Un delito de atentado por insultar, empujar y arrojar objetos contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o defender el derecho a la vivienda consagrado supuestamente por la Constitución Española. Un tribunal ha optado por la primera tesis y ha condenado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 meses de prisión después de considerarla responsable de un delito de atentado. La condena será recurrida al Tribunal Supremo y la diputada ha recibido el respaldo de sus compañeros de partido y de los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid ha condenado a la diputada regional a un año y siete meses de prisión por un delito de atentado, tras intentar evitar el desahucio de una persona con discapacidad el 31 de enero de 2014 en el madrileño barrio de Lavapiés.

Además, los jueces la consideran también culpable de un delito leve de lesiones, por el que le imponen una pena de multa de cuatro meses, a razón de una cuota diaria de diez euros, y de un delito de daños, por el que la sancionan igualmente a pena de cuatro meses, con la misma cuota diaria.

La defensa de la diputada ha sido ejercida por Red Jurídica, queha explicado que “la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal no se apoyaba en ninguna prueba objetiva, como fotografías o vídeos, sino únicamente en las pruebas subjetivas que son las declaraciones de los funcionarios”. 

El tribunal madrileño absuelve a Isabel Serra del delito de desórdenes públicos que le solicitaba el Ministerio Fiscal, al considerar que no quedó acreditado durante el juicio, “pese a la violencia desarrollada y los lesivos resultados provocados, que la intención de los autores de estos actos fuera la de atentar contra la paz pública, presupuesto básico para aplicar esta figura delictiva”, según señala el fallo judicial.

En relación a la responsabilidad civil, Isabel Serra deberá indemnizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle la cantidad de 4.850 euros y a otro cuatrocientos euros.

Los jueces consideran que en el juicio celebrado en la Sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, debido a la condición de aforada de la acusada, diputada de la Asamblea de Madrid, ha quedado acreditado que Isabel Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial, hasta el punto de obligar a los agentes a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban e, incluso, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los allí congregados se llevaran algún objeto de su interior, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón de la comitiva policial.

“La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’. A otra agente de Policía le dirigió frases como: ‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro’. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos”, señala la sentencia, que será recurrida al Supremo.

Dos agentes heridos

Dos agentes de policía municipal resultaron heridos, según indica el fallo judicial. Uno, tras ser alcanzado con un objeto contundente que le impactó en la mano izquierda, y el otro al recibir el impacto de otro objeto en el casco, lo que le provocó un desvanecimiento y una contractura cervical con mareos y vértigo.

Los jueces aclaran que el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión pacífica, “son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y sirven como vehículos para canalizar protestas, en principio legítimas, como el caso presente de solidarizarse con una persona desahuciada de la vivienda que ocupa. Ahora bien –añaden-, al igual que otros derechos fundamentales, su ejercicio tiene límites, siendo uno de ellos el que su legítimo ejercicio no puede amparar comportamientos ilegales o castigados por el Código Penal”.

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3 Comentarios

  1. Bulo! cuidado que pastor os cierra la web. Es un bulo la noticia. Esta personaja no ha sido condenada por querer evitar un desahucio; ha sido condenada por enfrentarse a la policía, y concretamente por a una mujer, insultándola. Entiendo que a la basura progre que representa Don Natalio, no le guste que haya algún juez independiente, que le gustaría volver a los tiempos de franco, un único poder y diversas funciones, pero bueno, es lo que hay. En España no ha sido nadie condenado por intentar evitar un desahucio, si por enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Si hubiese justicia de verdad, esta tipeja iría a la cárcel, como la patoja, a pesar de no haber sido condenada a mas de 2 años. Cuidado con los bulos…. que la ministra marlaska te manda a la ramera vestida de verde a ponerte firme, si sabes lo que es eso. A cumplir con la ley, como todo hijo o hija de vecino o de vecina, como hacemos todos y todas encerrados en casa, aunque pensemos que es ilegal, pero cumplimos. A ver si ahora los chochitos de podemos están por encima de la ley, como campechano I.

    • Está Vd. haciendo, y por esrito, lo mismo que dicen los policías que hizo la Sra, Diputada.
      Recapacite… si le es posible.

  2. Si no hay videos ni fotos. Todo lo demás son invenciones de gente aprovechada. Hasta el esguinze cervical es un invento. Es lo primero que se hace para sacar el dinero a personas y aseguradores. La presunción de veracidad es un abuso y es atidemocrático.

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