Sufrimientos o fuertes dolores con un fin específico: castigo, intimidación, amenaza u obtención de información. Esto es la tortura, generalmente causada por una persona en posición de autoridad.
En el mundo actual la tortura sigue presente, a pesar de ello existe una prohibición mundial de la tortura y de todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 156 los países que han firmado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas pero la prohibición va aún más allá y es vinculante incluso para los Estados que no se han unido a los tratados de derechos humanos pertinentes y aunque ningún Estado puede torturar ni permitir ninguna forma de tortura o malos tratos en ningún caso, ni bajo justificación alguna son muchos los países que incumplen los Derechos Humanos.
Según Amnistía Internacional, “los actos de tortura y malos tratos son considerados crímenes de derecho internacional”. Asimismo, en según qué circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Durante los últimos cinco años, la organización ha informado sobre actos de tortura en nada más y nada menos que 141 países.
Los gobiernos de las diferentes partes del mundo rara vez investigan, enjuician y castigan la tortura como un delito grave en virtud del derecho penal. “Cuando se inician investigaciones, éstas a menudo se estancan a causa de la inacción, la ineficacia o la complicidad del órgano investigador. Es muy infrecuente que los torturadores rindan cuentas. No solo eso sino que a veces incluso se persigue a quienes se atreven a denunciar haber sido torturados” afirma desde la ONG. Sin embargo, los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas frente a la tortura, garantizar que las víctimas obtengan justicia y que los torturadores respondan por sus crímenes.
Rara vez los gobiernos investigan, enjuician y castigan la tortura como un delito grave
La tortura puede ser de muchos tipos. Puede ser física que se basa en asestar golpes a la víctima u obligarla a mantener una posición dolorosa, o puede ser sexual, como es el caso de las violaciones. También existe tortura psicológica como la privación del sueño que pueden sufrir personas presas o la humillación pública.
También cabe destacar que como ocurre con todos los abusos contra los derechos humanos, si eres pobre o perteneces a un grupo sometido a discriminación, tienes más posibilidades de sufrir torturas y menos recursos para defenderte. Igualmente, los niños, las niñas, las minorías étnicas o religiosas y las personas que pertenecen a grupos de oposición política están en riesgo de sufrir tortura.
Los casos en España
Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no investigar de forma exhaustiva, pero el Gobierno español continúa haciendo oídos sordos. En total, por estas ocho sentencias, España ha sido condenada a pagar 155.000 euros en concepto de indemnización y 23.840 por gastos y costes del proceso.
Todas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo giran en torno a lo mismo: la persistente negativa de las autoridades españolas a investigar con eficacia y profundidad las denuncias de tortura. Según Amnistía Internacional, estos pronunciamientos del TEDH revelan cómo la falta de estas investigaciones imparciales impide no sólo identificar a los responsables, sino además resolver las deficiencias estructurales en la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos.
En España, una persona puede pasar incomunicada hasta un máximo de 13 días, sin derecho a escoger un abogado, a consultar con el que le ha sido asignado de oficio de manera confidencial, a comunicar su paradero a su familia o a su consulado -en caso de ser extranjero- o a acceder a un médico de su elección. Todas estas medidas privan a la persona de sus derechos básicos.
«Todas las personas, desde el mismo momento en que son detenidas, deben contar con salvaguardias fundamentales para el cumplimiento de sus derechos», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. «Tal y como recuerda el Comité, no debería haber ninguna limitación, aunque sea facultativa, a los derechos del detenido», añade.
Desde el año 2010, Amnistía Internacional no ha dejado de recibir casos de torturas y malos tratos cometidos en España. Estos sucesos han sido denunciados principalmente por régimen de incomunicación, manifestaciones o por los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). La ONG también ha denunciado que España, desoyendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos, ha extraditado a personas a países en los que existía riesgo de sufrir torturas y malos tratos, por ejemplo, a través de los conocidos vuelos de la vergüenza.
Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en 2014 en el Estado español hubo 195 situaciones de tortura que afectaron en total a 967 personas. Del total de éstas, hay dos casos especialmente sangrantes, y es que, 450 personas fueron torturadas y/o agredidas con motivo de movilizaciones sociales (okupación, ecologistas, sindicales, vecinales, etc.) y 355 personas fueron torturadas y/o agredidas por el hecho de ser migrantes (con o sin residencia legal en el Estado español).
En 2014, en España se registraron 195 situaciones de tortura que afectaron en total a 967 personas
En Europa y Asia Central
La práctica sigue estando muy extendida especialmente en los países de la antigua Unión Soviética. Turquía es quizá el país de Europa y Asia Central que ha dado los mayores pasos para reducir, cuando no eliminar, la tortura en los lugares de detención en el último decenio. Sin embargo, el uso habitual de fuerza abusiva contra manifestantes sigue siendo una práctica firmemente arraigada.
En los últimos años, la ONG Amnistía Internacional ha documentado numerosos abusos, incluidos numerosos reenvíos de personas migrantes y refugiadas en las fronteras exteriores de la Unión Europea, especialmente en la frontera entre Grecia y Turquía y en las fronteras terrestres entre España y Marruecos. Este tipo de acciones viene acompañado a menudo de denuncias creíbles de palizas y trato degradante.
