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El Gobierno quiere castigar con hasta seis años de cárcel los incumplimientos reiterados de la legislación laboral

Yolanda Díaz asegura que el endurecimiento de la ley será para los incumplimientos reiterados

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz quiere castigar con hasta seis años de cárcel los incumplimientos reiterados de la legislación laboral. Para ello, el Gobierno quiere modificar el Código Penal.

Unidas Podemos y el PSOE quiere aprovechar la tramitación parlamentaria de la modificación exprés de la sedición. Ambos grupos han registrado este viernes una serie de enmiendas, entre ellas una para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional.

Incumplimientos reiterados de la legislación laboral

Con la modificación de la ley se quiere endurecer los delitos contra los derechos de los trabajadores, garantizando las huelgas, concentraciones y manifestaciones y castigar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos.

Patxi López ha tildado esta mañana de “simple y radicalmente antidemocrático” que Feijóo no cumpla la Constitución “porque no le gusta el Gobierno que democráticamente han elegido los ciudadanos y ciudadanas de este país” y asegura que “ante un PP antisistema, con nuestras enmiendas queremos garantizar por ley el mandato constitucional”.

Reformar el Código Penal

Los socios del Gobierno de coalición han acordado reformar el artículo 311 del Código Penal para poder actuar contra las empresas que incumplan reiteradamente la legislación laboral.

El nuevo texto, según publica el diario El País, las penas podrían ser desde seis meses a seis años para quienes “impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”. El cambio tendría efecto sobre plataformas digitales como Glovo, la compañía de reparto a domicilio que, ha decidido seguir operando con autónomos e incumplir reiteradamente la legislación laboral en vigor desde hace un año, la ‘ley rider’. Si continuara con sus infracciones, incurría en delitos administrativos, pero no penales.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, lleva meses trabajando en la nueva redacción de estas infracciones laborales reiteradas que ya están castigadas por ley, pero que consideran que no se adaptan a la realidad del mundo laboral actual.

Nuevas penas para los incumplimientos reiterados de la legislación laboral

El nuevo texto, según publica el diario El País, las penas podrían ser desde seis meses a seis años para quienes “impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”. Este cambio tendrá efecto, añade, sobre empresas como Glovo, la compañía de reparto a domicilio, que hasta ahora, al seguir operando con autónomos e incumplir la legislación en vigor desde hace un año (la llamada ley rider), incurría en delitos administrativos, pero no penales.

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha hecho eco de la noticia también a través de las redes sociales.

«La defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal. Modificaremos el artículo 311 para proteger a las trabajadoras y trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes.», ha escrito en Twitter. 

Según fuentes de Unidas Podemos, los dos grupos presentarán otra enmienda al artículo 557 bis para clarificar lo relacionado con las protestas callejeras y garantizar así el derecho a la manifestación pacífica, algo que había despertado dudas entre juristas y organizaciones civiles, que alertaban del riesgo de que con el nuevo delito de desórdenes públicos agravados se pudiese acabar criminalizando la movilización social.

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