Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han señalado a Diario16 que elIngreso Mínimo Vital en tan sólo en tres semanas ya tiene más solicitudes que beneficiarios tienen las rentas autonómicas. Un dato que seguirá creciendo. Ahora les preocupa el elevado número de familias, calculan que más de medio millón, que no lo han solicitado porque no saben que existe o por las dificultades para cumplir con los documentos requeridos.

En el departamento que dirige José Luis Escrivá se están negociando los convenios con los Ayuntamientos, y las CC.AA. lo que hará más sencillo llegar a más gente a la que ahora no llega el IMV. Pero es importante que estás personas, que están en pobreza severa puedan recibirlo cuanto antes, porque ellos no pueden esperar.

No obstante, serán las corporaciones locales las que se acerquen y les informen o les ayuden a completar su solicitud. Aunque aún no tienen una fecha para la firma de los convenios, la idea del Ministerio de Inclusión es colaborar con todos, pero claro, los servicios sociales municipales son los que están en contacto con estas familias “muy necesitadas” a las que les “resulta más complicado llegar”. “Estamos trabajando con ellos para que se firme enseguida”, han señalado a Diario16.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá en una conferencia telemática de la 29 Escola d’Estiu de la Diputación de Barcelona, ha señalado que el IMV era un instrumento “necesario y urgente, que más que una prestación y derecho subjetivo es una serie de políticas en torno a una prestación para ser eficaces en la inclusión”, además “incorpora un instrumento de evaluación muy potente para ver si cumple sus objetivos”.

Escrivá ha cuantificado en unos 3.000 millones de euros el coste anual del ingreso mínimo, y ha afirmado que se propone llegar a unos 850.000 hogares, lo que supondría unos 2,3 millones de personas.

El ministro ha asegurado que “no es fácil llegar a esos 850.000 hogares, porque existe un porcentaje que siendo potencialmente destinatarios no reciben la prestación, porque no presentan la documentación, desconocen el ingreso o incluso tienen miedo a interaccionar con la administración”.

La trampa de pobreza

El Gobierno operará en cuatro fases: la primera, con un reconocimiento de oficio de familias con rentas por debajo de las garantizadas, con el que 75.000 familias ya han recibido prestación este junio; una segunda, en la que se ha abierto la capacidad de recibir prestaciones, que ya están por encima de las 400.000, pero sabiendo que esto “no va a ser suficiente”.

Una tercera y cuarta fase trabajará junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para, con las primeras, comprobar cuántos ciudadanos que reciben prestaciones autonómicas pueden ser beneficiarios del IMV, y con los consistorios, poder hacer que estos funcionen como agentes.

Para Escrivá la implementación de este ingreso “no tendrá éxito si la ciudadanía no evita la trampa de pobreza”, de la que cuesta salir una vez se ha entrado”. Por eso tienen que trabajar juntas todas las administraciones, “para ver los mejores itinerarios de inclusión y formación y por una evaluación y seguimiento de las políticas, por parte del Ejecutivo, pero también del tercer sector”.

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