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El Gobierno trabaja ya con la premisa de que sin indultos no hay solución al conflicto catalán

La mesa de negociación entre las fuerzas políticas de Cataluña debería retormarse en los primeros días de este año

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análisis

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Al Gobierno de coalición le asisten no pocas razones para conceder los indultos a los presos soberanistas catalanes. La primera de todas es que un Consejo de Ministros debe ser “valiente” a la hora de afrontar un “conflicto político” de gigantescas proporciones como es el que se ha desatado en Cataluña tras años de política de avestruz, desidia y por qué no decirlo, de arrogancia centralista hacia aquella comunidad autónoma por parte de los últimos gobiernos del PP. Abrir un cauce de diálogo, encontrar una solución consensuada, es obligación de todo político que pretenda afrontar con éxito la cuestión catalana y ese objetivo pasa necesariamente por el deshielo como paso previo a la reconciliación. La distensión es condición sine qua non en la firma de cualquier acuerdo y ese reencuentro solo puede materializarse con un indulto a los líderes independentistas encarcelados.

“El Gobierno va a cumplir con su compromiso de su acuerdo de investidura de intentar una solución dialogada para un conflicto en Cataluña que dura ya demasiado tiempo”, asegura la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una entrevista concedida a Europa Press tras ser preguntada sobre los posibles indultos, aunque no aclara cuál será la decisión final de Pedro Sánchez al respecto.

Sin duda, es preciso respetar los procedimientos legales y no adelantar acontecimientos ante la más que probable tramitación de la medida de gracia, ya que las peticiones aún no han llegado a la mesa del Consejo de Ministros y quedan pendientes los informes judiciales y penitenciarios correspondientes.

Sánchez es consciente de que se mueve en terreno de arenas movedizas y que cualquier paso en falso será utilizado por las derechas para acusar al Gobierno de coalición de “traidor” a España y amigo de separatistas. Por tanto, se impone el respeto más escrupuloso y absoluto al procedimiento, a la legalidad y a los tempos de la Justicia.

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El pasado año el Ejecutivo central estuvo volcado en la pandemia, una catástrofe de dimensiones colosales que requirió de todos los esfuerzos del Estado. Pero una vez encauzada la situación sanitaria y atendida la lógica prioridad de salvar tanto las vidas humanas como el tejido productivo lo que toca ahora es retomar los viejos problemas que quedaron aparcados en el mes de marzo de 2020, como el conflicto político en Cataluña, un asunto que el Gobierno pretende encarar abriendo un cauce de diálogo con las diversas fuerzas políticas para encontrar una solución consensuada.

Sin duda, las derechas preferirían que el problema catalán fuese aplazado una vez más, pero todo el mundo en España es consciente de que cada día que pasa ese tumor sin tratar se enquista un poco más. La política de la avestruz, la táctica de esconder la cabeza bajo el ala y mirar para otro lado, no es la manera de resolver los asuntos de Estado y el PP será tan responsable como el Gobierno si no asume su responsabilidad de oposición y permite que el conflicto siga encapsulado en el inmovilismo. Los catalanes −no solo los independentistas sino también los españolistas−, merecen retornar a un escenario de normalidad, estabilidad y tranquilidad. La crispación solo beneficia a los más radicales, los ultras de uno y otro signo partidarios del dogmatismo, el maximalismo y la polarización, dos ejércitos de la intransigencia que dicho sea de paso no dejan de ser una minoría. La catalana siempre fue una sociedad tolerante, sensata, dialogante, y ese «seny» no puede haber cambiado de la noche a la mañana por mucho procés que se haya puesto en marcha.

El diálogo siempre es el camino hacia la paz, la armonía y la capacidad de entendimiento entre los pueblos. El reconocimiento del diferente, la pluralidad de las ideas y sensibilidades que cohabitan en España, el espíritu de consenso, deben imponerse de nuevo. Y el que no quiera aportar, al menos que no estorbe, tal como ha asegurado con acierto la ministra Montero.

En este país no hay nadie en su sano juicio que no aspire a que el conjunto de la ciudadanía (la española y la catalana) pueda vivir en paz y respeto mutuo. Es más que evidente que los últimos tres años de confrontación han llevado al hastío, a la frustración y a la fatiga a buena parte de la sociedad catalana que está harta de vivir en un clima casi prebélico. Ha llegado la hora de pasar página, de que los políticos se sienten a negociar lo que no negociaron desde 2017. El Estado español tendrá que reconocer que existe un conflicto histórico, una realidad que no se puede negar u ocultar y que se traduce en la existencia de más de 2 millones de independentistas catalanes. Por desgracia, los últimos gobiernos del PP no han querido afrontar esa verdad tangible en las urnas. La sensibilidad ha brillado por su ausencia y se ha cerrado el paso a cualquier intento de acuerdo para avanzar en el reconocimiento de los derechos de Cataluña. En ese sentido, una petición de perdón por los palos de los antidisturbios a cientos de votantes el 1-O no estaría de más.

