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El Ministerio de Justicia termina con el caos organizado por Lesmes

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Tal y como venimos informando en Diario16, la gestión que ha hecho Carlos Lesmes de los servicios a prestar por los juzgados ha sido un verdadero caos, lo que había provocado que tanto los jueces como los funcionarios estuvieran muy descontentos con las decisiones adoptadas por el CGPJ. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha decidido terminar con ello y ha dictado una serie de resoluciones de fácil entendimiento y que dejan poco margen a la interpretación.

El último Real Decreto del Gobierno por el que se aumentaban las restricciones a la movilidad también han tenido su impacto en los juzgados. Ya hemos visto en estas páginas cómo los funcionarios estaban muy descontentos con los medios de protección que recibieron. En algunos casos, incluso, tuvieron que pagarse de su bolsillo la instalación de medidas protectoras como, por ejemplo, mamparas.

A pesar de que desde el entorno de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, se indicaba que los juzgados no entraban dentro de las calificaciones por prestar un servicio público esencial, Diario16 ya advirtió, tras consultar con distintas fuentes jurídicas, de que esas funciones esenciales que garantizaran el derecho constitucional a la justicia efectiva las podían asumir los juzgados de guardia. Y así lo ha determinado el Ministerio de Justicia, que en su resolución, a la que ha tenido acceso este medio, indica, precisamente, eso, que sólo deberán acudir a trabajar de forma presencial los funcionarios destinados a los «servicios de juzgado de guardia en todos los partidos judiciales de España, así como las guardias de fiscalías de menores allí donde existan. Estos servicios se realizarán, siempre que sea posible, mediante videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de datos o si fuera necesario de imagen y/o sonido a los efectos de evitar traslados de detenidos, profesionales u otras personas a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse», se indica en la resolución. Serán los propios juzgados de guardia los que se hagan cargo de dictaminar órdenes de protección o medidas cautelares en materia de violencia contra la mujer.

Para el resto de servicios esenciales, como actuaciones urgentes en causas donde esté implicado un preso, el ministerio determina la utilización de medios telemáticos para evitar los traslados de los presos a las sedes judiciales.

Por tanto, el Gobierno ha frenado a Lesmes, lo que es un claro indicio de que, una vez que pase esta crisis, se iniciarán los trámites para su sustitución, algo que ya han reclamado desde todos los ámbitos judiciales.

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