El presidente del Gobierno compareció en el día de ayer para presentar a toda la ciudadanía el paquete de medidas económicas para luchar contra la crisis del coronavirus. La cantidad total es importante, puesto que esos 200.000 millones de euros que se van a inyectar suponen un 20% del PIB de España. Además, de las medidas sociales para evitar que los más vulnerables (familias, pymes y autónomos) sufran unas consecuencias irreversibles de la crisis del coronavirus, el Gobierno demostró su sentido de Estado al blindar a las empresas del IBEX-35 de los ataques que están sufriendo por parte de las posiciones bajistas, principalmente estadounidenses, quienes, al fin y al cabo, son especuladores oportunistas que se iban a hacer de oro con la compra a precio de saldo de las acciones de las grandes empresas españolas.
Pedro Sánchez dijo en su comparecencia lo siguiente: «hemos reformado la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica».
Desde el pasado 21 de febrero, los principales valores del IBEX han perdido más de 160.000 millones de euros, destacando las caídas de más de 37.000 millones de Inditex o los más de 30.000 millones del Santander.
Tras el anuncio de estas medidas por parte del presidente del Gobierno, el índice bursátil español ha pasado de tener tímidas subidas en el entorno del 1% a cerrar la jornada con un 6,41%, liderando las subidas Telefónica, Iberdrola y los bancos, que también recibieron una inyección de optimismo por parte del BCE.
Todas estas grandes empresas son las que, precisamente, más críticas han sido con el programa económico del Ejecutivo. Protegerlas en un momento de crisis también es sentido de Estado y de hacer comprender a todo el mundo que el Estado es algo más que las medidas políticas, que el Estado somos todos, élites financieras incluidas.
La banca advirtió al Gobierno que la aprobación de un impuesto a las transacciones financieras sería negativo para la competitividad y pidieron que sólo se aplicara si lo hacía la UE.
Los empresarios, por su parte, se han opuesto frontalmente a la subida del salario mínimo interprofesional y, en un informe de la CEOE, vaticinaron que provocaría un desplome en la contratación. Hay que recordar que, tras el anuncio del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, las empresas comenzaron a adelantar posibles reestructuraciones de plantilla para antes de la investidura de Pedro Sánchez.
Por otro lado, las grandes fortunas, a quienes también afectan de manera positiva las medidas aprobadas por el Gobierno, comenzaron a buscar salida para su dinero fuera de España, principalmente en Portugal.
A pesar de toda la oposición que ha tenido por parte de estas élites empresariales, económicas y financieras, el Gobierno no les ha dejado en la estacada, en coherencia con lo dicho por Pedro Sánchez en su intervención: «Nadie se va a quedar atrás».
Lo que resulta sorprendente es que, en momentos de crisis como la que se está viviendo en estos días, los defensores de la reducción de la presencia del Estado en la vida económica, acudan buscando ayuda cuando se producen situaciones límite que les causan grandes pérdidas. Los representantes del capitalismo más salvaje, del neoliberalismo que pretende la privatización absoluta de las actividades económicas, incluidas las de los servicios básicos que conforman el estado del bienestar y que están garantizados en la Declaración de Derechos Humanos, además de en las constituciones de los países democráticos.
Sin embargo, lo que el gobierno ha impedido es la toma de control de nuestras grandes empresas por parte de fondos de alta frecuencia, inversión pasiva o hedge funds. Más bien, lo que ha impedido es el asalto final a España de estos especuladores profesionales. En la actualidad hay gestores de cartera, bancos/fondos custodios o fondos soberanos que controlan la presencia en las empresas del IBEX. El mejor ejemplo de ello es BlackRock quien, antes de que se iniciara la crisis del coronavirus, ya controlaba acciones por valor de 18.000 millones de euros, es decir, más de un 10% del total del capital bursátil del índice español. Y no es el único.
