El nombramiento del general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villaroya como nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) ha removido a los sectores más conservadores del Ejército, insatisfechos con la gestión de este alto mando en el polémico asunto del manifiesto en memoria de Franco firmado en julio de 2018 por decenas de militares.
Hasta hoy Villaroya, catalán con una amplia trayectoria en misiones nacionales e internacionales, era director del Gabinete Técnico, donde asumió un difícil encargo: depurar responsabilidades contra los militares que firmaron el documento de exaltación al dictador. La polémica carta que circuló por los cuarteles bajo el título Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España, terminó viendo la luz durante el proceso de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. En ella los suscriptores denunciaban la “campaña infame” que está llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar a Franco a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus huesos de la Basílica de Cuelgamuros.
Aquel turbio episodio supuso la apertura de un expediente de investigación contra cinco reservistas y al menos cuatro de los mandos militares impulsores del manifiesto fueron sancionados, según informó en su día el diario El País citando fuentes del Ministerio de Defensa. En agosto de 2018, Defensa ordenó que se nombrara al correspondiente instructor para asumir la pertinente investigación, cuyo encargo bajo la categoría de “información reservada” recayó en el teniente general Miguel Ángel Villarroya. El instructor tomó declaración a los cinco firmantes del manifiesto con vinculación profesional con el Ministerio de Defensa, todos ellos en situación de reserva, tal como publicó el diario digital Infolibre.
El nombramiento de Villaroya como nuevo JEMAD obedece a la confianza que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene depositada en él. Pero un sector del Ejército no parece estar de acuerdo con la forma como se resolvió aquel episodio y en algunos foros y páginas webs se puede constatar el malestar. “Veamos el comportamiento del teniente general Villarroya en el caso de los firmantes de la Declaración en defensa y respeto de la figura militar de Francisco Franco, que no manifiesto. Fueron más de mil los militares retirados firmantes –toda una verdadera encuesta de opinión–, bien que entre ellos, debido a los acusicas de costumbre, se detectó la presencia de unos pocos en la reserva contra los que se ha querido cargar, para lo cual encargó el asunto a Villarroya; entre otras cosas porque está en el despacho de al lado y porque entre los firmantes había algunos generales”, se puede leer en la web El español digital. Según este denunciante, a Villarroya le hubiese resultado muy fácil explicarle a la ministra Margarita Robles que en el manifiesto “no había ilícito alguno” y que no se vulnera la “neutralidad política ni por asomo”. “Como no lo hizo, Villarroya abrió una investigación previa, la cual ha estado repleta de negligencias, falacias, estupideces, cobardías, ineptitudes e infamias”, añade el firmante en la citada web digital.
Resulta más que evidente que en el seno del Ejército hay un problema no resuelto con el asunto del famoso manifiesto en honor a Franco. El ascenso de Villarroya al puesto de JEMAD no ha gustado en ciertos sectores castrenses ultraconservadores y esa disconformidad ha estallado en las redes sociales.
Se da la circunstancia de que el Ministerio de Defensa no llegó a comunicar las sanciones impuestas a los expedientados por el manifiesto de apoyo a Franco (un teniente coronel, dos comandantes y dos capitanes), amparándose en su carácter confidencial, pero la ley disciplinaria de las Fuerzas Armadas castiga con multa de ocho a 14 días las faltas graves de las que fueron acusados: “Hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo a través de los medios de comunicación social” y “efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical”.
El manifiesto profranquista dio lugar a otro documento de signo opuesto firmado por militares contrarios a rendir honores a la memoria del dictador. Así, una veintena de oficiales, guardias civiles y viudas de mandos demócratas suscribieron un escrito en el que subrayaban que el dictador no merecía respeto ni desagravio sino la “repulsa más absoluta”. El Ejército de Tierra también sancionó a los promotores de aquel otro texto, alguno de los cuales terminó rubricándolo con la coletilla “Salud y República”.
