El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero, según comunica Justicia.
Toda la familia implicada
El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once.
El auto, que da por concluida la fase de instrucción y que puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El magistrado-juez de Adscripción Territorial que ejerce como sustituto en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón relata en la resolución que Fabra y su mujer, María Desamparados F.B., “urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales”.
Pretendían así evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que el político aún adeuda a la Agencia Tributaria como consecuencia de una condena por delitos fiscales. En la ejecución de ese plan, ambos cónyuges habrían contado desde el principio “con el auxilio” de sus hijos Borja y Claudia F.B. y del marido de ésta, Fernando C.I.
Según el juez, la “situación de aparente penuria económica” que exhibía el principal investigado no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.
También se contradice con el hecho de “haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.
Supongo que, también serán tratados como la familia Pujol, «organización criminal». El Sr. Fabra y la familia deben ser también organización criminal. Y de seguro no serán las únicas «familias» como organización criminal. Por ejemplo franco y familia, todavía nos están robando. Por cierto que, pagarles por el tiempo que han usurpado una propiedad del pueblo, resulta cómico, como menos. En su lugar deberían exigirles el pago por la usurpación. Y, una vez puestos: Que tal si comienzan a investigar «El Bar España». Puede que el abuelito tenga alguna cosa que decir al respecto.