Diario16 ha sido el único medio de comunicación que ha cubierto el procedimiento judicial tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid en el que el accionista del Santander y abogado, Eduardo Martín-Duarte demandó al banco y a Ana Patricia Botín por el supuesto fraude y manipulación de las juntas de accionistas.
La demanda sembró el miedo en el Santander desde 2020 y algunas fuentes del propio banco mantienen que en el departamento jurídico saltaron todas las alarmas. Desde entonces, señalan las mismas fuentes, se instauró el secretismo del caso, sólo conocido y manejado en las más altas instancias de la entidad.
La preocupación llegó al extremo de recurrir al apagafuegos del Santander, el despacho lobista Uría y Menéndez, y a su letrado estrella, Jesús Remón (que defendió al Banco Santander y a Ana Patricia Botín, pese a los intereses contrapuestos habida cuenta que ésta era demandada como una accionista más del banco por otro accionista del banco). Una vez dictada la sentencia, Jesús Remón ha sido nombrado socio presidente del bufete.
Uría propuso al juez Andrés Sánchez Magro que testificaran altos dirigentes del banco como el secretario general y del Consejo, Jaime Pérez Renovales, o el director de Asesoría Jurídica Corporativa, Javier Illescas Fernández Bermejo para tratar de cubrir la declaración de Ana Patricia Botín, en la que, tal y como se puede comprobar en las grabaciones de la misma, a las que Diario16 ha tenido acceso, la presidenta eludió contestar todas las preguntas del abogado demandante, con el impasible consentimiento de Sánchez Magro.
Capítulo aparte merece la declaración de Jaime Pérez Renovales que, pese a ser testigo, contestaba a las preguntas como si fuese el representante legal del banco. Además, el número tres del Grupo Santander acudió en persona a escuchar las conclusiones de Martín-Duarte que se produjeron semanas después del juicio, en una clara muestra más de la preocupación del banco por el fraude denunciado.
Por otro lado, distintas fuentes de empresas del IBEX señalaron a Diario16 que el litigio se siguió con expectación y preocupación a través de sus despachos jurídicos de cabecera.
El hecho de que el Santander recibiese otra condena, después de la sonada del caso Orcel, podría costarle la cabeza a Ana Patricia Botín y muchos estaban expectantes ante tal posibilidad, porque la hija de Emilio Botín no es bien vista en muchas entidades del IBEX e, incluso, dentro del propio Santander, que ha echado el resto para que la demanda fuera desestimada y Ana Patricia Botín pueda seguir de momento en la Presidencia.
Una sentencia sorprendente y contradictoria
Tal y como publicamos en Diario16, la sentencia, sorprendente y floja según el criterio de distintos juristas consultados, pasa por alto toda la prueba practicada sin hacer siquiera mención a la misma. Según ha denunciado el accionista demandante en su último escrito, al que ha tenido acceso Diario16 y en el que solicita su aclaración, la prueba «no ha merecido ni la más insignificante mención del Juzgador en su sentencia, que, por inescrutables designios, pareciera haber pretendido ocultar».
Esa recriminación de ocultación tendría su explicación en que la prueba documental, aportada por el propio Santander a petición del demandante, a la que ha tenido acceso Diario16, demostraría, según el escrito de conclusiones de Martín-Duarte, que el fraude de las juntas de accionistas del Santander es manifiesto, que Ana Patricia Botín y el banco hacen un uso abusivo de los medios del banco para hacerse con las delegaciones de los accionistas dando instrucciones a los empleados para ello.
Entre la diversidad de documentos escandalosos, que demostrarían el fraude y manipulación de las juntas del Santander, «destaca con luz propia el emitido por el Bank of New York Mellon (entidad que ostenta en custodia más del 5% del capital social del Santander) en el que dice que “no garantiza ni la autenticidad de las firmas ni la legalidad de las delegaciones” recibidas del propio Banco Santander», afirma Martín-Duarte.
Además, el abogado demandante concluía en su escrito que, conforme a la prueba practicada, las delegaciones las confecciona ilícitamente el propio Santander a las entidades custodias (BNP, CITIBANK, Deutsche Bank o BBVA) que «simplemente se limitan a devolverlas firmadas y selladas, obviando los derechos de los accionistas para los que custodian las acciones».
Martín-Duarte va más allá y ha declarado a Diario16 que «la prueba documental demostraría que esas delegaciones que deberían ser confeccionadas por los accionistas, son rellenadas por el propio Banco Santander en beneficio exclusivo de Ana Patricia Botín y, además, se computarían como delegaciones electrónicas (para dar la apariencia de un banco muy tecnológico y avanzado) cuando son confeccionadas y emitidas en papel por el propio Santander, siendo los propios empleados del banco cántabro los que las procesan electrónicamente en vez de las entidades custodias. Todo un escándalo que la sentencia ha omitido por completo manteniendo, inexplicable e inexplicadamente, que no hay abuso ni fraude de ley cuando los mismos serían ‘paradigmáticos’».
