La Ley de Memoria Histórica que prepara el Gobierno contempla la “resignificación del Valle de los Caídos”, un proyecto que según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se abordará en una “pronta reunión”. Con casi toda probabilidad, el nuevo texto legal se debatirá en el Consejo de Ministros de este mes de julio. En la nueva ley, que reforma la que ya impulsó en 2007 el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se contempla también un banco de ADN de las víctimas, un instrumento fundamental para que las personas que buscan a sus familiares puedan cotejar su material genético con el de los cadáveres de las personas desaparecidas.
Tras arduos debates, parece que finalmente el Gobierno ha optado por convertir el Valle en un “lugar de memoria”, algo así como una especie de centro de interpretación de lo que fue la dictadura fascista del general Franco. De momento Moncloa no adelanta que tipo de centro será ni qué características reunirá. Se han filtrado con cuentagotas algunos detalles del proyecto, como la intención de expulsar a los monjes benedictinos encargados hasta ahora de la gestión del mausoleo. Cabe recordar que esta congregación se opuso frontalmente a la exhumación del dictador. Ahora el Gobierno estaría negociando con el Arzobispado de Madrid para que “otra orden religiosa” se haga cargo del culto en la basílica y la abadía en el momento en que Cuelgamuros se convierta en un centro “resignificado”.
El modelo que gusta, y que está siendo objeto de estudio por los expertos en patrimonio del Gobierno, es el que en su día siguió el Gobierno alemán para Auschwitz, el macabro campo de concentración nazi en el que murieron exterminadas entre cuatro y seis millones de personas. “Aunque no se trate de un lugar divertido, visitar el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau resulta imprescindible para conocer una de las partes más trágicas e importantes de la historia del siglo XX”, informa la web del centro de interpretación alemán. “Los guías del campo os hablarán sin tapujos sobre la forma de vida de los prisioneros desde la llegada al campo”.
Las instalaciones de Auschwitz se conservan en excelentes condiciones, algo que permite conocer los antiguos barracones, las cámaras de gas, los hornos crematorios y una parte de la inmensa colección de los objetos que fueron robados a los prisioneros antes de ser asesinados. El Valle de los Caídos también fue un centro de trabajos forzados en el que purgaron penas injustas miles de inocentes presos republicanos y salvando las distancias se encuentra en buenas condiciones, por lo que podría ser visitado por grandes cantidades de personas, tanto turistas como interesados en la historia.
La vicepresidenta Calvo, no obstante, no ha dado más detalles sobre cómo se va a producir esa “resignificación”. No ha adelantado demasiado sobre las exhumaciones de los miles de cuerpos que siguen allí enterrados ni tampoco ha dado ninguna pista sobre cómo se afrontará el reto de resignificar un monumento tan vinculado a la dictadura franquista.
Calvo ha especificado que su departamento ultima ya el borrador de la ley, que pretende modificar la actual Ley de Memoria Histórica con la voluntad de que el Gobierno desembolse fondos públicos para el proyecto, a diferencia de lo que hizo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, que “se jactó de decir que había cero euros para la memoria democrática”.
La vicepresidenta ha querido recordar al PP que España “es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras esperando, algunas personas muy mayores, no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia».
Calvo ha avanzado que su ministerio ultima asimismo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “un plan de exhumación en todo el territorio muy importante, con derivación de fondos públicos para que a través de los ayuntamientos podamos exhumar y devolver a los familiares con identificación a sus familiares”.
De manera que los planes de la vicepresidenta pasan por que “en dos o tres semanas” el borrador pueda elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación. El viernes pasado, su ministerio abrió un plazo de consulta pública para que la sociedad civil pueda hacer llegar sus sugerencias al respecto.