Pero si obtusa ha sido la posición de Madrid en estos años de convulsión, más todavía lo ha sido el contumaz y cerril empecinamiento de algunos líderes catalanes que han tratado de negar la otra realidad incontestable: que una mitad de Cataluña no desea, en este momento de la historia, independizarse de España. Esa ceguera política, ese delirio de que se podía alcanzar la República liquidando unilateralmente la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes y reglamentos no ha traído más que desastres a Cataluña. Las consecuencias de la gran farsa del 1-O (hasta los propios promotores del referéndum han reconocido que sabían de antemano que la República era misión imposible) han resultado nefastas para el país: una sociedad enfrentada en dos bandos irreconciliables, la resurrección del viejo odio fratricida, la parálisis de instituciones fundamentales como el Parlament, la ruinosa fuga de empresas y multinacionales y la destrucción de una de las economías regionales más prósperas de toda Europa.

Por tanto, ambos bloques deberán aparcar sus posiciones maximalistas cuando se inicie el diálogo en la mesa de negociación. Ambas partes tendrán que renunciar y hacer concesiones audaces y dolorosas. Solo así se logrará pasar página, restañar las heridas y avanzar en la necesaria reconciliación de la sufrida sociedad catalana. 

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6 Comentarios

  1. Si indultan a estés malvados tipos independentistas,entonces tendrían que indultar a miles de presos que están en chirona por causas mucho menos graves.Este gobierno comunista bolivariano de ultraizquierda ya no sabe lo que hacer para seguir en el poder.Estes tipos deben cumplir su condena sin privilegios.

    • Anonimo..como no!!
      ¿gobierno comunista boivariano de ultraizquierda?jajajaja
      Este gobierno no llega ni a socialdemocrata.
      usted no sabe lo que es el comunismo,yo si se lo que es el fascismo al que usted representa.
      Por otro lado,si el emerito,su hija y otros muchs se van de rositas,los independistas tienen todo el derecho al indulto y antes o despues hay que hacer el referendum oficial y legal.

      • Si continuáis con la matraca y haceis que VOX sigue creciendo, tal vez el referendo que se haga sea para suprimir las autonomías como en Francia. Si lo apoya la mayoría sería democrático se acabaría el problemas y tendríamos; liberté, égalité, y fraternité.

  2. Sr ANÓNIMO el problema és que no hay ninguna causa y ese juicio fue una farsa. Para que Europa no vuelva a sacar los colores a la falsa justicia española mejor solucionar esto aquí

  3. Los problemas nacionalistas no tienen solución.

    Para los nacionalistas la nación la fundamenta la etnia; el grupo etno-lingüistico. Para el nacionalista existe la nación de los catalanes de los vascos, de los castellanos, de los serbios, y de croatas. Pero no existe España ni Yugoslavia.

    Para los nacionalistas España, Yugoslavia, Francia, o cualquier otra nación-estado en la que convivan varios «pueblos» es una anomalía a erradicar. Consideran que lo «natural» es que cada pueblo tenga sus propia nación y su propio estado.

    Su mundo ideal sería un mundo donde cada pueblo (etnia) se constituya en nación y sus fronteras abarquen los territorios nacionales; los del grupo etno-lingüístico.

    Los nacionalistas más consecuentes hablan de los «Países Catalanes»; nación que estaría formada por los territorios franceses de habla catalana, Cataluña, Baleares y Valencia.
    La nación Vasca sería Navarra, territorios franceses de habla vasca y Euskadi.

    Los nacionalistas de todos los lugares del mundo aspiran a reunir a los miembros de su grupo étnico, o etno-lingüístico en una misma nación, con sus estado y sus fronteras.

    En el mundo hay más de 10.000 grupos étnicos. Salvo excepciones las +- 200 naciones-estado del mundo están formadas por decenas de grupos étnicos. Las fronteras políticas de estas naciones-estado, nada tienen que ver con las «fronteras étnicas o tribales» todas están construidas sobre «territorio históricos», de imperios, monarquías, ex-colonias, constituidos hoy en naciones.

    Destruir esas 200 naciones «heredadas» para construir 10.000 naciones étnicas; una para cada pueblo, es un disparate de tal calibre que solo cabe en mentes fanatizadas.

    Los constitucionalistas aspiramos a todos los grupos étnicos puedan vivir juntos, en paz, armonía, e igualdad de derechos y libertades, en España; nuestra nación-estado heredada. Los nacionalistas aspiran a destruirla para construir una nación para cada grupo etno-língüístico; la nación vasca, catalana, gallega … Aspiran a convertir España en una nueva Yugoslavia.

    No hay forma humana de convencer a un nacionalista de que renuncie a su proyecto, ni cabe esperar lealtad de ellos. Toda cesión será aprovechada para acercarse a su objetivo; segregar a los españoles por etnias. Cada intento de acercamiento será interpretado como debilidad.

  4. Sr Ortiz por qué siempre sacan lo que les interesa de la Constitución y olvidan otros derechos, vivienda, trabajo, salud….. que afectan más a la sociedad???
    La constitución es reformable y actualitzable al Siglo XXI en cualquier momento

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