jueves, 21octubre, 2021
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El Gobierno se queda muy corto en su respuesta al chantaje de Marruecos

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha señalado que la posición de España respecto al Sáhara no va a cambiar y seguirá defendiendo el multilateralismo, el derecho internacional y las resoluciones de la ONU

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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La crisis fronteriza provocada por Marruecos como represalia a la atención humanitaria del líder de la República Árabe Saharaui, Braim Ghali, está teniendo una respuesta demasiado diplomática por parte del Gobierno de España. En consecuencia, se está quedando excesivamente corta porque no tendrá ningún tipo de repercusión directa en el país alauita que seguirá chantajeando a España si no se les para los pies.

Un desafío como el planteado por el país gobernado por el sátrapa Mohamed VI, requiere una respuesta contundente basada, en primer lugar, la imposición de duras sanciones económicas y, en segundo término, llevar el asunto del Sáhara Occidental al escenario que le corresponde a España, es decir, que Pedro Sánchez sea valiente y convoque, a través del Comité Especial de Descolonización de la ONU, un referéndum de autodeterminación del Sáhara.

Respuesta de la ministra de Exteriores

Arancha González Laya ha señalado en la Sesión de Control al Gobierno que la posición de España respecto al Sáhara no ha cambiado y no va a cambiar y se basa en el multilateralismo, el respeto a las normas internacionales y las resoluciones de la ONU.

La ministra ha recordado que la política española sobre el Sáhara es una política de Estado desde hace años y que fue refrendada a principios de marzo en una moción apoyada por ocho grupos parlamentarios en el Senado, incluido el PP y Bildu.

Entonces, los partidos instaron al Gobierno a que apoyara y facilitara, tanto en la ONU como la UE, una solución política conforme al derecho internacional y las resoluciones de la ONU, y «esa es la política que vamos a seguir, la que Bildu y PP y otros miembros de la cámara apoyaron», ha zanjado.

El Sáhara es territorio español

Naciones Unidas ya ha ratificado el hecho de que el Sáhara Occidental no está administrado por Marruecos, sino que la potencia administradora es España. Por tanto, según la ONU, Marruecos está ocupando territorio español.

Pedro Sánchez, por tanto, no debe olvidar jamás que, en base a la legalidad internacional, España, con Felipe VI a la cabeza, tiene una responsabilidad con el Sáhara Occidental que va más allá de lo sentimental porque, legalmente, el territorio continúa perteneciendo a España y no a Marruecos.

La ilegalidad de los Acuerdos de Madrid

Hay un aspecto que en nuestro país se ha pasado por alto: la ONU declaró nulos los Acuerdos de Madrid de 1975 firmados por Juan Carlos I por los que se cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Esta nulidad es la que provoca que el territorio se encuentre aún entre los dieciséis territorios no autónomos supervisados por el Comité Especial de Descolonización de la ONU.

Además, en ese acuerdo ilegal firmado unos días antes de la muerte de Franco por Juan Carlos I, no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara Occidental, sino que España transfirió ilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania ya que el derecho internacional impide que el Estado administrador abandone unilateralmente sus responsabilidades de un territorio no autónomo/colonizado.

Ocupación ilegal del territorio

Marruecos ocupa y administra el territorio a pesar de no figurar como potencia administradora en la lista de la ONU, ya que Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal. Así quedó establecido en el año 2002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y en base al derecho internacional, al que hoy ha hecho referencia González Laya, España es la potencia administradora y, por tanto, está permitiendo que una nación extranjera ocupe ilegalmente el territorio.

Ratificación de Marlaska

Esta legalidad fue ratificada en el año 2014 por un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que se afirmaba claramente que «España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento».

El auto añadía, además, que «el estatus jurídico del Sahara occidental en los términos que se indican por el Ministerio Fiscal se corresponde con el que se hace constar en el escrito de fecha 29 de enero de 2002 dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el Secretario General adjunto para los asuntos jurídicos, que expresamente se recoge en los antecedentes de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

En el mismo auto, se reproducen las conclusiones de la Fiscalía respecto al Sáhara Occidental. En primer lugar, el Ministerio Público determina que el territorio era la provincia 53 de España, con representación en las Cortes. En segundo término, el Estado español reconoció en Naciones Unidas su papel de potencia administradora. En tercer lugar, hace referencia a cómo la ONU «ha mantenido una posición uniforme sobre el “Acuerdo Tripartito de Madrid” al dictaminar que el mismo es nulo, sin eficacia jurídica, en consecuencia, siempre ha considerado a España como la Potencia administradora».

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