Desde el Observatorio Madrileño de Salud señalan los graves problemas de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid y apuntan como causa la «crónica infrafinanciación» y que deriva en el deterioro continuado de la Atención Primaria con unos recursos humanos bajo mínimos y serios problemas de accesibilidad de la población, con demoras entre 15 y 30 días para las citas, que además son mayoritariamente telefónicas.
La dejadez y los recortes de la administración de Isabel Díaz Ayuso ha llevado a un aumento muy significativo de las listas de espera, que están en cifras record.
Además, el colectivo recuerda que siguen cerrados los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) desde marzo de 2020 pese a las promesas realizadas de abrirlos en septiembre, y la implantación de videoconferencias en la atención de urgencias hospitalarias, etc.
El Observatorio Madrileño de Salud, una vez detalladas las graves deficiencias detectadas en el Servicio Público de Salud de la comunidad, exigen:
- Una financiación suficiente de la Sanidad Pública que asegure un 25% de los presupuestos sanitarios destinados a Atención Primaria.
- Apertura urgente de todos los SUAP cerrados en las mismas condiciones en que estaban anteriormente, cuando menos, aunque lo deseable es que se reforzaran las plantillas y equipamientos de los mismos.
- Garantizar citas en Atención Primaria en 48 horas con atención presencial cuando así sea solicitado por los pacientes, con el aumento de plantillas necesario
- Atención presencial en todas las urgencias hospitalarias y evitar los sistemas de videoconferencias que deterioran la calidad en la atención médico-paciente.
- Realizar un Plan para atender a las listas de espera que pase por una utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública dotándola de los medios necesarios.
Desde el Observatorio creen que no se puede seguir con una política sanitaria de recortes y privatizaciones que desatiende las necesidades de atención de la población y que pone en grave riesgo su salud y afirman con rotundidad que «es urgente dejarse de promesas, generalmente incumplidas, y tomar medidas concretas para responder al derecho constitucional de protección de la salud» y advierten que «en caso contrario propiciaremos las movilizaciones sociales y profesionales necesarias para lograrlo».
