El siguiente capítulo está ya sobre la mesa. Hoy hemos conocido que el magistrado Pablo Llarena ha remitido un escrito a la Justicia italiana donde contradice a la Abogacía del Estado. Afirma que la euroorden contra Carles Puigdemont «está activa», un hecho que sin duda ha desatado ya reacciones.
La Abogacía del Estado aseguró al TGUE que las euroórdenes estaban suspendidas
El pasado mes de julio, cuando los tres eurodiputados habían presentado previamente amparo ante el Tribunal General de la UE para que evaluase el procedimiento sobre la retirada de inmunidad parlamentaria, el Tribunal determinó que retiraba la medida cautelar solicitada por ellos -que consistía en mantener la inmunidad- porque entendía que no había riesgo de detención.
Precisamente afirmaba el juez que no había riesgo porque las euroórdenes dictadas contra ellos desde España estaban suspendidas, ya que el juez, Pablo Llarena había presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, relativa a esta cuestión. En este sentido, la Abogacía del Estado español afirmó que efectivamente, las euroórdenes estaban en suspenso.
Sin embargo, en el momento en que Carles Puigdemont fue detenido la semana pasada en Cerdeña, se realizaron una serie de afirmaciones por parte del Supremo y de la fiscalía, filtrándolas a la prensa, en el sentido de que las euroórdenes no estaban en suspenso, sino que seguían activas. De hecho, la fiscalía apuntaba a que solamente se suspendían para garantizar la presencia de los eurodiputados ante el Parlamento Europeo.
Una interpretación que no encaja en absoluto con lo dicho por escrito por la Abogacía del Estado en el mes de julio, ni tampoco con lo que establece el Derecho Europeo.
Es ya por todos sabido que Carles Puigdemont fue inmediatamente puesto en libertad al ser escuchado por la juez, quedando citado para comparecer ante e juez italiano el próximo día 4 de octubre, dándole la opción de atender de manera telemática al magistrado. Sin embargo, ha sido el propio Puigdemont quien comparecerá en persona, acudiendo de nuevo a Cerdeña, para responder al magistrado.
En el momento de su detención, Llarena remitió un escrito a la juez italiana que conoce del caso afirmando que el procedimiento judicial contra Puigdemont sigue abierto en España. Hoy ha afirmado que la euroorden también.
En su escrito señala directamente que la decisión de suspender la euroorden recae en él, y no lo ha hecho.
«»En el procedimiento ante el TUE, según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019 es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada». Y va más allá: «»esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España». Añade que «nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OED, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca».
¿Dónde considera Llarena que se encuentra el origen de lo que él entiende un «Desajuste de información»? Según él, en que no ha podido ser el Supremo quien haya comparecido ante el TGUE, sino que lo hizo la Abogacía del Estado. Concretamente aduce: «Ese desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OED aparece en una parte de la resolución del TUE del pasado 30 de julio, al no haberse podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares».
Los errores de Llarena
El juez Llarena parece desconocer que es la Abogacía del Estado quien tiene la legitimidad de representar al Reino de España ante las instituciones internacionales. Que el Supremo no tiene facultad ni competencia para responder ante el TGUE cuando España es parte. Por lo tanto, la «queja» de Llarena carece de sentido, o puede atribuirse a un desconocimiento del procedimiento en el ámbito internacional.
Algo que también ocurre al desconocer que las euroórdenes están en suspensión precisamente porque él mismo presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial, lo que paraliza la ejecución de la medida hasta que no haya respuesta del tribunal en cuestión.
Estas dos cuestiones han sido explicadas en reiteradas ocasiones por el letrado principal de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que además es experto en Derecho Internacional.
Y es que aquí están tan acostumbrados los jueces a ser dictadores de leyes a su ancha medida y capricho que no pueden de forma alguna entender que hay instancias superiores en el derecho de la unión. Que destituyan de una vez a estos lamentables parásitos sujetos a la teta pública como garrapatas y obliguen a estudiar derecho internacional antes de seguir su égira y avergonzándonos a todos.