El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá mañana a la cumbre de los países del Sahel y no se espera que cumpla con sus obligaciones como líder político de la potencia administradora del Sáhara Occidental. España, desde la muerte de Franco, ha mantenido una estrategia de dejar de lado al pueblo saharaui frente a la ocupación ilegal por parte de Marruecos del territorio. En este sentido, sorprende cómo en el XXXIX Congreso del Partido Socialista estuvieran presentes representantes del Sáhara Occidental y, una vez alcanzado el Gobierno, se hayan vuelto a alejar las posturas de defensa de los derechos del pueblo saharaui.
Sorprende aún más cuando en el año 2014 el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, dictó un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Penal, en la que afirmaba lo siguiente: «España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento».
El auto añadía, además, que «el estatus jurídico del Sahara occidental en los términos que se indican por el Ministerio Fiscal se corresponde con el que se hace constar en el escrito de fecha 29 de enero de 2002 dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el Secretario General adjunto para los asuntos jurídicos, que expresamente se recoge en los antecedentes de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
En el mismo auto, se reproducen las conclusiones de la Fiscalía respecto al Sáhara Occidental. En primer lugar, el Ministerio Público determina que el territorio era la provincia 53 de España, con representación en las Cortes. En segundo término, el Estado español reconoció en Naciones Unidas su papel de potencia administradora. En tercer lugar, hace referencia a cómo la ONU «ha mantenido una posición uniforme sobre el “Acuerdo Tripartito de Madrid” al dictaminar que el mismo es nulo, sin eficacia jurídica, en consecuencia, siempre ha considerado a España como la Potencia administradora».
Sin embargo, España continúa dando la espalda a sus obligaciones respecto al Sáhara Occidental y sometiéndose a las pretensiones de Marruecos respecto al territorio, por más que las decisiones tanto de la ONU como de los tribunales determinan que se están incumpliendo con las obligaciones establecidas por el derecho internacional.
Ha llegado el momento de que España, con un gobierno progresista a la cabeza, asuma sus responsabilidades y reconozca la autodeterminación del Sáhara Occidental. La cumbre de mañana es una buena oportunidad. ¿La aprovechará España?
