El juicio del ‘procés’ ha continuado esta tarde en el Tribunal Supremo con la declaración de los funcionarios y diputados del Parlament que advirtieron al bloque soberanista de que la tramitación de las leyes de desconexión con el Estado español, la ley de referéndum y la declaración unilateral de independencia infringían claramente el ordenamiento jurídico vigente y las sentencias del Tribunal Constitucional, por lo que podían ser constitutivas de delito y llevar al banquillo de los acusados a sus promotores, como así ha ocurrido después.

Antonio Bayona Rocamora, letrado mayor de los Servicios Jurídicos del Parlament, ha asegurado sobre la declaración unilateral de independencia que “solo se votó la parte dispositiva”, lo que convertiría la proclamación de la República en simbólica, tal como han mantenidos los 12 acusados. Con todo, en el año 2011 hubo una proposición de ley para “declarar la independencia de Catalunya y no se dictó ninguna medida del Tribunal Constitucional”, ha recordado.

El letrado ha insistido en que los informes de los servicios jurídicos “no eran vinculantes ni preceptivos” pero “había el deber de no admitir y no tramitar, y creíamos que se tenía que alertar de las consecuencias de según qué decisiones se tomaran”, ha aclarado en alusión a los informes que presentó advirtiendo de las consecuencias penales que podría acarrear seguir adelante con la declaración unilateral de independencia. Según Bayona, hubo un amplio consenso de los grupos parlamentarios en la creación de la comisión de estudio del ‘Procés Constituent’.

En la fase final del desarrollo del proceso independentista, “muchos grupos parlamentarios solicitaban informes jurídicos”, alega Bayona, quien ha apuntado a la presidenta de la Mesa, Carme Forcadell, porque era ella quien decidía si se solicitaba consejo a los letrados. A preguntas de la Abogacía del Estado, el letrado mayor ha respondido que “los servicios jurídicos hicimos un informe el día 6 de septiembre en el que advertíamos a los miembros de la mesa de las responsabilidades penales que podían afrontar”. “Cuando el Tribunal Constitucional comenzó a aplicar medidas de ejecución, ya empezamos a advertir a los miembros de la Mesa que paralizasen algunas iniciativas”, ha explicado Bayona​.

En definitiva, los servicios jurídicos del Parlament conocían las resoluciones del Tribunal Constitucional e informaron a todos los diputados, tanto del bloque independentista como constitucionalista, sobre sus contenidos. En concreto, alertaron de que el referéndum era ilegal y de que las leyes de desconexión eran inconstitucionales.

Por su parte, José María Espejo-Saavaedra, ex vicepresidente de la Mesa del Parlament por Ciudadanos, ha asegurado en su declaración como testigo que los “diputados deben velar por que se cumplan la ley, la Constitución, el Estatut y el reglamento”, garantizando los derechos de todos los parlamentarios. Sobre la resolución 1/11, que tenía por objeto la creación del Estado catalán independiente, dijo que aunque fue anulada por el Tribunal Constitucional el bloque soberanista hizo caso omiso a las advertencias. “Algunos pedimos informes a los servicios jurídicos pero la mayoría de la Mesa se opuso”, dijo Espejo-Saavedra. Finalmente, en octubre de 2016 los diputados independentistas tramitaron la ley del referéndum y la de apertura del proceso constituyente. “Volvimos a advertir sobre su ilegalidad y volvió a ser rechazado por la Mesa”, ha explicado con rotundidad.

“Bajo mi punto de vista, se intentó quitarle importancia a la suspensión del Tribunal Constitucional”, alega. Además, advirtió de que la “disposición adicional de los presupuestos para procesos electorales podía contravenir el Tribunal Constitucional. La advertencia fue escuchada, pero no atendida”.

En la misma línea ha declarado David Pérez Ibáñez, también miembro de la Mesa del Parlament por el PSC. “En todas las reuniones de la Mesa planteábamos estos requerimientos del Tribunal Constitucional y lo comentábamos con el resto de miembros”, aseguró Pérez Ibáñez. “La notificación de 2016 incluía que se podía incurrir en posibles responsabilidades penales”, puntualizó.

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