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El moritorio de las residencias en Cataluña

El Capital considera mercancía todo lo vendible, incluyendo a los seres humanos –la historia de la esclavitud es suficiente demostrativa-, pero el caso de los ancianos, los más vulnerables después de los niños, es el escándalo más grave que estamos viviendo, en este país que llaman democrático, del continente más rico y avanzado del mundo, perteneciente a la Unión Europea, paladín de la defensa de los derechos humanos

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La pandemia del Covid19 está siendo muy oportuna para los directores de las residencias de ancianos. Si antes de este periodo siniestro que se nos ha venido encima, esos asilos eran los almacenes de viejos y viejas que su familia no quería o no podía tener en su casa, ahora son los moritorios en donde se extinguirá pronto una generación.

Dado el proyecto de la Generalitat de Cataluña de privatizar lo poco que queda de sanidad pública, siguiendo el plan de Artur Mas cuando se hizo con la Presidencia, las residencias de la Seguridad Social son empresas, con ánimo de lucro, a las que llaman “concertadas”, porque cambiar el lenguaje forma parte del objetivo de engañar a la ciudadanía, que paga el Estado.

Como supongo que para nadie es un secreto que la empresa lo que persigue es el beneficio, las residencias son edificios situados en las afueras de las ciudades, por lo que llegar hasta ellas cuesta 20 euros de taxi o una hora en varios metros, con habitaciones compartidas y apenas unos metros cuadrados de patinejos con cuatro árboles a los que llaman jardines.

Mientras las medidas de seguridad contra el contagio no se habían implantado, los y las residentes tenían el consuelo de las visitas de sus familiares, pero en esto nos invadió el virus, y los responsables de esas instituciones han decidido confinar a los internos en sus habitaciones, sin derecho a recibir a visitas. Lo más esperpéntico de todo es que ni siquiera quieren pasar las llamadas a las habitaciones con el argumento del virus, que debe ser el más peligroso e inteligente de todos porque contagia a través de la línea telefónica.

Los directores, administradores, regidores, gerentes, o como se llamen, de esas cárceles, creen que son los señores feudales de la Edad Media. Cuando se intenta visitar a los allí prisioneros, aunque se sea familiar, te encuentras con la negativa rotunda de la recepcionista, el trabajador social, la enfermera y al final la doctora, que también manda, alegando el interés primordial de la salud y de la vida.

Ninguno de esos personajes conoce los derechos constitucionales ni les importan, no han oído hablar, ni les importa, de la sentencia de Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el decreto de alarma que impuso el confinamiento a la población, y son desdeñosos e impertinentes cuando alegas el derecho de movilidad que tenemos todos los españoles y que nos garantiza la Carta Magna. Menos los encarcelados en esas residencias.

Supongo que las escalofriantes imágenes de los cadáveres encontrados por el ejército en varios asilos de ancianos en Madrid han convencido a los que gestionan los de Barcelona de que la mejor medida para no tener una publicidad tan negativa es encerrar a sus pupilos y no dejarles salir de la habitación ni relacionarse con nadie del exterior.

Si la capacidad cognitiva de los que se ven obligados a recurrir a esa protección, que parece la caridad del medievo, está ya deteriorada antes de ingresar, ese régimen de encierro y aislamiento solamente igualado por la celda de castigo de las prisiones, les conduce a la depresión y la demencia senil. Y da más argumentos a los administradores para no atender sus reclamaciones. Como la mayoría padece también debilidad muscular, en vez de proporcionarles la rehabilitación adecuada continuada, los atan a las sillas. Y los médicos son los cómplices necesarios para diagnosticar la incapacidad mental del recluido. He tenido que intervenir en más de un caso y lo sé bien.

Pero cuando un preso es castigado en la prisión con el encierro en una celda de aislamiento tiene el derecho de recurrir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y después a la Audiencia. En las residencias no. Los internados allí no tienen derecho de recurso porque no se sabe a quién recurrir. Las visitas son rechazadas en el vestíbulo, aunque estén protegidas por la mascarilla y se les puede tomar la temperatura, como se está haciendo en los comercios y edificios y empresas. En los restaurantes entramos todos, jóvenes y viejos, conservando únicamente la protección facial. 

De cuando en cuando se publica en los medios de comunicación alguna información al respecto. Sin demasiado relieve, a menos que los cadáveres ya huelan, y enseguida se apaga el interés público. Mientras tanto las empresas, que pueden ser consorcios multinacionales, a los que la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña ha concedido la explotación del negocio, ganan más reduciendo el personal sanitario. Por tanto, es imposible que se proporcione a cada asilado la atención necesaria. Una mini rehabilitación física se les dispensa dos días a la semana, el resto de su tiempo tienen que pasarlo encerrados en su celda-habitación.

Cuando algún familiar, que todavía quiere a su deudo, protesta tímidamente, se les aplaca por el personal administrativo diciéndoles que estamos en confinamiento, cuando es falso. Pero así la propiedad se ahorra trabajadoras sociales, enfermeras y limpiadoras. El negocio es redondo.

De la inspección sanitaria que debería actuar no se sabe nada. Como tampoco de lo que nos cuesta a los contribuyentes el mantenimiento de esos negocios, ni de las comisiones que se hayan pagado por las concesiones. En todo caso, si esa situación lleva a la muerte anticipada de las víctimas, el Estado saldrá ganando porque se ahorrará la pensión, una de las graves preocupaciones actuales de nuestros gobernantes.    

Ya sabemos que el Capital considera mercancía todo lo vendible, incluyendo a los seres humanos –la historia de la esclavitud es suficiente demostrativa-, pero  el caso de los ancianos, los más vulnerables después de los niños, es el escándalo más grave que estamos viviendo, en este país que llaman democrático,  del continente más rico y avanzado del mundo, perteneciente a la Unión Europea, paladín de la defensa de los derechos humanos.

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1 Comentario

  1. Una denuncia valiente de la insobornable feminista Lidia Falcón.

    En su magnífico artículo, deja claro cual es la situación de quienes tienen la desgracia de pasar los últimos años de su vida en las residencias de la red pública o concertadas, auténticos cementerios de elefantes.

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