El BOE del pasado 23 de febrero de 2019 recogía la declaración de jubilación por edad del que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

De esta forma, como señala ACODAP – la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia – “al haber sido jubilado, el mejor amigo de Cospedal en la judicatura ha perdido también su aforamiento y podrá ser denunciado por delitos de corrupción ante la jurisdicción ordinaria”.

El ya ex presidente de la AP de Toledo fue testigo en la boda de María Dolores de Cospedal, y uno de sus pocos invitados. En el año 2.013, cuando  todavía era vocal territorial de Castilla La Mancha otra amiga de Cospedal, Concepción Espejel, fue nombrado 10 veces seguidas como administrador concursal en el juzgado de lo Mercantil de Toledo el director de la firma de abogados en la que trabajaba el hijo del presidente de la Audiencia Provincial, Tomás Gutiérrez Colino.

Los nombramientos fueron en los concursos de las diez empresas del grupo Ortiz Bravo “Cerámicas la Oliva” (Hermanos Ortiz Bravo, Cerámica Nuestra Señora de la Oliva, Explotaciones de Canteras La Sagra, Nueva Cerámica Moderna, Ladrillería Técnica, Tejas Castilla-La Mancha, Tejas Árabes, Sopasa La Mancha, Centro Tecnológico de la Oliva y Auxiliar Industrial Ortiz Bravo). Sólo la matriz del grupo, Sopasa, propiedad de la familia Ortiz Bravo y participe en diversos fondos empresariales, tenía un pasivo en el año 2.011 de 30 millones de euros.

La sociedad de la familia Ortiz Bravo también gestionaba la residencia de mayores Virgen de la Oliva, siendo los auditores del conglomerado empresarial la firma Abaco Auditores, representada por el ex alcalde de Toledo, el economista y empresario Juan Ignacio de Mesa, dueño de la conocida “Repostería Santo Tomé”.

Se da la circunstancia de que Juan Ignacio de Mesa formaba parte, junto con el también empresario fundador de la conocida marca “Joma”, Fructuoso López Gómez, de los Consejos Territoriales constituidos por Liberbank en Castilla-La Mancha, entidad que mantuvo contratos de «asesoramiento verbal» con el marido de la ministra que fueron investigados por la Audiencia Nacional.

Lo que llamaba también la atención era el cúmulo de «casualidades» que vinculaban a estos conocidos empresarios con el hijo del presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, Tomás Gutiérrez Colino.

Un ejemplo de ello es la sociedad Astrana Gestion Integral S.A., dedicada a la promoción de toda clase de negocios inmobiliarios, y cuyo presidente del consejo de administración es precisamente Fructuoso López Gómez. Esta sociedad nombró como nuevo consejero, en fecha 6 de junio de 2016, al hijo del Presidente de la Audiencia Provincial, Tomás Gutiérrez Colino, que no es empresario.

Así las cosas, la jueza sustituta del juzgado nº 1 de Talavera de la Reina, María Carmen Pozuelo Sánchez, ordenó de oficio la apertura de diligencias penales contra el presidente de la Audiencia Provincial y el juez de lo Mercantil de Toledo por un delito continuado de nombramientos ilegales del cargo de administrador concursal, que fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha. La Sala de lo Penal del TSJ, compuesta por varios miembros de la Sala de Gobierno, ordenó, sin embargo, el archivo de las actuaciones hasta tanto no se presentara querella sabiendo que no existía ningún perjudicado que estuviera legitimado para interponerla.

A partir de ahora, el que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Toledo ha dejado de ser aforado, y podrá ser denunciado por delitos de corrupción ante la jurisdicción ordinaria junto con su hijo. Por eso, en un comunicado hecho público ayer, el Juez Presencia ha manifestado que denunciará ante la jurisdicción ordinaria los mismos hechos por los que actuó de oficio la jueza sustituta de Talavera de la Reina, que le costaron su traslado forzoso.

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