jueves, 17junio, 2021
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El juez confirma el archivo de la denuncia contra Tous e impone costas a Consujoya por “mala fe”

El tribunal constata la clara inconsistencia de sus pretensiones en la denuncia contra la marca de joyería y la injusticia y sinrazón de su acción

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid
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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha confirmado el archivo de la denuncia presentada contra la marca Tous por delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios en relación con la composición de determinados artículos de joyería, y constatada la clara inconsistencia de la denuncia contra la marca de joyería y la injusticia y sinrazón de su acción.

En una auto al que ha tenido acceso Diario16.com, el magistrado desestima el recurso de reforma interpuesto por la Asociación Consujoya y le impone, tal y como solicitó Tous, el pago de las costas por su “evidente mala fe y temeridad en formular este recurso, constatada la inicial denuncia y posterior personación como acusación popular, dada la clara inconsistencia de sus pretensiones y la injusticia y sinrazón de su acción (presentación torcida de los hechos y dando lugar a confusión de la instrucción de la causa desde la denuncia) como se sigue de los expuesto en esta resolución, máxime tratándose de una asociación se supone experta en metales preciosos y técnicas de joyería y conocedora de la legalidad vigente”.

La resolución recoge el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había presentado la denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción 1, en el que se opone al recurso y expone que “a la vista de las circunstancias concurrentes cabe sostener que asistimos a una manipulación engañosa de la realidad que dio lugar a una investigación que, de no haberse presentado en los términos indicados, nunca se habría iniciado”.

El auto desestima todos los argumentos planteados por Consujoya para la reapertura de la causa, entre ellos la falta de diligencias de pruebas respecto de los hechos investigados. Al respecto, Pedraz apunta que, tal y como establece la ley, se han realizado sin demora las diligencias pertinentes aportadas tanto por la denunciante como las practicadas por la Guardia Civil y las Fiscalías de Córdoba y de la Audiencia Nacional y que, tal y como apunta el Ministerio Público, “han puesto al desnudo la realidad de los hechos”.

“Pese a ello, sorprendentemente, la recurrente manifiesta ahora que el instructor va más allá de la potestad que le da el citado artículo pues se quiebra el que denomina ‘principio básico la doble intervención judicial’, al realizarse ‘un juicio propio de la fase oral’. Podrá no estar de acuerdo con el archivo, pero la argumentación que hace es de todo punto inaceptable por pura lógica jurídico procesal para el caso. No se entiende”, explica el magistrado.

En relación con la existencia de indicios de criminalidad, el instructor sostiene que los indicios en los que se basa la acusación se concretan única y exclusivamente en la interpretación de la norma que hacen dos laboratorios y un testigo.

El instructor, al igual que hiciera en el auto de archivo inicial, analiza la normativa al respecto sobre metales preciosos y afirma que el artículo 55 permite el uso de materiales no metálicos para conferir estabilidad y el material empleado por Tous (no metálico), según el certificado de compra, es para dar estabilidad y “no se acreditado que no lo sea para otro destino y, desde luego, el de engañar al consumidor”.

Los hechos que han dado origen a estas actuaciones se iniciaron por una denuncia de la asociación Consujoya presentada en Córdoba en diciembre de 2018. Unos meses después, en marzo de 2019, la Fiscalía de Córdoba incoó diligencias de investigación, inhibiéndose posteriormente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que, en noviembre de 2019, presentó la denuncia ante el juez.

Esta comunicación no puede ser considerada como la publicación oficial de un documento público. La comunicación de los datos de carácter personal contenidos en la resolución judicial adjunta, no previamente disociados, se realiza en cumplimiento de la función institucional que el artículo 54.3 del Reglamento 1/2000 de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales, atribuye a esta Oficina de Comunicación, a los exclusivos efectos de su eventual tratamiento con fines periodísticos en los términos previstos por el artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal al tratamiento que los destinatarios de esta información lleven a cabo de los datos personales que contenga la resolución judicial adjunta, que no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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