El laberinto de la Educación Especial

En los últimos tiempos, la Educación Especial ha pasado a formar parte del debate social y político, con movilizaciones de miles de personas en Comunidades como Castilla y León y campañas a nivel estatal de personas afectadas. Naturalmente, la primera reacción emocional es apoyar este movimiento caiga quien caiga, pero el mundo de la discapacidad no es tan sencillo, ni tan emocional. De este modo, os invito a seguirme en este laberinto de personajes e intereses sociales, políticos y económicos en este asunto. Vamos allá pues.

Empecemos por el CERMI (Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad). Esta organización agrupa a las principales grandes Confederaciones asociativas del Estado español en los diferentes grupos de discapacidades: Sensoriales, físicas-orgánicas e intelectuales.

Pues bien, en las últimas décadas, el movimiento asociativo de personas con discapacidad ha sufrido un gran cambio a medida que las propias personas con discapacidad han empezado a tomar el poder en el CERMI. Lo malo que quienes han tomado las riendas del movimiento, son organizaciones como PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física), Plataforma creada por ASPAYM (Asociación de Personas con Lesiones Medulares y otras discapacidades físicas). Estas entidades, rechazando el modelo asistencial de la discapacidad, creado en los primeros años de la democracia española, se han pasado al otro extremo, al modelo anglosajón de Vida Independiente, modelo que se guía por el modelo social de la discapacidad, viendo esta como una característica más de la persona y culpando únicamente a la sociedad de la discriminación de este colectivo.

Otra de las características del enfoque que he presentado anteriormente es el rechazo a toda institución especializada para personas con discapacidades, ya que se considera que toda persona con discapacidad, (o diversidad funcional, como se denomina en esta corriente), puede llevar una vida normalizada. Y es aquí donde se choca frontalmente con los Centros de Educación Especial. Y es por eso, por lo que el CERMI, (insisto, controlado actualmente, por Plataformas como PREDIF, o grandes entidades como la ONCE y cuyos miembros están influenciados por la filosofía del Movimiento de Vida Independiente), parece estar potenciando el cierre de los Centros de Educación Especial.

Pues bien, la postura anteriormente mencionada, en el terreno político solía encajar muy bien con las posturas liberales del PP y ahora de Ciudadanos, dado que defienden un menor gasto social. Pero, y aquí viene la paradoja liberal, en el caso de los Centros de Educación Especial, los cuales, en muchos casos, como el de la Fundación Bobath, son centros de titularidad privada gestionados por Fundaciones u otro tipo de ONG`s o empresas sociales. Ahí es cuando a la derecha se le cruza el cable y, en Comunidades como Castilla y León, aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid, (nunca mejor dicho en este caso), y, enarbolando la bandera de la libre elección, (como hace en otros casos), defiende la educación privada y concertada frente a la pública, sumándose a las familias que piden que no se cierren los centros y, de paso dando un hachazo al Gobierno socialista, intentando tacharles de antisociales.

Por su parte, el PSOE se defiende intentando explicar sus intenciones reales. Así, la Disposición Adicional Cuarta de la reforma propuesta por el n PSOE, dice literalmente:

“Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Como vemos, el PSOE no pretende eliminar la Educación Especial, y menos de un plumazo, como le acusa el PP. La intención del PSOE es que la Educación Especial quede para los casos que lo necesiten realmente y, sobretodo, en ambos casos, (el apoyo en centros ordinarios y en centros de Educación Especial), la ayuda a este alumnado con necesidades especiales sea pública, que sea la Administración quien se encargue de ello.

Por último, las familias afectadas por todo ello, realmente a quien culpan en sus movilizaciones, según he visto, es al CERMI, por no defender sus intereses, por estar lejos de las necesidades reales del colectivo de personas con discapacidad y la composición de este colectivo.

Bien. Con toda esa información, veamos que conclusiones lógicas podemos sacar de todo ello.

La primera conclusión que saco es que el Movimiento de Personas con Discapacidad necesita tomar otro rumbo, un rumbo que tenga en cuenta a todo el colectivo, a todo, incluidas las personas más afectadas. Dejemos de decir que “el cielo es el límite”, pongamos los pies sobre la tierra, reconozcamos nuestras limitaciones, atendiendo debidamente nuestras necesidades reales. Dichas necesidades reales, poco o nada tienen que ver con la atención de deseos como la sexualidad o la maternidad y mucho más tiene que ver con derechos básicos como la Educación, la Sanidad, la Dependencia, el Empleo y los Servicios Sociales.

Para lograr el objetivo haría falta que el CERMI diese cabida en su seno a organizaciones como la Coordinadora Estatal de Plataformas de Apoyo a la Ley de Dependencia, ADAEC (Asociación de Afectadas de Endometriosis Cibernética), o la UPADD (Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia), organizaciones a las que se las ha acusado de asistenciales y patologizantes dentro del colectivo. Esto haría que se tuviera en cuenta a todas las personas con discapacidad y sus necesidades reales.

La segunda conclusión que saco es la utilización que hace el PP de las reivindicaciones de las familias de personas con discapacidad a sabiendas de que la intención del PSOE no es la de cerrar centros, sino que intenta, como he dicho antes, que la Educación Especial sea asumida por el Sistema de Educación Pública en el plazo de 10 u 11 años, (agenda 2030), y al mismo tiempo cumplir con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.

La tercera conclusión que saco es que el PSOE ha dejado para el final una tarea que tardaría años en acabar. La inclusión educativa y la atención adecuada de la Educación Especial desde lo público es un tema que que necesita de tiempo y de la creación de unas estructuras que hagan posible una dinámica muy distinta, parecida al modelo de países nórdicos, un modelo de atención social pública.

Espero que el sentido común guíe a todas las partes de este conflicto y que, a poder ser, la atención a la diversidad, tanto en la Educación Especial como en la ordinaria sea pública.