jueves, 5agosto, 2021
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El Madrid de los investigados

Francisco Javier López Martín
nací en la Sierra de Madrid, en Collado Mediano. Licenciado en Geografía e Historia. Maestro en la enseñanza pública. Ha sido Secretario General de CCOO de Madrid entre 2000 y 2013 y Secretario de Formación de la Confederación de CCOO. Como escritor ha ganado más de 15 premios literarios y ha publicado el libro El Madrid del Primero de Mayo, el poemario La Tierra de los Nadie y recientemente Cuentos en la Tierra de los Nadie. Articulista habitual en diversos medios de comunicación.
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Recibo una notificación, a través de una de esas redes sociales en las que conocemos gente a la que calificamos como amigos, seguidores, seguidos, o simplemente contactos. Viene a decir, con toda sinceridad, Alguna vez, alguna buena noticia: Aguirre, Cifuentes, imputadas: En la trama Púnica del PP de Madrid, Falsedad Documental, Prevaricación, Cohecho, Blanqueo de capitales, Falsedad electoral, Tráfico de influencias, Apropiación indebida. Y concluye de forma lapidaria y tajante: El Trifachito es su heredero en Madrid.

No soy de los que se alegra con las desgracias ajenas, aunque los ajenos en cuestión sean personas a las que no concedo crédito político alguno. Tampoco creo que sea buena la noticia el hecho de que una parte de nuestra clase política haya convertido su actividad pública, como representantes de la ciudadanía, en un negocio personal, a costa de los bienes y recursos que son de todas y de todos.

Creo, como Rufián, que es probable que el delito de Cifuentes consista en haber mirado para otro lado. Es útil, para cualquier carrera política, hacer la vista gorda y no querer ver ese cáncer de la corrupción que crece siempre que dejamos de vigilar y controlar la limpieza y la transparencia de cuantos manejan recursos públicos, o privados. A veces tiene un duro coste. La mayoría de las veces un correlato de gratificaciones y premios.

Aguirre y sus consejeros de mayor confianza en los negocios privatizadores de la sanidad, la educación, los servicios sociales y todo tipo de contrataciones públicas, se ven hoy imputados o, como se dice ahora, investigados. Manuel Lamela, Lucía Figar, Ignacio González, Francisco Granados, Borja Sarasola, Gádor Ongil, Salvador Victoria, Juanjo Güemes, López Viejo comparecerán ante los jueces, junto a empresarios y cargos públicos.

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La Comunidad de Madrid y la Valenciana han sido los focos de corrupción desde los que se ha extendido el consorcio político-empresarial que ha emponzoñado la convivencia democrática. Hospitales, colegios concertados, lavanderías, cafeterías, Telemadrid, servicios de cafetería, organización de actos públicos y eventos institucionales, transportes, obras públicas, vivienda, la publicidad institucional en los medios afines… Todo era considerado fuente de negocio y de recursos para pagar campañas electorales y triunfos políticos.

Quien se oponía era estigmatizado. Los sindicatos fuimos convertidos en enemigos públicos. Según Aguirre vivíamos de los liberados y las subvenciones. El charco de ranas de Aguirre, que consideraba Madrid su cortijo particular, acusaba a los sindicatos de vivir de mamandurrias. Y todo porque defendimos a los trabajadores del Hospital Severo Ochoa, cuando los acusaron, con el Doctor Montes a la cabeza, de matar a los pacientes.

Porque nos enfrentamos con ellos cuando deterioraron la enseñanza pública y destinaron cada vez mayores recursos a financiar colegios privados concertados. Porque nos opusimos a esos nuevos hospitales públicos concebidos para el negocio de bancos, constructoras y empresas de servicios.

Porque combatimos sus despidos en Telemadrid, cuando querían entregarlo a las productoras privadas. O nos manifestamos contra la privatización del agua madrileña destinada a ser entregada al negocio privado, o contra la reducción a la mínima expresión del proyecto de convertir la Sierra de Guadarrama en Parque Nacional.

Chocamos de frente cuando la Lideresa quiso apoderarse de los incalculables fondos de Cajamadrid, situando a su Vicepresidente Ignacio González al frente de la entidad. Llegamos hasta el Constitucional, sumándonos al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, que paralizó durante un año la Ley de Cajas. Al final, un acuerdo entre la ministra Salgado, por el PSOE y De Guindos, por el PP, colocó a Rato al frente de la Entidad y nos quedamos colgados de la brocha.

Aquella bronca supuso el principio del fin de Aguirre. Muchos debieron comenzar a pensar que sus abusos rozaban ya lo intolerable. Pienso en aquellos años, en los que algún medio de comunicación cuantiosamente subvencionado por la lideresa mandaba fotógrafos para buscar algún resquicio censurable en mi vida privada. No me extraña que algún dirigente del PP denunciase la existencia de una gestapillo que le perseguía y espiaba por oponerse a los designios de la Presidenta.

Fueron años muy duros. De pocos acuerdos y mucha confrontación. Años de resistencia y de movilización permanente contra las políticas de Aguirre, y los políticos que las impulsaban. Años para organizarse y trabar alianzas sociales con organizaciones vecinales, juveniles, ecologistas, educativas, defensoras de la sanidad pública. Lo llamamos Cumbre Social.

Pienso también ahora que son los cachorros de Aguirre los que han tomado el poder en el PP a nivel nacional y los que siguen dirigiendo los designios de la Comunidad de Madrid. Ahora intentarán marcar distancias con Aguirre y el oscuro pasado que representa, pero el tiempo juega en su contra. El pasado sigue vivo y vigente en cada propuesta política que representan. El futuro está delimitado por las cuatro paredes de un tribunal de justicia, en el banquillo de los investigados.

No me causa alegría. Más bien una sensación agria y triste.

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