La política en España ha entrado en un momento de disparate en que cualquier cosa, por kafkiana que parezca, puede ocurrir. Las decisiones de nuestros gobernantes son especialmente absurdas en el ámbito municipal, en las pequeñas y grandes ciudades donde las ocurrencias de nuestros mandatarios (generalmente por avidez monetaria y afán recaudatorio) más afectan al bolsillo de los ciudadanos en forma de impuestos y tasas.

Es el caso del Ayuntamiento de Valencia, donde por un momento a alguien se le ha ocurrido que podía ser una buena idea fijar una tasa a los vecinos que tengan un perro como mascota. Aunque de momento la propuesta ha sido aparcada, sigue estando contemplada en la nueva ley autonómica sobre bienestar y tenencia de animales de compañía que prepara la Generalitat Valenciana y que podría ser aplicada cualquier día a poco que los dueños de los animales se descuiden. El “tasazo a las mascotas” ha sido metido en un cajón (de momento) después de que el responsable de Hacienda del consistorio valenciano, el socialista Ramón Vilar, haya asegurado que se trataría de un “impuesto anti-económico que fiscalmente no tiene ningún sentido”.

La citada norma autonómica deja a decisión de cada municipio, entre otras cuestiones, fijar un límite máximo de perros permitido en cada vivienda y atribuye a los ayuntamientos la competencia exclusiva sobre la recogida y retención de animales abandonados o extraviados, así como las tareas de vigilancia e inspección de los establecimientos de venta y tiendas de animales. Además, la ley acaba con el sacrificio de los perros abandonados o recogidos en la vía pública, “lo que podría derivar en un incremento de los costes de mantenimiento” de los hogares caninos y centros de acogida, según informa la Cadena Ser. Es decir, para mejorar la financiación de las protectoras de animales, al Gobierno autonómico no se le ocurre otra alternativa que implantar una tasa de unos 9 euros por perro y ciudadano.

Ese encarecimiento de la gestión municipal de los animales domésticos, como consecuencia de una mayor concienciación y protección de los perros, estaría detrás de la decisión de las autoridades locales de fijar un tributo para compensar el gasto. Sin embargo, en el fondo de lo que estamos hablando es de lo de siempre: del simple afán usurero y recaudatorio de los ayuntamientos, por no hablar de la mala gestión de los recursos públicos, ya que dinero debería haber en las arcas municipales para atender y hacer frente a las políticas animalistas.

Pero hay razones aún más poderosas para que nuestros políticos abandonen esa normativa absurda, que también se baraja en otros ayuntamientos del país. En primer lugar estamos sin duda ante una medida política no solo cuestionable desde el punto de vista económico (el propio concejal de Hacienda Vilar cree que ese nuevo gravamen no tiene sentido porque lo que se ingresaría con él no daría para cubrir los costes administrativos de su implantación) sino por razones filosóficas, morales y sentimentales. Las personas que conviven con mascotas ven a sus perros como parte esencial de sus vidas, como uno más de la familia. En una sociedad envejecida, cada año crece el número de personas mayores que viven solas y que solo tienen a su fiel amigo de cuatro patas como único acompañante. Desde ese punto de vista, el de la función social que cumplen las mascotas, sería una inmoralidad y una injusticia imponer una tasa al efecto que obedecería a concepciones antropológicas propias del siglo pasado (el hombre como gran dominador de las bestias) e iría contra las ideas ecologistas y animalistas que hoy se abren paso en todo el mundo.

En segundo término los biólogos ya han demostrado que los perros están dotados de gran inteligencia y emoción y en muchos hospitales españoles estos animales son empleados por los médicos como terapia útil para mejorar la salud de pacientes que sufren enfermedades graves como el cáncer o el alzheimer. Gravar a los animales con una tasa sería ir en contra de la medicina y del bienestar sanitario de los ciudadanos.

Y por último está la razón de puro sentido común, la razón práctica que diría Kant. Imponer una tasa solo contribuiría a que se disparara la tenencia clandestina de perros, ya que muchas personas optarían por no pagar un canon que considerarían abusivo y dejarían de registrar a sus mascotas (incluso de vacunarlas). Un paso atrás en las ordenanzas sanitarias sobre posesión de animales de compañía, con las que España se había colocado a la vanguardia europea en los últimos tiempos.

El espíritu de una ley debe ser justo y esta norma no lo sería bajo ninguna premisa. De momento la idea, que obedece exclusivamente a simples razones recaudatorias, ha sido aparcada, pero amenaza con ser recuperada en el futuro. Ya ha dicho el señor concejal valenciano que otra cosa es que “la tasa sirva para financiar el coste de una ordenanza específica. Eso habría que estudiarlo a fondo”. Aunque después reconozca que esos 9 euros “no servirían ni para sufragar, por ejemplo, lo que le cuesta al Ayuntamiento limpiar todos los excrementos” en la calle. Mucho nos tememos que volverán a la carga.

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1 Comentario

  1. Ojala haya esta tasa pronto. Estoy hasta las narices con los perros en Valencia. Los pobres animales no tienen culpa de nada. Pero cada día hay más perros en la ciudad y nadie lo regula. Todas las calles se convertieron en baños públicos. Heces y pipi en cada calle. Casi no se sabe a donde caminar. Se ve y huele ascerosos. Con las tasas deberían limpiar los paseos diario. Y así que un perro cuesta esto también va regular la cantidad de perros. Ya Hay 100 mil en una ciudad de 800 mil habitantes. ¡Basta ya!
    Ni hablar de que la ciudad en general no es nada para perros. El estrés y el ruido los tiene a los pobres animales enfermos. ¡Es una irresponsabilidad enorme!

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