El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha sido el siguiente en declarar como testigo en el juicio del ‘procés’, que ha reanudado sus sesiones en el Tribunal Supremo hoy lunes. Su comparecencia es importante para saber quién diseñó el dispositivo policial que finalmente terminó con una carga desproporcionada contra los votantes el 1-O. “Yo coordiné esa tarea y esa responsabilidad de ordenar el trabajo pero conté con la colaboración del ministro, el de Interior, y otros”, ha reconocido Nieto.
De esta manera, el ex número 2 de Interior aporta una versión algo distinta a la que ofreció el ex ministro Juan Ignacio Zoido, quien la pasada semana declaró ante los magistrados del Supremo que no estaba al tanto del dispositivo policial desplegado aquel día, trasladando toda la responsabilidad de las cargas policiales a sus subordinados y a los mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial sobre el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, máximo responsable del plan.
Sobre el dispositivo de seguridad para el 1-O, Nieto asegura que “quien propone la decisión soy yo atendiendo a la información y las necesidades” que llegaban y a los recursos disponibles. Finalmente, el número de agentes desplegados en Cataluña fue de 6.000, aunque iba “oscilando”, recuerda el ex secretario de Estado. “Intervengo de una forma muy activa recibiendo información de los dos cuerpos, Policía y Guardia Civil, a partir de la instrucción número 2 del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para evitar el referéndum”, ha recalcado.
“Se había creado un clima, con esa realidad paralela sobre el choque de legalidades, por el que muchas personas pudieran ser parte de una estrategia que en lo mediático funcionó. La noticia fue que el hombre muerde al perro y no el perro al hombre, se le dio la vuelta a la realidad. Se llegó a un punto en que lo normal, que los policías actúen para evitar un delito, se viera como algo malo, y eso podía provocar un choque. Y a la vista de lo sucedido el 20-S entendimos que eso había que evitarlo”, ha alegado.
Sobre la manifestación multitudinaria que tuvo lugar el 20 de septiembre frente a la sede de la Conselleria de Hacienda, donde una comisión judicial registró los despachos oficiales en busca de pruebas sobre la preparación del referéndum, Nieto declara que “tuvo constancia de que los daños fueron muy serios. Todos los vehículos dañados no pudieron ser reutilizados porque el nivel de destrucción fue muy alto”. Una vez más, un alto cargo del Gobierno popular argumenta que hubo violencia en las protestas ciudadanas en Cataluña y por tanto rebelión. En este caso, la evidencia que aporta Nieto es que tres coches policiales quedaron inservibles a causa de los altercados y que algunos agentes sufrieron contusiones en los choques con los manifestantes, algo que sucede en no pocas protestas ciudadanas y huelgas generales.
Las pruebas que aporta el Gobierno Rajoy para probar la rebelión son ciertamente endebles. Si lo que tratan sus ministros y secretarios de Estado es equiparar lo que sucedió en Cataluña aquellos días con la única rebelión que efectivamente se ha producido en España desde la instauración de la democracia −el golpe militar armado y cruento de Tejero del año 81− la comparación no debería resistir un somero juicio penal de los magistrados del Tribunal Supremo. Por tanto, a medida que avanza el juicio del ‘proces’ va quedando claro que aquello no fue un golpe de Estado, por lo que va perdiendo fuerza la tesis de la rebelión. “Hubo agresiones a policías y guardias civiles. Un número importante de agentes recibieron golpes, les tiraron vallas, bancos, adoquines…”, se esfuerza por demostrar Nieto en su declaración ante la Sala del Alto Tribunal, pese a que reconoce que ninguno de los antidisturbios tuvo que pedir finalmente la baja laboral. “No hubo cargas policiales, no como las conocemos como tal. Sí que hubo empleo de la fuerza”, insiste.
“Pude comprobar cómo la situación se agravaba. Teníamos seria preocupación por el tumulto, que podía afectar a los guardias y a las personas del registro, teníamos preocupación por su seguridad”, ha añadido el ex secretario de Estado.
Nieto asegura que no conocía anticipadamente que se fueran a llevar a cabo aquellos registros, ya que dependían del juez, pero sí recibió información sobre la concentración posterior a las puertas de la Conselleria. “Desde la zona de la Guardia Civil en Cataluña se pidió apoyo a los Mossos y hubo respuestas contradictorias. Por parte de los Mossos se reprochaba a la Guardia Civil que no hubiera informado de esa operación. La Guardia Civil no podía informar a nadie porque actuaban por mandato judicial”, ha explicado.
“Después de ver cómo se habían atacado vehículos policiales y se impidió la salida de la comitiva judicial nos preocuparon las explicaciones de Forn”, argumenta Nieto, quien ha añadido que el ex conseller de Interior, uno de los 12 acusados en el Supremo, les mostró su “disconformidad” y que no reconocía la disposición legal que autorizaba el desplazamiento de efectivos policiales del Estado a Cataluña, ya que los Mossos eran suficientes para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia. Nieto ha mostrado su “sorpresa” porque Forn les dijera que no se habían producido concentraciones “tumultuosas” ante la sede de la Conselleria de Hacienda.
El fiscal Javier Zaragoza ha tratado de probar que hubo violencia y por tanto rebelión, pero el presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha tenido que recordarle que la interpretación de las imágenes de las cargas policiales registradas aquel día quedará a juicio del tribunal.