Hay que subrayar que los gobiernos de la Unión Europea aún no han iniciado investigaciones efectivas sobre su participación en el programa de entregas y detenciones secretas de la CIA, en el cual, entre 2001 y 2007, la tortura y otros malos tratos fueron generalizados en Polonia, Lituania y Rumania, lugares de detención secreta de la CIA.
África
En África la tortura y otros malos tratos son práctica generalizada en todo África, una región en la que más de 30 países –entre ellos Angola, Chad, Gabón y Sierra Leona– ni siquiera la castigan por ley. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos prohíbe expresamente la tortura, pero sólo 10 Estados cuentan con legislación nacional que tipifique estos actos como delito. La tortura bajo custodia como medio de obtener confesiones es una práctica profundamente arraigada en la cultura de las fuerzas de seguridad de muchos países de África, entre ellos Etiopía, Gambia, Kenia, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sudán y Zimbabue.
Sólo 10 Estados africanos cuentan con legislación nacional que tipifique la tortura como delito
Además, en el continente africano es habitual que a las personas detenidas les propinen palizas, las aten en posturas dolorosas, las recluyan en condiciones climatológicas extremas, las cuelguen del techo y las sometan a abusos sexuales. En Mauritania, los tribunales incluso han declarado que las «confesiones» obtenidas mediante tortura y otros malos tratos son admisibles como prueba. En los países en los que ser gay es ilegal, como Camerún y Zambia por ejemplo, los hombres que son considerados homosexuales son sometidos a formas de tortura que incluyen exámenes anales forzados.
América
El continente americano cuenta, a nivel tanto regional como nacional, con algunas de las leyes y los mecanismos contra la tortura más sólidos del mundo. Sin embargo, la tortura y otros malos tratos siguen siendo práctica generalizada, y los responsables rara vez comparecen ante la justicia. En algunos países, una gran parte de la población acepta el uso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como respuesta a los altos índices de delincuencia violenta.
En Estados Unidos, en algunos de los centros de segregación de máxima seguridad, muchos miles de reclusos permanecen recluidos en régimen de aislamiento en celdas de reducido tamaño durante 22 o 24 horas. Además, la tortura también se utiliza como forma de castigo contra reclusos o para obtener confesiones de presuntos delincuentes.
Cabe añadir que el gobierno estadounidense tampoco garantiza la rendición de cuentas por los actos de tortura y las desapariciones forzadas cometidas en el contexto de las operaciones de lucha contra el terrorismo. Según Amnistía Internacional no ha comparecido ante la justicia ninguno de los responsables de que en los centros de detención gestionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en todo el mundo se utilicen técnicas de interrogatorio tales como el simulacro de ahogamiento.
En países como México, Venezuela o Chile es común que las fuerzas de seguridad cometan abusos durante las operaciones policiales realizadas en el contexto de manifestaciones. En Brasil, los informes sobre abusos policiales se incrementaron en relación con las protestas celebradas durante el periodo previo al Mundial de Fútbol de 2014. Asimismo en México las mujeres son con frecuencia víctimas de tortura sexual a manos de agentes del Estado y el número de denuncias de tortura y otros malos tratos fue de 1.505 en 2013, un 600% más que en 2003.
En México se registraron 1.505 denuncias de tortura y otros malos tratos en 2013
Asia y Oceanía
En Asia y Oceanía muchos de los países tampoco han tenido éxito en lo relativo a prevenir y castigar la tortura. China y Corea del Norte son algunos de los Estados de la región con peor historial en este aspecto. En algunos países siguen permitiéndose castigos tales como la flagelación, y las investigaciones sobre el uso de la tortura son casi insólitas.
En Asia y Oceanía muchos de los países tampoco han tenido éxito en lo relativo a prevenir y castigar la tortura
En países como China, Filipinas, Fiyi, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Pakistán y Sri Lanka, la policía tortura en ocasiones a personas durante los interrogatorios y las detenciones preventivas, y a menudo obliga a los detenidos a “declararse culpable” de un delito.
En Indonesia, Mongolia y Nepal, por ejemplo, los códigos penales carecen de disposiciones efectivas para penalizar la tortura. En enero de 2014, Taiwán dio un paso adelante al eliminar su sistema de tribunales militares y transferir la jurisdicción de los delitos cometidos por personal militar en activo a los tribunales civiles ordinarios, después de que un cabo del ejército muriera en julio de 2013 a consecuencia de torturas.
Oriente Medio
En el caso de Oriente Medio hay un sentimiento de frustración por la lentitud de los cambios. Por ejemplo en Siria los informes de tortura y otros malos tratos han sufrido un gran aumento desde las protestas de marzo de 2011 que dieron lugar a un conflicto interno que todavía perdura.
En Libia se han certificado 23 casos de muerte a consecuencia de tortura desde que terminó el conflicto de 2011
En Irak, la práctica de la tortura sigue estando generalizada en prisiones y centros de detención. Se estima que más de 30 personas murieron bajo custodia entre 2010 y 2012. Asimismo en Libia, la práctica está muy extendida en los centros tanto estatales como de las milicias y se han documentado 23 casos de muerte a consecuencia de tortura desde que terminó el conflicto de 2011.
Algunos países de la región, especialmente en el Golfo, mantienen en su legislación penas crueles, inhumanas o degradantes tales como la lapidación, la flagelación y la amputación, aunque son Irán y Arabia Saudí los que más las imponen.
