La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha comunicado que el Gobierno solo va a utilizar 2.900 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o lo que es lo mismo, de la hucha de las pensiones, para hacer frente al pago de las pensiones en diciembre, frente a los más de 3.600 millones de euros autorizados en el pasado Consejo de Ministros del 15 de noviembre.

La titular del Ministerio de Trabajo ha participado en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para pedir la convalidación del Real Decreto por el que se adoptaron medidas relativas al presupuesto de la Seguridad Social, del pasado 15 de noviembre, que finalmente ha visto la luz verde.

Hucha de las pensiones

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó su importe máximo en 2011, cuando contaba con 66.815 millones de euros. El Gobierno de Rajoy del PP, dilapidó a partir de 2012, la hucha de las pensiones, al retirar 7.003 millones de euros; en 2013, se dispuso de 11.648 millones de euros; en 2014, 15.300 millones de euros; en 2015, 13.250 millones de euros; en 2016 se dispuso de 20.136 millones de euros; en 2017, de 7.100 millones de euros, y en 2018 se retiraron 3.000 millones de euros. Prácticamente el 80% fue dispuesto por gobiernos del PP.

La hucha de las pensiones cierre 2019 con apenas 2.150 millones de euros. Este año el Gobierno no ha aprobado ningún préstamo, si una transferencia, para no dejar el Fondo a cero.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de noviembre de un Real Decreto-Ley de medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, por el que se autoriza la ampliación de crédito con cargo a la previsión de mayores ingresos sobre el presupuesto inicial para 2019 (prorrogado de 2018) para el pago de las pensiones. El Consejo de ministros ha autorizado sacar un máximo de 3.598,20 millones de euros del Fondo de Reserva.

“El aumento de las pensiones del 1,6% este año y del 3% en el caso de las mínimas no estaba prevista en las cuentas públicas prorrogadas”

«La situación de prórroga presupuestaria motiva una importante distancia entre las magnitudes que sirvieron de base para confeccionar el presupuesto de 2018 y el volumen de obligaciones que deben soportar los créditos de sus respectivos presupuestos de gastos para el presente», ha dicho la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante su comparecencia.

Valerio ha destacado que “el aumento de las pensiones del 1,6% este año y del 3% en el caso de las mínimas no estaba prevista en las cuentas públicas prorrogadas, como tampoco lo estaba el mayor aumento de los ingresos por cotizaciones, debido a la mejora de los salarios, al alza del SMI y al aumento de las bases mínimas y máximas de las cotizaciones”.

La norma aprobada incluye también el incremento en 600 millones de la transferencia del Estado a la Seguridad Social para garantizar su equilibrio presupuestario, debido a la menor emisión de deuda de lo previsto por parte del Tesoro Público y por el menor pago de intereses. En concreto, estos 600 millones se suman a la transferencia ya prevista de 1.331,9 millones de euros. «Esta cantidad, además de la inicialmente prevista, se debe a que hemos tenido que emitir menos deuda y los intereses pagados han sido inferiores», ha explicado Valerio.

En el último mes del año, la Seguridad Social abona la paga ordinaria y extraordinaria de más de 9,5 millones de pensiones, lo que supone un desembolso total superior a los 19.000 millones de euros. La Tesorería General de la Seguridad Social financiará el pago con la ampliación de crédito por el incremento de cuotas y la disposición del Fondo de Reserva aprobados.

La ministra ha recordado “que, gracias a este Real Decreto, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como el Instituto Social de la Marina (ISM) dispondrán de los recursos necesarios para abonar las prestaciones de la Seguridad Social a las personas beneficiarias”.

Apoyo y convalidación

La mayoría de los grupos, exceptuando al de extrema derecha Vox, han votado a favor de la convalidación de este Real Decreto Ley. El diputado del PP Mario Garcés ha asegurado que, “e verdad que hay algunos datos que corroboran que hay crecimiento, pero se perdieron 98.000 empleos en octubre», ha remarcado.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Mercè Perea ha afirmado que; “Este RDL no es un salto al vacío, como algunas voces han querido dar entender, sino que se sustenta en: Una mejora de los ingresos en el sistema, principalmente por el incremento de las cotizaciones gracias a una mejora del empleo y por los efectos de las acciones de gobierno. Casi un 8% según informe de la Dir. Gral. De Ordenación de la Seguridad Social. Y en segundo lugar en una mejora en la ejecución del Presupuestos Generales del Estado (PGE) y por ello permite la transferencia de 600ME al sistema a fin de apoyar su equilibrio presupuestario”.

“En la propia comisión del Pacto de Toledo, se llegó a asumir por los grupos el saneamiento del déficit del sistema en un periodo prudencial de 5 años. Un acuerdo que no llegó a cristalizar”, Mercè Perea espera que se consiga en esta legislatura que empieza a caminar, más pronto que tarde.

Para la diputada socialista “la aprobación de este DL es un acto de coherencia con lo votado tanto en los PGE para 2018 como en el RDL 28/2018 que fue aprobado con amplia mayoría”, ha reclamado.

«La no aprobación de los Presupuestos para 2019 nos ha llevado a mantener las cuentas públicas de Cristóbal Montoro, lo que ha determinado que las partidas previstas sean insuficientes para afrontar el aumento del gasto en pensiones», ha afirmado el diputado del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos Antonio Gómez-Reino.

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Sergio del Campo ha pedido “que se dejen de hacer parches y de poner tiritas al sistema”.

El Diputado Grupo Parlamentario Vasco Mikel Legarda ha instado a abordar las reformas de la Seguridad Social, sobre todo lo referente a sus fuentes de financiación. “Hay muchas cosas que abordar y el Pacto de Toledo tiene que ser la clave para que los problemas no se vayan retrasando y engordando”, ha dicho.

Por último, desde el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada Laura Borràs ha recordado “que el Real Decreto no incorpora el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones” y ha insistido en que los grandes retos “no pueden camuflarse detrás de las cortinas de humo de la economía o de las cruzadas territoriales”.

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