Contradicciones del juez durante el proceso
Tal y como publicamos en Diario16, la sentencia se contradice con el auto de medidas cautelares, dictado el 16 de noviembre de 2020 por el propio juez Andrés Sánchez Magro, en el que reconocía la apariencia de buen derecho de la petición del demandante, admitiendo que la captación de delegaciones por el banco a favor de Ana Patricia Botín vulneraría el derecho de igualdad de todos los accionistas y que la redacción de la delegación es “dudosa”. Todos estos argumentos del auto de medidas que hacían prever una resolución contraria al Santander han desaparecido en la sentencia sin explicación al respecto que justificase el radical cambio de criterio.
Por otro lado, Martín Duarte habría acreditado, según manifestó en sus conclusiones, que la prueba documental demostraría la nulidad de todas las delegaciones a Ana Patricia Botín, lo que derivaría en la anulación de todas las juntas y de los acuerdos acordados en ellas tales como ampliaciones de capital, recompra de acciones, reelección de la presidenta y nombramientos de consejeros. Esto, evidentemente, hubiera supuesto un cataclismo para el Santander y para el resto de empresas del IBEX que presuntamente utilizan el mismo sistema abusivo que la entidad cántabra.
Los «escándalos» de Sánchez Magro
El juez Andrés Sánchez Magro habría protagonizado diversos «escándalos» en importantes causas que han pasado por sus manos relacionadas con concursos y pleitos tan mediáticos como los de Nozar, Sniace, Clesa, Helados Royne, iDental, Dentix, BlablaCar, Uber, Vértice360, Mediaset y Vivendi o los partidos de la liga de fútbol los lunes.
Entre los afectados, abogados y administradores concursales que se han topado con él se habla de Sánchez Magro como un juez «peculiar» y «polémico», habiendo sido incluso acusado en diversos escritos de «vulnerar abiertamente» la ley concursal, de «carecer de todo rigor», de cometer auténticos despropósitos jurídicos, o de extralimitarse contraviniendo y situándose al margen de decisiones firmes de tribunales superiores con sus peculiares decisiones nulas de pleno derecho, sin siquiera tener «competencia funcional para ello».
La polémica parece perseguir a Sánchez Magro, un juez que llegó a ser investigado por la UDEF en una trama presuntamente corrupta de jueces y administradores concursales que sería archivada.
El juez, un taurino empedernido y con aspecto de cantaor flamenco, tiene fama de «vividor y sibarita», imagen que fomenta con sus críticas enológicas y culinarias, a las que añade críticas literarias, presumiendo de cultivado y denostando al pueblo español por «mediocre» en el que «no hay líderes ni en la política ni en la sociedad civil».
Sánchez Magro ha sostenido en alguna entrevista que «la libertad es lo más insobornable del ser humano y que si nos la arrebatan somos como zombies», que «el sistema está para ser cumplido, no para convertirlo en una pantomima», que las «sentencias tienen que ser justas», o que «el ciudadano ante su pequeña reclamación judicial se decepciona, se frustra y deja de creer en el sistema».
Sin embargo, no parece haber demostrado mucha libertad, liderazgo ni valentía a la hora de absolver a Ana Patricia Botín y al Santander ante las pruebas practicadas en el juicio, sino más bien un aparente sometimiento a los intereses del Santander y resto de entidades del IBEX35, según han señalado a Diario16 fuentes consultadas conocedoras del caso y la sentencia.
Martín-Duarte no cede
Preguntado Eduardo Martín-Duarte por cuáles son sus siguientes pasos tras la desestimación de la demanda, ha manifestado que, después de recibir el auto de aclaración, apelará la sentencia a la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid. El accionista del Santander y abogado no duda que dicha instancia terminará por darle la razón «porque las evidencias del fraude y la manipulación de las juntas de accionistas del Santander son más que evidentes». Además, no sería la primera vez que dicha sección de la Audiencia Provincial de Madrid revoca resoluciones de Sánchez Magro con veladas críticas.
Por otro lado, Martín-Duarte ha manifestado a Diario16 que está en proceso de denunciar los mismos hechos en la SEC americana y en otros organismos supervisores internacionales en defensa de los derechos de los ingenuos accionistas minoritarios constantemente engañados. Además, señala que en sus denuncias incluirá a todas las entidades internacionales que han colaborado en el fraude y presentará las demandas necesarias para que se declare «la nulidad radical de las juntas del Santander en las que se ha reproducido de forma sistemática el mismo fraude y manipulación».
El tesón y la confianza del abogado Martín-Duarte en sus creencias son encomiables, sustentadas en el apoyo que refiere recibir en cada junta de cada vez más accionistas descontentos que van abriendo los ojos. El que es torero, es torero, y hasta el rabo todo es toro…
