La pandemia no va a detener el ambicioso programa de reformas en derechos civiles que prepara el Gobierno de coalición. Tras la exhumación de la momia de Franco del Valle de los Caídos, ahora toca dar una vuelta de tuerca y homologar la legislación de nuestro país para equipararla a la del resto de los países europeos, sobre todo Alemania e Italia, los que al igual que España sufrieron la lacra de los fascismos del siglo XX con mayor crudeza. Sin reparación moral y material de las víctimas, y sobre todo sin declarar inconstitucionales las numerosas asociaciones que ensalzan y homenajean a los jerarcas de la dictadura, no se habrá hecho justicia. Y en esas están ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Fuentes de Moncloa señalan que el Gobierno está ultimando la nueva versión de la Ley de Memoria Histórica, fundamental para seguir avanzando en la superación del franquismo. Por descontado, el objetivo principal es prohibir la Fundación Franco, una maquinaria de propaganda nazi cuya labor de glorificación de la obra del dictador no puede ser tolerada por ninguna democracia, tampoco la española. Han sido demasiados años de tolerancias, de vanas justificaciones, de revisionismo histórico a mayor gloria del tirano, sin que la Justicia haya movido un solo dedo para ilegalizar este lobby fascista. ¿Dónde estaba la Fiscalía General del Estado cuando la Fundación lanzaba sus artículos blanqueadores del Régimen? Persiguiendo a raperos y titiriteros por sus absurdos mensajes en Twitter. El Gobierno ha dicho hasta aquí hemos llegado.
Pero hay más, mucho más por hacer. La devolución del Pazo de Meirás (residencia de verano de la familia Franco) a los vecinos del municipio como verdaderos propietarios, es otro asunto que el Ejecutivo Sánchez no quiere aparcar por más tiempo. “Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público”, dejó por escrito el acuerdo de coalición PSOE/Unidas Podemos. Sin duda, la batalla terminará en los tribunales, ya que la familia dice disponer de una escritura pública que contempla que ese bien es de su propiedad después de que Franco comprara el pazo en 1941 por 85.000 pesetas.
La retirada de títulos nobiliarios a los nietos del Caudillo está también en el borrador, así como declarar fuera de la ley a las organizaciones y fundaciones que inciten “directa o indirectamente” al odio o a la violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dado cuenta en las últimas horas de la hoja de ruta de un proyecto de ley que era una asignatura pendiente de nuestro país tras 40 años de democracia. Será precisamente en julio, un mes fetiche para los nostálgicos del Régimen por lo que tiene para ellos de recuerdo del alzamiento nacional, cuando arranquen los primeros trámites legislativos.
Pedro Sánchez cree que la crisis del covid-19 ya está controlada, de manera que es un buen momento para empezar a retomar los asuntos que quedaron aparcados en marzo, cuando fue declarado el estado de alarma. Por supuesto, cuenta con el apoyo de Pablo Iglesias, ya que existe consenso en ese punto en el seno del Gobierno de coalición. Es evidente que la Ley de Memoria Histórica promulgada por Zapatero ha quedado a medio cumplir. Ni siquiera se han terminado de retirar todas las placas en honor a los genocidas franquistas de las calles de nuestras ciudades y pueblos. Una de las novedades que ya han trascendido será la declaración del día 31 de octubre (fecha de aprobación de la Constitución Española y de entrada en vigor de la primera ley de memoria del Gobierno socialista) como jornada de recuerdo para las víctimas del franquismo.
La nueva legislación tendrá una misión fundamental y prioritaria: borrar el legado de Franco. Lo cual servirá para que más de uno, sobre todo entre los diputados de Vox, se vean obligados a retratarse y a dejar de aparentar un supuesto constitucionalismo y un perfil democrático que no tienen para definirse como lo que son en realidad. A Santiago Abascal le encanta jugar a la ambigüedad. Mientras concede entrevistas para maquillarse políticamente y decir que no se siente fascista, su partido vota en contra de la retirada de las condecoraciones al policía torturador Billy el Niño. Y mientras convoca manifestaciones en defensa de la Constitución, se permite el lujo de despreciar la ley de igualdad que garantiza los derechos entre hombres y mujeres. En Vox son muchos los nostálgicos a los que se les enternece el alma y se les saltan las lágrimas cuando oyen hablar de las hazañas y fechorías del dictador. Ahora ha llegado el momento de pronunciarse y decir lo que son sin tapujos ni dobles lengujes. Ha llegado la hora de votar a favor o en contra de una ley, la de reforma de la memoria histórica, que irá más allá aún en el intento de hacer justicia con las víctimas y de poner el franquismo en el lugar que le corresponde, que no es otro que en el basurero de la historia.
El argumento principal que esgrimirá el Gobierno para ilegalizar la Fundación Franco será el de la incitación al odio y a la violencia contra las víctimas del franquismo. En la nueva ley se contempla también el endurecimiento de las sanciones por apología y exaltación, según publica el diario La Información. Este medio avanza que el Gobierno también está estudiando sanciones económicas ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar el franquismo o hacer apología de la dictadura. Aquí entraría todo tipo de situaciones, como la exhibición de banderas o los lemas a favor de lo que representó Franco en nuestro país. “Esto quiere decir que los tradicionales actos del 20 de noviembre coincidiendo con el aniversario del dictador serían prohibidos y podría abrirse expediente sancionador. Del mismo modo, en una Proposición de Ley presentada el pasado mes de enero por el Grupo Socialista se puede leer que los locales donde se realicen este tipo de actos podrán ser clausurados. Fuentes socialistas apuntan que esa iniciativa será el armazón de esta nueva ley que se pretende negociar con los grupos parlamentarios en el Congreso a la vuelta del verano”.
Totalmente de acuerdo en que se retiren las placas de los franquistas y se prohíban las asociaciones que hagan apología del fascismo.
Pero para no dejar las cosas a medias convendría también prohibir los partidos y asociaciones que hagan apología del comunismo ideología totalitaria tan nefasta como el fascismo.
De paso habría que retirar las placas de las calles y plazas dedicadas a racistas declarados como Sabino Arana.
Tambien habria que ilegalizar a los podemitas comunistas como PODEMOS que son comunistas para todos menos para ellos.Y de paso ilegalizar al nefasto PSOE que son unos mentirosos ,,farsantes y traicioneros con el fraude de falconeti al frente.
Por cierto, también hay que ilegalizar a los fachas y nazis del PP y Vox.