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El ministro de Agricultura anuncia la transposición de una directiva europea que garantizará la protección de los productores del sector agrícola y ganadero español

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análisis

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«La situación agraria es crítica» ha señalado el diputado Joseba Andoni Agirretxea, de EAJ-PNV al inicio de su intervención. Ha preguntado al ministro sobre la situación generada tras la pandemia de COVID-19, que se está agravando cada vez más: los precios de los productos suben mientras lo que reciben los agricultores bajan. Por eso ha querido saber qué medidas tomará el Gobierno con el fin de garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias.

El ministro de agricultura, pesca y alimentación ha reconocido que, efectivamente, el pasado 25 de febrero el gobierno aprobó un Decreto Ley que introducía el hecho de que los costes de producción deben ser inferiores al precio de venta de los productos. Pero ha anunciado que en los próximos días se presentará el anteproyecto de ley que transpone una directiva europea para intentar responder a los problemas fundamentales: desequilibrio de la cadena alimentaria, transparencia en la formación de precios y la protección a quien es el eslabón más débil (agricultores y ganaderos).

Desde el PNV comparten la necesidad de incorporar mecanismos que garanticen la protección y seguridad del sector agro-pecuario. «Hay que exigir que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste en que haya incurrido el operador». En este sentido, ha indicado la importancia de desarrollar un marco normativo para cada sector. Se ha propuesto iniciar como modelo piloto hacerlo en la cadena de la leche.

El ministro, por su parte, ha afirmado que en el proyecto de ley que se enviará a cortes para el otoño, se discutirá previamente con las Comunidades Autónomas, y se discutirá con un gran debate con los temas puestos sobre la mesa. Ha aprovechado la pregunta para explicar que «la ley y el cumplimiento de la ley no es una opción, sino una obligación. Que los costes de producción sean la base de negociación de los contratos escritos es una obligación legal y hay que llevarla adelante».

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