El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado remitir a la Audiencia Provincial las actuaciones del denominado caso Rato para su enjuiciamiento, después de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han acumulado más de 70.000 documentos, según informan a Diario 16 fuentes judiciales.
Por esta causa se sentarán en el banquillo 17 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
El juzgado continúa, no obstante, con la tramitación de las correspondientes piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.
Fue en junio de este año cuando el juez instructor Antonio Serrano-Arnal acordó la apertura de juicio oral contra el ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
Ahora, tras remitir estas actuaciones para su enjuiciamiento, el juzgado continúa con la tramitación de las correspondientes piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.
Blanqueo, corrupción y fraude fiscal
Esta causa comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a la Hacienda Pública por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015. El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones “disparatadas” que hace la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación “prospectiva”.
Y así lo manifestó también Rato cuando compareció ante el juez instructor el 30 de julio de 2018. Entonces, negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y “está perfectamente justificado y explicado” gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
El exministro presentó el pasado octubre de 2021 su escrito de defensa, y en él alegaba que no había podido tener acceso a documentación de la causa. Por eso, demandaba que se le diera acceso a esa parte porque lo consideraba relevante. Asimismo, alegaba indefensión y nulas garantías ya que el instructor no había resuelto recursos que, a su juicio, eran importantes y que podrían retrasar la apertura de juicio oral.
Paraísos fiscales
La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente 70 años de cárcel para el exministro. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.
Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apuntaba el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.
