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El juez envía a prisión a los CDR detenidos con sustancias explosivas

El fiscal asegura que los arrestados tenían la “finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”

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análisis

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este jueves prisión provisional para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en posesión de supuestas sustancias para fabricar artefactos explosivos, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía había solicitado prisión incondicional por presuntos delitos de terrorismo, tenencia ilícita de explosivos y estragos. Según el Ministerio Público, los arrestados conspiraron para cometer un delito de estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Así lo ha argumentado el fiscal Miguel Ángel Carballo después de las comparecencias de los siete investigados para justificar su petición de prisión incondicional para todos ellos.

Para la Fiscalía, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos, así como el “riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas”, han llevado a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.

Desde primera hora de la mañana, García Castellón ha escuchado en declaración a los siete detenidos. Dos de ellos sí han respondido a los interrogatorios y los otros cinco, que tienen la defensa coordinada por el mismo equipo jurídico, optaron por acogerse a su derecho a no declarar más allá de destacar en respuesta a sus letrados que no forman parte de ningún grupo terrorista.

La petición se ha elevado al término de cada una de las comparecencias en aplicación del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre medidas cautelares. Los cinco que comparten estrategia de defensa sólo han contestado a sus abogados para incidir en que no tienen ninguna vinculación con el terrorismo y que son personas “normales y corrientes”.

Los otros dos, por su parte, ya prestaron declaración en dependencias policiales y reconocieron que tenían conocimiento de que se había comprado material compatible con la fabricación de explosivos y se habían hecho pruebas con él, si bien negaron que el objetivo fuese terrorista.

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