presentó periodísticamente es válida ante la Justicia, el caso tomaría un vuelo igual o peor que el adquirido por el Lava Jato en Brasil, puesto que se exhibieron cuadernos en donde el chofer de uno de los implicados en la denuncia de corrupción habría anotado, día a día, todas y cada una de sus tareas laborales que incluían el traslado de funcionarios públicos y bolsos con dinero entre dependencias oficiales y residencias particulares, incluida la de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Si no lo es, sería de inusitada gravedad por la farsa que sería la falsificación de esta documentación.

Aunque, con una lentitud extrema, la Justicia parece avanzar en pos de esclarecer numerosas denuncias periodísticas y más numerosas aún, sospechas populares. En un país en donde casos paradigmáticos de corrupción llevan más dos décadas a la espera de una sentencia firme y uno de los condenados, el ex presidente Carlos Menem está condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por el contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador cuando Argentina era garante del Tratado de Paz entre este país y Perú, y que ocupa, desde hace trece años, una banca en el Senado de la Nación con sus correspondientes fueros. Que en casos como este se avance jurídicamente cuando ‘apenas’ pasó poco más de una década, es un enorme paso adelante.

Falta mucho aún por conseguir para que la ciudadanía vuelva a confiar en la Justicia y en los jueces, siempre sospechados de actuar de acuerdo al interés del gobierno de turno. El Poder Judicial con este tipo de acciones en las que no se mira el documento de quien es acusado sino que se avanza en pos de la obtención de justicia, caiga quien caiga, comienza a recuperar terreno.

Falta mucho aún, pero es un buen comienzo.

 

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