A día de hoy, la ejecución y puesta en marcha de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica se antoja como el horizonte, cuando damos un paso adelante para alcanzarlo, él se aleja otro paso. Nos mantenemos en el suspense que provoca algo que sabemos que va a llegar, pero tarda, y en esa espera anida la incertidumbre. Una sensación que probablemente está provocada por todo el cúmulo de esperanzas que hemos depositado en estos instrumentos a modo de revulsivo para el cambio de modelo productivo que está pidiendo a gritos nuestra economía.
Es necesario acabar con esta lentitud agónica en la que se están desenvolviendo los PERTE, e insuflar dinamismo a su ejecución para que sean visibles sus consecuencias en el menor plazo. Desde la Administración se han de redoblar esfuerzos para trasladar de forma eficaz los recursos destinados a tal efecto con mayor celeridad, pero al mismo tiempo controlar su destino y la eficiencia de su aplicación, en un contexto de prístina transparencia y con criterios sociales.
Aunque, hasta ahora, el papel que nos han dado a los sindicatos en los PERTE no ha sido el deseado, fruto de nuestra insistencia en tener una participación más activa, recogemos el guante tendido ahora por parte del Gobierno, tanto a través del presidente como de la ministra de Economía, y nos congratulamos de que las comisiones paritarias de seguimiento tengan participación sindical. Consideramos que en esa labor se requiere un conocimiento exhaustivo de las necesidades y capacidades de los sectores productivos y de las empresas, y en ese aspecto nuestra presencia está más que justificada.
UGT FICA queremos incidir en las futuras bases reguladoras de los PERTES, que deberían incluir cláusulas socio laborales, compromisos de industrialización, de retorno de capacidades industriales y de generación de empleo de calidad.
Todos los agentes sociales e institucionales que aspiramos a un país asentado en un modelo industrial fuerte, estamos expectantes por comprobar el efecto real que provocarán los PERTE en la economía futura de nuestro país. Quizás por ello, su ejecución y desarrollo se nos está haciendo tan lenta.
En UGT FICA estamos convencidos de que los PERTE son los instrumentos adecuados para modernizar nuestra industria y al mismo tiempo afrontar con éxito la transiciones ecológica y digital, que son la razón de ser de todo este despliegue de fondos desde Bruselas. No tenemos la menor duda sobre su capacidad tractora sobre el conjunto de nuestra economía, y su efecto positivo sobre la sostenibilidad, la competitividad y la productividad. Así como la cantidad y la calidad del empleo que tienen el potencial de crear. Amén de su capacidad para fomentar una mayor cohesión social, actuando como bálsamo en la lucha contra la despoblación.
También somos conscientes de que una vez abierta en Bruselas la espita de los fondos Next Generation EU, ya no hay marcha atrás. Con su apoyo, cada uno de los 27 países de la Unión Europea ha puesto en marcha una batería de políticas y medidas para propiciar la recuperación y la transformación de sus respectivas economías de la forma más ventajosa en el seno de la Unión Europea, tras la debacle que supuso la pandemia de la Covid 19.
Por lo tanto, de la inteligencia y la celeridad de esas políticas dependerá el posicionamiento de cada país en la configuración futura de ese proyecto común que es la Unión Europea. La suerte está echada y el único camino es hacia adelante. Nuestro país tiene que aprovechar esta oportunidad sí o sí.
En la carrera de fondo que va a determinar el peso específico de cada economía dentro de Europa, si nos retrasamos demasiado y no avanzamos a un ritmo superior a la media del resto de países europeos, lo más probable es que tenga consecuencias respecto al papel futuro de la economía de nuestro país en el ámbito europeo.
Los PERTE son los mecanismos para incentivar nuestras potencialidades para extender la alfombra de nuestra reindustrialización. Confiamos en la inteligencia de nuestros políticos para actuar, aunque sólo sea por esta vez, desde el consenso en beneficio de los intereses de todo el país. No podemos permitirnos el lujo de perder ese tren, porque sus consecuencias horadarían las bases del modelo de sociedad que hemos venido construyendo desde la llegada de la democracia a nuestro país.
Los PERTE son esa palanca para el cambio de modelo productivo que necesitamos. Algo en lo que, aparentemente, todo el espectro político parlamentario está de acuerdo en menor o mayor medida, tal vez porque sea un buen elemento a la hora de construir un discurso, o porque a efectos prácticos no pasa de ser una inocua expresión de buena voluntad.
Ese hipotético talante, ese supuesto compromiso con el futuro de nuestro país, va a ser visible en breve, posiblemente antes de que acabe este curso político. Y es que, coincidiendo con el intenso periodo electoral que se avecina, están en el disparadero un cúmulo de medidas muy necesarias para la reconstrucción industrial de nuestro país, aparte de reforzar el peso de los PERTE. Y ya es mala suerte, porque la experiencia nos ha demostrado la descarada falta de escrúpulos de nuestra clase política a la hora de utilizar armas arrojadizas y bloquear cualquier iniciativa que venga del bando contrario por muy beneficiosa que sea para nuestro futuro.
Esta es la tesitura en la que va a llegar la trayectoria parlamentaria del anteproyecto de ley de Industria, que está llamado a ser una de las bases sobre las que sustentar el impulso transformador del modelo económico español. Una ley que, de llegar a buen puerto, va a tener una repercusión óptima en términos genéricos, y especialmente entre las y los trabajadores.
Pero, para blindarla ante los caprichos de los gobiernos de turno en función de sus colores políticos, y para que tenga la suficiente perdurabilidad en el tiempo como para permitir el desarrollo de todo su potencial y que sus beneficios se hagan expansivos a todos los estratos de la sociedad, es necesario apuntalarla con un Pacto de Estado por la Industria, otra de las bases sobre las que sustentar los PERTE.
Un pacto de estado necesario para determinar un ámbito de colaboración eficaz entre las administraciones públicas, los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos en la consecución de una verdadera política industrial de país, más allá de los intereses particulares de cada una de las instituciones.
Crucemos los dedos y confiemos en la sensatez de nuestra clase política para actuar todos a una ante un proyecto de país. La realidad es terca e impone su lógica, no nos queda otra que abordar con decisión un proceso de reindustrialización. En este proceso están también todos nuestros compañeros de viaje de la Unión Europea, y de nuestra efectividad en la ejecución de una política industrial coherente va a depender nuestro futuro papel en ese ámbito y en el de la economía internacional.
