El Fondo Complementario de Riesgos se creó precisamente ante la exigencia de una fianza millonaria para varios trabajadores y altos cargos de la Generalitat durante los años 2011 a 2017. Concretamente se exige el pago en concepto de fianza de 5,4 millones de euros en una fase del procedimiento inicial: no se trata de una sentencia, sino de una fianza que ha de ponerse «por delante», antes de saber si hay algún tipo de indicio de culpabilidad de las personas llamadas a declarar ante este órgano que está siendo criticado por no pertenecer a la carrera judicial, por ser un órgano de índole marcadamente política (atendiendo al nombramiento de sus miembros) y porque se está vulnerando la presunción de inocencia.
Se pedía que los millones de euros fueran pagados con fecha límite en el día de hoy, 21 de julio. Y se esperaba que cada una de las más de treinta personas señaladas respondieran con su patrimonio personal, algo que ha sido denunciado ante la opinión pública y de lo que se han hecho eco desde diferentes organizaciones internacionales ante el atropello que esto supone.
El Govern de la Generalitat puso en marcha un mecanismo: la creación del Fondo Complementario de Riesgos, que precisamente daría cobertura como aval ante este tipo de circunstancias en las que trabajadores públicos tuvieran que responder de hechos derivados de sus funciones (se establecieron una serie de puntos para poder acogerse a esta cobertura).
En un primer momento se esperaba solicitar la cantidad a la banca privada. Sin embargo, hoy se ha anunciado desde el propio Govern, que será el Instituto Catalán de Finanzas quien respalde esta finanza.
El Consejero había intentado evitar esta opción en todo momento. Sin embargo, según ha explicado esta mañana, ayer recibió llamadas del Instituto Catalán de Finanzas, para que utilice la disposición adicional del Decreto ley, tal y como está previsto. Y «así lo haremos», ha señalado Giró.
De esta manera, el patrimonio personal de las personas investigadas estaría protegido en estos momentos. En caso de que finalmente, se dicte una sentencia que sea firme, y haya personas condenadas, deberán responder con su propio patrimonio.
El aval de unos delincuentes por parte de las instituciones catalanas refleja la corrupción y el deterioro democrático de la Generalidad. Deterioro y corrupción que exigen la intervención del Gobierno Central, para restaurar la legalidad democrática en Cataluña.
Señor Anónimo. Creo recordar que en juicio al «procés ‘ dirigentes políticos del PP, nada sospechosos, afirmaron que no se había gastado un euro de dinero público.
El día que este pseudo tribunal juzguen todas las barbaridades de dinero público gastado en la época del boom inmobiliario en Aeropuertos sin aviones, ciudades de la justicia sin jueces, autopistas sin coches, circuitos de formula uno convertidos en asentamientos gitanos y tantos miles de millones de euros que volaron, ese día voy a creer en la justicia en España