El pasado 2 de septiembre escribí en este periódico sobre El reparto de los jueces, creyendo que al fin se habían puesto de acuerdo los padres de la patria en cumplir con un precepto constitucional que lleva dos años infringiéndose, sobre la obligada renovación de los miembros del Consejo General de Poder Judicial. Pero no. Al final, que si para ti, si para mí, si éste entra, si el otro no.

Y seguimos igual o peor, porque ahora el Gobierno quiere aprobar una ley reduciendo el quorum preciso para nombrar a doce de ellos, y salir del atolladero.

Y se ha vuelto a armar otro revuelo, ahora sobre si se puede o no hacer eso. Lo cierto que es los medios están revueltos y el personal no se aclara. Casi todos los conocidos, vecinos y parientes me preguntan sobre lo que está pasando, porque no entienden nada, salvo que los “de arriba” tiene otro motivo más de discusión.

Lo triste del caso es el fondo el asunto sigue sin resolver en cualquiera de las posiciones pretendidas. Repetiré aquello de un ministro del PP que era preciso terminar con el obsceno espectáculo de políticos nombrando a jueces, que a su vez tendrían que juzgar a los políticos, con el añadido de los que querían terminar con los fueros e inmunidades y ahora se acogen a él. ¡Vaya panorama!

Cualquiera que sea la fórmula que al fin de adopte para el nombramiento de tan discutidos vocales del C.G.P.J. seguiremos con el “obsceno espectáculo”, que nos está dando una vez más la clase política que se supera cada día,  porque tanto si llega a prosperar, la nueva fórmula de precisarse menos votos, que pretende unos, como la vigente del quorum reforzado de los 3/5, que pretenden los otros, la politización del órgano en cuestión seguirá dentro de aquella vergüenza.

 En cualquier caso, pues, esa perversión que se viene sucediendo desde que un gobierno, creo que fue en 1985- año mas o menos da igual- arrimó el ascua a su sardina de la mayor influencia sobre los jueces,  ha venido bien a todos los que se han sucedido, con la que se han encontrado a gusto , sin percatarse de que podía originar un bloqueo como el actual, que es también  obsceno y vergonzoso, tanto como la consideración a la que han llegado sobre juristas de reconocido prestigio para poder ser nombrados, que se ha convertido en juristas de su cuerda, aunque fueran de cero prestigio como alguno de los nombrados.

Y aquí estamos una vez más, los sufridos votantes, no me atrevo a llamarnos ciudadanos, porque más bien somos súbditos de gobiernos que nos viene utilizando para votar a sus elegidos en las listas cerradas, y luego hacer de su capa un sayo, como lo están haciendo ahora con el asunto tan serio de los jueces con el que están jugando a marear la perdiz, de si los tuyos o los míos, sin que importen para nada los mandatos de renovación temporal impuestos constitucionalmente.

En el momento actual el  asunto es más serio todavía, por la situación en la que se encuentran los juzgados y tribunales. A sus ya dilaciones endémicas se han venido a sumar las derivadas de la pandemia que sufrimos, que convertirá a aquellas dilaciones en atascos, exigentes de soluciones decisivas que han de venir de los organismos rectores, ahora en vía muerta. Pero no hay que preocuparse. El ministro de justicia ha descubierto los “pleitos testigos” que pueden solucionar asuntos masa, en una salida rápida y expeditiva. Antes de adoptarla, debería pedir informes responsables para no complicar la cuestión, aunque pienso que solo se quedará en eso: un mal pensamiento derivado de la enorme confusión actual, que como siempre la pagará el justiciable.

Las asociaciones de jueces también protestan, más o menos, según la solución a adoptar, alcanzándoles las obscenidades por sus manejos para colocar a los suyos. Sería tan sencillo como dejar a los jueces de a pie,  con los que ahora no se cuenta, cuando en realidad sería los idóneos para elegir entre ellos a sus representantes, tal como lo fue inicialmente antes de que metiera la clase política sus manos pecadoras, para enturbiar una vez más asuntos y temas tan simples, como el de quién ha de nombrar a sus órganos de gobierno.

Y para el turno de juristas de reconocido prestigio, sería tan sencillo como nombrarlos las  Cámaras Legislativas a propuestas de Academias, y Colegios profesionales, pero eso no interesa porque menoscaba el poder de los que quieren mandar. Así de simple. Si lo queremos complicar aludiríamos a la División de Poderes, exigencia de cualquier democracia que se precie. Pero eso ya se sabe que lo predicaba Montesquieu que murió hace mucho tiempo, y bien enterrado  está.

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