Tras la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que ha acordado ordenar a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás el próximo 10 de diciembre, la Abogacía del Estado ha solicitado, mediante medidas cautelares, la elaboración de un inventario de los bienes que se encuentran en el inmueble e impide a los Franco, mientras se elabora, sacar nada del Pazo.
Al parecer, la familia Franco había tomado la decisión de vaciar el Pazo antes de su entrega y, teniendo en cuenta que en su interior se encuentran las esculturas de Abraham e Isaac, pertenecientes al Pórtico de la Gloria, el fondo bibliográfico de Emilia Pardo Bazán y otros muchos objetos de incalculable valor, abogacía del estado pidió esta medida cautelar para evitar el expolio.
Por su parte, el Gobierno ha asegurado que «no tiene constancia» en estos momentos de que existan bienes o derechos de titularidad estatal que obren en poder de la familia dictador Francisco Franco por los que deban realizarse actuaciones, aunque en caso de identificarse, ejercerá las «facultades y prerrogativas» para defender el patrimonio del Estado.
Este lunes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, preguntada por si el Ejecutivo iba a tomar medidas cautelares para proteger los bienes del Pazo de Meirás, ha indicado que «evidentemente».
Además, Calvo ha recordado que el proceso judicial no ha terminado y que aún no hay sentencia firme, aunque, «de momento», el Pazo está adjudicado al Estado, así como sus bienes, que es patrimonio común, histórico y público de todos, por lo que lo protegerán.
