El Ministerio de Sanidad ha expresado claramente su oposición a la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria para el personal sanitario y sociosanitario del sistema español, así como para el personal trabajador en residencias de mayores.
La razón se encuentra en que en España no es obligatoria la vacuna contra el COVID-19, pero además, porque va contra la estrategia de vacunación que las comunidades autónomas se han comprometido a cumplir.
Sin embargo, Sanidad está estudiando la posibilidad de realizar traslados forzosos del personal que esté en contacto con personal vulnerable, así como someter a quien no quiera vacunarse a un control de PCR semanal (o dos).
No consta hasta el momento registro alguno de personal sanitario o sociosanitario que no haya querido someterse a la vacunación, pero desde fuentes gubernamentales afirman que la respuesta a la vacunación ha sido en términos generales mayoritaria.
De esta manera, España está cumpliendo con las recomendaciones dadas por el Consejo de Europa a comienzos de año, que recordó que no se puede someter de manera obligatoria a la población a ningún tipo de tratamiento médico, y que se debe respetar la decisión que ha de ser libre para todo el mundo. Recomendaba también el Consejo de Europa que, para promover la vacunación ante el COVID, lo más positivo era informar adecuadamente a la población, sobre todo con los posibles efectos que puedan derivarse de la administración de estas vacunas, para que la decisión sea informada, libre y con plena decisión por parte de la ciudadanía.
BT
