El Gobierno español ha reaccionado tímidamente ante el bandolerismo de AstraZeneca y ha advertido a la multinacional farmacéutica que está estudiando la posibilidad de no recomendar que los mayores de 65 años se pongan su vacuna. ¿Represalia por la cacicada que ha supuesto que la multinacional corte el grifo de los antídotos o simple casualidad? En medio del escándalo protagonizado por la corporación británica con sucursal en Madrid nada parece aleatorio. La compañía del Reino Unido ha intentado consumar la gran estafa de las vacunas desviando millones de dosis a países que pagan mejor y esa decisión está dejando desabastecido el mercado europeo, mientras los muertos y contagiados se cuentan por miles. Son las primeras consecuencias del Brexit, que ha llegado para reavivar el fantasma nacionalista que tan nefastas consecuencias tuvo en el pasado en forma de guerras y conflictos permanentes.
De momento, Pedro Sánchez no ha dado orden de intervenir las patentes para que nuestro país tenga acceso a las fórmulas magistrales y poder fabricar sus propias vacunas, autoabasteciéndose, que es de lo que se trata en medio de la guerra contra el agente patógeno. Es evidente que todo lo que tiene que ver con nacionalizar, expropiar o intervenir genera urticarias en el sector más conservador del Consejo de Ministros y aunque Unidas Podemos, socio mayoritario de la coalición, presiona para que el Ministerio de Sanidad tome cartas en el asunto frente a los abusos de AstraZeneca y otros corsarios de la industria farmacéutica, de momento no parece que Sánchez esté por la labor de apretar el botón rojo de la nacionalización. El miedo a que le llamen chavista o bolivariano siempre planea sobre Moncloa, mientras voces autorizadas del PP como el alcalde Martínez-Almeida se muestran más firmes en sus convicciones neoliberales y ha dicho que no le gusta la idea de expropiar nada, al tiempo que insiste en “no infantilizar el relato de la vacuna”, puesto que ve complicado que el 70 por ciento de los españoles estén inmunizados en verano. La batalla ideológica que se libra en esta pandemia entre derecha e izquierda puede ganarla el bloque conservador por incomparecencia de los progresistas, siempre blandos y acomplejados a la hora de aplicar mano dura para frenar el coronavirus.
Es innegable que el Gobierno está sufriendo presiones para que intervenga ya en la dictadura oligopolística de las farmacéuticas, no solo por parte del sector podemita del Ejecutivo, sino de oenegés, organizaciones médicas y sanitarias y directamente de la población española, que ve cómo la economía se arruina, los bares se cierran, el turismo se va al garete, las deudas engordan, el paro crece y la campaña de vacunación anunciada por el Gobierno no termina de alcanzar la “velocidad de crucero” anunciada por el exministro Salvador Illa, hoy flamante candidato del PSC a las elecciones catalanas. Los españoles no pueden esperar ni un minuto más sabiendo que existe un remedio para el covid y no está llegando a la gente por culpa de la ambición de AstraZeneca y de unos señores contables disfrazados con bata blanca que pretenden sacar tajada a costa de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de muchos. Es evidente que la Unión Europea ha sufrido un engaño colosal (su gestión en este triste episodio de las vacunas deberá ser analizada con detenimiento cuando las aguas se hayan calmado) pero ahora toca reaccionar. Las acciones legales deben quedar para después, ya que de lo que se trata es de intervenir en el mercado, vacunar a más de 20 millones de españoles y salvar la campaña turística de verano, que para nuestro país es el último clavo ardiendo al que agarrarse antes de la quiebra total.
Sin embargo, cada vez que se trata de tomar medidas audaces, de asumir riesgos, en definitiva de gobernar, este Gobierno queda paralizado no solo ante el poder de las grandes farmacéuticas sino del Íbex, de la patronal y de las derechas, como ya se demostró en los primeros meses de pandemia, cuando a Sánchez le costó sangre, sudor y lágrimas prorrogar los sucesivos estados de alarma y confinamiento. Ayer tuvimos una muestra más de esa actitud timorata y tibia del gabinete socialista/podemita cuando el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, portavoz sanitario del Gobierno, parecía querer darle un palito a AstraZeneca al anunciar que Moncloa está estudiando no aplicar su vacuna a los españoles mayores de 65 años. “Los ensayos clínicos no los ha realizado en personas mayores, con lo cual es muy posible que al no tener evidencia se recomiende para grupos más jóvenes que sí hayan formado parte de los ensayos”, comentó Simón. En esa misma línea se pronunció el pasado jueves el grupo de expertos que asesora al Gobierno alemán y que ha recomendado que la vacuna desarrollada por la compañía farmacéutica no se administre a los mayores por evidencia científica “insuficiente”.
En resumen, que además de piratas son chapuceros, cabría concluir sobre esos magnates británicos de la ciencia que anunciaron a bombo y platillo la eficacia de su descubrimiento cuando ahora se comprueba que el hallazgo no estaba a la altura de las expectativas. Un motivo más para recelar de AstraZeneca, una razón más para no poner la salud de los españoles en manos de unos especuladores de poco fiar y para que Sánchez actúe con contundencia al margen de la decisión que pueda tomar Bruselas. Por desgracia, al igual que ocurre con ese boxeador frágil que está siendo sometido a una buena tunda de otro más fuerte y que pretende colocarle a su rival algún pequeño golpe que no deja de ser una caricia para el más poderoso, el aviso del doctor Simón al gran bucanero inglés sonó pusilánime, apocado, un quiero y no puedo. Seguramente, a los magnates de AstraZeneca que España deje de administrar la polémica vacuna a una pequeña parte de su población, los mayores de 65 años, le inquietará más bien nada, de modo que la advertencia velada del Gobierno español ha debido provocar más de una carcajada en Cambridge, donde la flotilla de piratas farmacéuticos al servicio de Su Majestad tiene su base de operaciones y donde los rufianes siguen brindando con ron cada vez que las acciones en Bolsa del laboratorio pegan otro fuerte subidón.
No logro comprender esta sumisión a las transnacionales farmacéuticas. Y en mi opinión debemos extraer un aprendizaje: Es necesario y urgente crear farmacéuticas públicas españolas. También podríamos comprar las vacunas cubanas, que son de gran eficacia (tienen una larga tradición en fabricación de vacunas) y baratas. Sería un gesto de soberanía.